La Cámara Alta le dio media sanción en noviembre a la reforma del Ministerio Público Fiscal, pero en en Diputados faltan votos para darle la sanción definitiva. En consecuencia, y ante la inacción del Ejecutivo en el frente judicial, desde el kirchnerismo analizan iniciar un jury de enjuiciamiento al Procurador General interino, Eduardo Casal.
La iniciativa legislativa fue promovida por el kirchnerismo pero en la cámara baja no alcanza los votos necesarios para su aprobación, entre otras razones por la reticencia de los bloques de diputados que responden a Roberto Lavagna y a Juan Schiaretti. Desde estos sectores manifiestan que “no es el momento de plantear” ningún tipo de modificación que implique al Poder Judicial.
Sin estos votos, en el Frente de Todos sacan números y calculan unas 122 voluntades a favor, 7 menos de las necesarias para avanzar con la iniciativa. En consecuencia seguirán en búsqueda de aliados para la votación, y si esto no prospera, la ley se aprobará aunque recién después de diciembre tras el recambio de legisladores.
La situación del “interino” Eduardo Casal
Eduardo Casal se encuentra como interino desde 2017 promovido por Mauricio Macri. Ya lleva 4 años en el cargo, por lo que es “interino” sólo en los papeles.
En caso de sancionarse la Reforma del Ministerio Público Fiscal, podría ser reemplazado por un fiscal con 10 años de antigüedad por un lapso de un mes. Tras ello, el Senado deberá votar un sucesor definitivo con mayoría absoluta, y no con dos tercios como dicta la normativa vigente. Así, con los votos del Frente de Todos alcanzaría y sobraría.
Por su parte, Alberto Fernández propuso a Daniel Rafecas para el cargo de Procurador General, pero el pliego nunca se trató porque Juntos por el Cambio anticipó su rechazo. Con la normativa actual, la designación supone dos tercios del Senado, y aunque el Frente de Todos está cerca de ese número, con la actual composición, Cambiemos tiene poder de veto y obstrucción.
Como si fuera poco, el mismo Rafecas se opone a la reforma que cuenta con media sanción y adelantó que de sancionarse no estaría dispuesto a asumir como Procurador General debido al “recorte de funciones”.
No obstante, el proyecto de ley sólo limita la extensión de su cargo, que pasa de ser vitalicia a durar un mandato de 5 años con una posibilidad de ser reelecto, siempre por la mayoría absoluta de la Cámara Alta. Además, estaría obligado a exponer anualmente su plan de criminalidad.
Además, la Comisión de Acuerdos nunca trató su pliego y tampoco lo hará en febrero, ya que no se encuentra entre el temario para las sesiones extraordinadiras.
En consecuencia, Casal seguirá en el cargo unos meses más funcionando como parte del armado opositor en un contexto político signado por el lawfare.
¿Jury de enjuiciamiento para Eduardo Casal?
Eduardo Casal es recordado por el blindaje judicial que le brindó al fiscal general Carlos Stornelli, permitiéndole mantenerse durante meses en rebeldía, desobedeciendo las sucesivas convocatorias a declaración indagatoria por parte del juez federal Alejo Ramos Padilla.
No se trata de poca cosa, porque hoy Stornelli se encuentra procesado en un caso de espionaje ilegal con ramificaciones que llegan hasta Patricia Bullrich y otros exfuncionarios y legisladores del gobierno de Mauricio Macri.
En ese contexto, Casal protegió al fiscal Carlos Stornelli frenando su juicio político, demorando el envío del expediente correspondiente al jury de enjuiciamiento, sin antes modificar su composición para asegurarse la mayoría y un fallo a medida.
En consecuencia, los legisladores que promueven el fin del interinato de Casal reclaman que se sorteen nuevamente los dos fiscales que integran el jury. También que se retire Natalia Donado, representante del Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
En la última reunión de la Bicameral de Seguimiento Público, el diputado Rodolfo Tailhade planteó que Donato no puede representar a sus colegas por tener la matrícula vigente, algo que se desprende de su condición de representante de un Colegio de Abogados.
Sucede que Donato es también funcionaria en la Procuración porteña, encabezada por Juan Bautista Mahiques, otro de los artífices del lawfare en Argentina. El argumento del kirchnerismo es que si la matrícula de Donato estuviera vigente, no podría ser funcionaria judicial.
A todo esto, la senadora María de los Ángeles Sacnun pidió que se revise las decisiones que tomó Donato en su condición actual. Por ahora el debate continuará, pero está claro que hay voluntad por parte del kirchnerismo de apurar la tardía salida del interino Casal.
