Los policías de Santa Fe vienen protagonizando una serie de protestas y acuartelamientos en varios distritos de la provincia y le reclaman mejoras salariales al gobierno de Maximiliano Pullaro. Santa Fe no es la única provincia donde los efectivos están descontentos con sus salarios.
Los policías de Santa Fe protagonizaron durante los últimos días una serie de protestas y acuartelamientos en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales ante el gobierno de Maximiliano Pullaro.
Las manifestaciones, que incluyeron enfrentamientos internos entre efectivos y represión a familiares, dejaron en evidencia una profunda crisis en la fuerza provincial, pero Santa Fe no es la única provincia donde los uniformados están descontentos con sus sueldos.
Situaciones similares se registran en Entre Ríos, San Juan y Chaco, entre otros territorios, donde los agentes también denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Acuartelamientos y enfrentamientos en Santa Fe
Las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada en diversas localidades santafesinas, pero se intensificaron el lunes 9 de febrero cuando efectivos activos, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario y frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial.
Durante la protesta en Rosario se quemaron cubiertas sobre la avenida Ovidio Lagos. La situación escaló cuando las autoridades ordenaron el avance de grupos operativos para evitar el bloqueo del portón de ingreso y egreso de los móviles policiales.
El conflicto alcanzó su punto más crítico durante la madrugada del martes, cuando se ordenó la represión de los manifestantes. Según relató una agente policial, “por orden de la superioridad, (los policías que se manifestaban) fueron reprimidos por sus compañeros“.
Esto derivó en enfrentamientos entre los propios agentes, ya que efectivos que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que realizaban sus colegas y familiares. “Había familias, había criaturas, había jubilados. No era la forma”, sostuvo una agente que participó de la protesta en declaraciones a medios locales.
La uniformada explicó que “las que estábamos en primera fila éramos las mujeres y esta vez, por orden del jefe, (los efectivos) avanzaron” y “arrojaron gas pimienta”. También indicó que hubo policías que se negaron a reprimir a sus compañeros.
Las manifestaciones se replicaron en numerosas ciudades de la provincia: Reconquista, Vera, Rafaela, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier, Avellaneda, Esperanza, San Cristóbal, Coronda, San Justo, Tostado, Sastre, Melincué y Villa Constitución.
En la capital provincial, unos 60 efectivos de la Policía Motorizada, del Comando Radioeléctrico y de la Brigada de Orden Urbano fueron llevados hacia la División Judiciales de la Jefatura, donde se les retiraron las armas.
El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, respondió con dureza a las protestas. Calificó las acciones como “violentas y antijurídicas” provocadas por “intereses particulares y sectoriales”, y pasó a disponibilidad a 20 agentes involucrados en el abandono de servicio, con quite de arma reglamentaria, chaleco y credencial.
El funcionario admitió que unos 20 patrulleros sobre 80 del turno nocturno no salieron a la calle, aunque aseguró que “con esfuerzo” se mantuvo el patrullaje, negando que fuera un acuartelamiento. Cococcioni también impulsó denuncias penales en fiscalía por el perjuicio causado a la comunidad.
“Esperamos que haga reflexionar al resto del personal policial“, advirtió el ministro en conferencia de prensa, diferenciando los reclamos legítimos de aumento y bienestar policial de las acciones que consideró ilegítimas.
Sin embargo, las medidas disciplinarias no lograron desactivar la protesta, que continuó con “sirenazos” frente a la Jefatura de Rosario. “No nos vamos a ir, nos vamos a quedar hasta que esto se resuelva”, afirmó un manifestante.
¿Qué reclaman los efectivos de Santa Fe?
Los efectivos santafesinos denuncian que sus salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Una agente policial, que prefirió no dar su nombre, detalló en diálogo con C5N las condiciones laborales que enfrentan.
“El ministro nos llamó marginales y la verdad es que le tendríamos que dar la razón. Somos marginados del sueldo, marginados de una política y una ayuda en la salud mental que estamos pasando muchos compañeros dadas las condiciones de todo, tanto edilicias como de viaje”, subrayó.
La uniformada explicó que cobrar entre el 25 y el 50% de 900.000 pesos para sobrevivir mientras están con el arma y chaleco retirados “condiciona también a la salud mental“. Además, denunció que los últimos incrementos fueron del 1% por mes y que debe realizar adicionales y trabajar con apenas “24 horas semanales de descanso” para poder reunir un monto suficiente.
Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol), los reclamos incluyen “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables”. También solicitan la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de destino ni jerarquía.
Un tema central es la salud mental de los efectivos. El conflicto se agravó tras el suicidio de un suboficial en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario el sábado previo a las protestas. Este agente, oriundo de Vera (a 450 kilómetros de Rosario), había sido trasladado y estaba con carpeta médica.
Un uniformado entrevistado por C5N reveló que “el viernes mismo tuvimos una tentativa suicida de una compañera. Intentó quitarse la vida dos veces en la misma tarde. Así se vive en la Policía hoy”.
Los manifestantes reclaman “una contención psicológica acorde a lo que estamos viviendo ahora” y denuncian que el estrés laboral se agrava por las jornadas extenuantes y los traslados. “Verdaderamente, muchos compañeros hacen hasta 600 km en sus 36 horas de franco“, señaló la agente entrevistada.
Gabriel Sarla, expolicía y abogado de los manifestantes, calificó el reclamo como “completamente legítimo” y criticó las sanciones impuestas. “Yo veo personal de calle, de comando, de motos, de varias áreas. Policías retirados, muchas familias con sus hijos. No veo ni marginales ni drogadictos ni fuera de la ley. Creo que es una forma de despistar a la ciudadanía en cuanto a lo que es un reclamo justo”, manifestó.
Sarla también señaló que la semana pasada se otorgó un suplemento que no abarca a toda la policía provincial. “Es una suma no remunerativa, por ende no va a impactar en el recibo de sueldo, y deja afuera un montón de personal policial y a personal policial retirado”, explicó.
Las mejoras económicas anunciadas alcanzan a un 40% de la fuerza, que es la que realiza prestaciones operativas de seguridad en calle, pero no al resto del personal. Un oficial con veinte años de servicio explicó por qué las medidas del gobierno no satisfacen:
“Todos se dieron cuenta de que esto fue maquillaje. Un policía está en el Comando y tiene los plus que prometieron. Pero el mes que viene lo cambian de destino a una comisaría y vuelve a cobrar el sueldo pelado. El plus es eso, no es aumento de básico, no impacta en el salario. Esto a los policías que tienen que viajar seis o siete horas ida y vuelta hacia sus destinos no les resuelve gran cosa”.
El gobernador Pullaro anunció una bonificación de 500.000 pesos para efectivos que patrullen en ciudades principales como Rosario y Santa Fe, más 200.000 pesos adicionales para conductores de patrulleros. También se evalúa un régimen similar al de las fuerzas federales, cubriendo alojamiento en hoteles para policías de zonas alejadas.
La situación en otras provincias
El malestar policial no se limita a Santa Fe. En Entre Ríos policías anunciaron una manifestación pacífica para marzo “en Memoria de los que ya no están y por condiciones dignas de trabajo para quienes siguen cuidando de todos“. La concentración será el 14 de marzo en la plaza de Casa de Gobierno entrerriana.
En San Juan, el Sindicato de Empleados Públicos presentó un pedido formal al gobernador Marcelo Orrego para actualizar los salarios del personal de las fuerzas de seguridad.
El documento, firmado por el secretario general José Alberto Díaz, solicita una revisión salarial para 2026 debido a la importante pérdida de poder adquisitivo. Se propone una recomposición del 100% durante el próximo año, dividida en dos tramos del 50% cada uno.
El sindicato destacó que el ingreso mensual promedio ronda los 700.000 pesos, cifra insuficiente para afrontar el costo de vida actual, y advirtió que depender de pagos adicionales no es viable porque afecta el descanso y la vida familiar.
También señalaron los riesgos físicos y mentales que enfrentan estos trabajadores y las críticas sobre los retrasos en el pago de adicionales, que en algunos casos se extienden por varios meses.
En Chaco, el gobierno de Leandro Zdero ratificó que los trabajadores estatales tendrán este año un aumento salarial del 10,1%, pero evitó precisar cómo se aplicará. La falta de definiciones concretas sobre fechas, tramos y porcentajes reales alimenta el malestar en el sector público chaqueño, anticipando nuevas tensiones con los gremios.
“El presupuesto contempló en la partida personal la variable macroeconómica que era el incremento del 10,1% que es del IPC. Eso fue lo que se contempló en materia salarial. Tenemos que ver cómo lo distribuimos”, señaló El ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam.
El funcionario aclaró que cualquier mejora extra quedará supeditada a la recaudación: “Yo no digo que ese va a ser el único incremento porque esto va a depender de los recursos. Si los recursos comienzan a crecer y contamos con mayores recursos, seguramente podemos analizar otras posibilidades”.
