El show judicial continúa: Ahora la Justicia ordenó reabrir una causa contra CFK por enriquecimiento ilícito

Cristina Kirchner en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, foto de elagora.digital

La Cámara Federal porteña decidió reabrir la causa por el patrimonio de Cristina Kirchner poco después de que la Corte Suprema decidiera que debe ir a juicio oral por el Memorándum con Irán, en una seguidilla de fallos judiciales que coinciden con el comienzo de un año electoral.

Los jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py decidieron revocar el archivo de una denuncia por supuestas inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Fernández de Kirchner, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner.

La investigación había sido cerrada por el juez Julián Ercolini luego de que tanto él como el fiscal Gerardo Pollicita consideraran que se trataba de detalles y errores menores que no implicaban un delito.

Sin embargo, la Unidad de Información Financiera, el organismo querellante que responde al Gobierno Nacional, aseguró que no se trató de un error y apeló la decisión. Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron reactivar la investigación y pidieron que se realice un nuevo peritaje contable.

Entre tanto, el camarista Mariano Llorens se expresó en minoría, y aseguró que existe suficiente evidencia para llamar a la expresidenta a indagatoria por enriquecimiento ilícito y que la causa debe analizarse en el contexto de otras investigaciones en curso contra Kirchner.

La decisión se da en el marco de una seguidilla de fallos judiciales en torno a las causas de la Expresidenta, que incluyen la reciente decisión de ratificar la condena en el marco de la Causa Vialidad, la orden de la Corte Suprema para que Kirchner vaya a juicio oral por el Memorándum con Irán y el sobreseimiento de la titular del PJ en la causa Dólar Futuro.

Sobre la condena, cabe señalar que implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una virtual proscripción contra la Expresidenta, que sin embargo puede apelar la decisión ante la Corte Suprema antes de que la condena sea efectiva.

Casualmente, el PRO había intentado impulsar recientemente en el Congreso el proyecto de Ficha Limpia, con el que se proponía justamente inhabilitar a quienes tengan condenas en segunda instancia, una iniciativa que parecía directamente ligada a su situación judicial.

Por otro lado, la elevación a juicio oral en la causa por el Memorándum con Irán y la reapertura de la investigación patrimonial coinciden con la entrada en un año electoral, en un año en el que el Gobierno de Javier Milei busca ampliar sus números en el Congreso a través de las elecciones legislativas y profundiza su confrontación con la titular del PJ.

La investigación por el patrimonio de CFK

La causa surgió a partir de una denuncia contra la Expresidenta realizada en 2016, que aseguró que había inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Kirchner entre 2010 y 2014, en el periodo posterior a la muerte de Néstor Kirchner.

En este contexto, se la acusó por la errónea exteriorización” de un terreno en El Calafate y la omisión de declarar plazos fijos y depósitos en dólares, así como la “omisión de bienes en la herencia” del fallecido expresidente.

Sin embargo, el 5 de junio Ercoline archivó la denuncia por pedido del fiscal Pollicita. Según explicaron, la Expresidenta “había exteriorizado su evolución patrimonial ante los organismos de control a partir del fallecimiento de su cónyuge”, por lo que no había delito, sino un error.

Poco después, la Unidad de Información Financiera rechazó esta postura y apeló el fallo asegurando que ella “tenía motivos para ocultar o sustraer determinados aspectos de su situación económica, lo que se veía convalidado con el incremento de su patrimonio”.

El planteo fue rechazado por la defensa de Kirchner, cuyos abogados remarcaron que la querella no había refutado los argumentos iniciales de la fiscalía ni había presentado razones (más que una sospecha) para justificar que los datos fueron consignados de forma maliciosa.

Sin embargo, la Cámara Federal le dio la derecha al organismo querellante del Gobierno Nacional. Bruglia y Bertuzzi aseguraron que había que profundizar la investigación y dispusieron hacer un peritaje contable.

“Dado que […] estamos limitados por la falta de voluntad recursiva, es importante resaltar que la homologación del archivo en relación con dicho delito no tiene carácter definitivo“, explicaron en el fallo.

Entre tanto, Llorens fue más lejos e indicó que las inconsistencias no resultaban “un hecho aislado”, sino que se enmarcan “dentro de un escenario más amplio, que involucra -o debería involucrar- una diversidad de causas de índole patrimonial que se tramitan en su contra”.

En este contexto, enfatizó que “las investigaciones seguidas en contra de la encausada que se encuentran conectadas objetivamente y subjetivamente con la generación del enriquecimiento ilícito“, y aseguró que Kirchner y su familia “fueron parte sustancial de estas maniobras investigadas” en la causas Hotesur, Los Sauces y Cuadernos, entre otras.

En ellas, “el objeto procesal está conformado por maniobras delictivas tendientes a la generación de dinero ilícito y otras vinculadas con el blanqueamiento de esos fondos”, indicó, por lo que:

“Los hechos que motivaron la formación de esta causa, relacionados con el incremento patrimonial de una funcionaria pública y la exteriorización de su patrimonio, no pueden examinarse en forma separada de aquellas, porque todas se encuentran lógicamente vinculadas”.

Causa por el Memorándum con Irán

En cuanto a la Causa por el Memorándum con Irán, ésta gira en torno al acuerdo que se intentó firmar entre ambos países para lograr que los acusados en la Causa por el atentado contra la AMIA declararan ante el juez argentino, bajo la condición de que las indagatorias se tomarían en Teherán y supervisadas por una comisión internacional.

El acuerdo nunca se hizo efectivo, ya que debía ser aprobado en los Congresos de ambos países, pero solo recibió el apoyo de los legisladores argentinos. Además, la justicia argentina lo declaró inconstitucional.

Sin embargo, el fiscal Alberto Nisman impulsó una denuncia contra la entonces Presidenta en 2015, que inicialmente fue rechazada por la justicia pero que se reactivó a partir ve maniobras del Juez Claudio Bonadío y el aparato judicial del macrismo.

Ante la situación, Kirchner acudió a la Corte Suprema el 3 de noviembre de 2023 y ahora el máximo tribunal votó de forma unánime a favor de dejar el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda apelaron al artículo 280 para decidir si participan de la causa.

Decidieron no participar, dejando firme lo resuelto por el tribunal inferior, que en 2023 -integrado por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña– había revocado el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral número 8.

De esta forma, la corte rechazó por unanimidad las apelaciones presentadas por las defensas de Kirchner, Angelina Abbona, Carlos Zannini y Juan Martín Mena, al ratificar la revocatoria de sus sobreseimientos y ordenar la continuidad de las actuaciones judiciales.

Causa Dólar Futuro

En otro fallo unánime, e invocando el mismo artículo para no entrar en la cuestión de fondo, la Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Cristina Kirchner, el Gobernador y Exministro de Economía Axel Kicillof y los expresidentes del Banco Central Miguel Ángel Pesce y Alejandro Vanoli, entre otros, por la causa “Dólar Futuro”.

Se trata de otra causa que tuvo a cargo Bonadio y que parte de una denuncia presentada en 2015 por Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR). En su acusación, aseguraban que el Banco Central había realizado operaciones en el mercado de dólar que supuestamente eran perjudiciales para el Estado. Por esto, Bonadio los procesó en 2016.

En 2021, la Sala I de la Cámara federal de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, sobreseyó a los 13 acusados al verificar que el accionar obedeció a una política económica utilizada usualmente para evitar disparadas del dólar o corridas cambiarias en el marco de la transición de gobiernos.

De esta forma puso fin a un proceso judicial que fue calificado como “absurdo” tanto por parte de los implicados como los especialistas en economía, pero que quedó disimulado con la decisión en las otras dos causas.

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