La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del gobierno de Javier Milei y confirmó la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario votada por el Congreso, calificando los argumentos del Poder Ejecutivo como “poco serios”.
La medida remarca que el Gobierno Nacional debe cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que incluyen la actualización de los salarios tanto de docentes como no docentes de las casas de altos estudios, abarcando el periodo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025 (cuando se sancionó la ley) y recomponer los programas de becas.
En sus argumentos, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán expresaron que los argumentos de Milei para no cumplir con la ley son “poco serios”, particularmente en el punto en el que objetan que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.
Por otro lado, señalaron que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público, remarcando además que estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.
En el caso de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur (UNS) ya lleva varias semanas de medidas de fuerza y actividades de visibilización. Desde SUDUNS y FEDUN celebraron el fallo, aunque advirtieron que aún resta verificar la aplicación de la ley por parte del gobierno.
En este contexto, los distintos equipos de conducción convocan a toda la comunidad universitaria a concentrarse este 1 de abril a las 18:45 horas en las escalinatas del Rectorado UNS, Av. Colón 80.
Ahí será el punto de encuentro para ingresar juntos a la sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria, donde se pondrá a consideración el reclamo al Gobierno Nacional para que aplique de inmediato y plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.
Los fundamentos del fallo a favor de la ley
El tribunal analizó el recorrido legislativo de la norma y determinó que el Congreso agotó el procedimiento constitucional, por lo que la ley debía ser aplicada sin dilaciones. Los camaristas cuestionaron la postura oficial de subordinar una norma vigente a disposiciones presupuestarias anteriores.
“¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?”, plantearon. Según el fallo, la respuesta es negativa, en línea con la doctrina de la Corte Suprema sobre jerarquía normativa.
Respecto a los posibles daños por la demora, los jueces consideraron acreditado el riesgo de perjuicios irreparables, al tratarse de derechos de carácter alimentario vinculados a salarios y becas.
El tribunal recordó que “la propia ley 27.795 y el decreto impugnado dan cuenta del deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado”.
En cuanto al argumento fiscal esgrimido por el Gobierno, la Cámara sostuvo que el costo estimado representa el 0,23% del PBI, una proporción que no justifica la suspensión de la norma. Los magistrados subrayaron que “no se observaba una afectación al interés público“, sino que, por el contrario, estaba en juego “el derecho a enseñar y aprender”.
Además, rechazaron que la cautelar implique una sentencia definitiva encubierta, aclarando que la medida se limita a aspectos puntuales (salarios y becas) sin agotar el objeto del proceso principal.
La Justicia ordenó al Gobierno de Milei actualizar salarios docentes y becas universitarias
Cronología de la pelea de Milei con el Congreso
La disputa se originó en el marco del ajuste fiscal implementado por el gobierno de Javier Milei durante 2024, que -cabe aclarar- se extendió también durante 2025 y promete profundizarse aún más en 2026 si se tiene en cuenta el Presupuesto 2026.
En ese contexto, el año pasado el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario para garantizar la actualización automática de presupuestos y la recomposición salarial del sector.
El presidente vetó la norma, pero ambas cámaras rechazaron el veto con dos tercios de los votos, procedimiento que convirtió al proyecto en ley firme según el artículo 83 de la Constitución.
Pese a ello, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025 condicionando su ejecución a la asignación de recursos específicos en el Presupuesto, decisión que el Consejo Interuniversitario Nacional y más de 40 universidades públicas impugnaron judicialmente.
El juez federal Enrique Cormick ordenó en diciembre de 2025 la aplicación inmediata de los artículos referidos a salarios y becas. El Gobierno apeló la medida, pero la Cámara confirmó ahora la decisión de primera instancia, manteniendo la obligación de cumplir con la norma mientras se resuelve el fondo del caso.
Javier Milei se niega a aplicar las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario
Paros y protestas frente al ajuste de Milei
En paralelo al recorrido judicial, el conflicto se expresó en las calles y en las aulas. Durante 2024 y 2025, trabajadores y estudiantes de universidades públicas realizaron paros y movilizaciones en reclamo de recomposición salarial y presupuesto.
La Marcha Federal de octubre de 2024 y la protesta del 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha” congregaron a cientos de miles de personas en Buenos Aires y todas las provincias del país, particularmente en las ciudades con universidades nacionales.
Las medidas de fuerza se intensificaron en las semanas previas al fallo, con un paro nacional universitario de tres semanas que afectó a varias casas de altos estudios del país, alertando que las casas de altos estudios están transitando una situación límite.
Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional remarcaron que la aplicación de la ley permitiría garantizar las funciones de docencia, investigación y extensión en todo el sistema universitario nacional.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se indicó que se busca elaborar una nueva norma que modifique el esquema financiero actual, aunque con una propuesta notablemente menor a la reclamada. El objetivo de Milei era sancionar la nueva norma para poder ignorar la anterior.
“No se descartan las medidas de visibilización”
Alejandro Bucciarelli, Secretario General del Sindicato Unido Docente de la Universidad Nacional del Sur (SUDUNS), se refirió al fallo en diálogo con El Ágora Digital y destacó varios aspectos que consideró centrales de la resolución judicial.
El también subsecretario de Formación Profesional de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) remarcó que la decisión va más allá de la simple orden de cumplimiento: según explicó, la Cámara establece que los aumentos salariales:
“Deben ajustarse a la inflación y ser remunerativos, incorporando además cualquier suma que hasta ahora no formaba parte del salario básico”.
En ese sentido, el Ejecutivo está obligado a convocar paritarias periódicas para garantizar que los salarios se mantengan actualizados. También subrayó que uno de los puntos clave del argumento jurídico: “La Cámara desarticula el argumento central del Poder Ejecutivo que decía que la Ley 27.795 no podía aplicarse por la Ley 24.629 y la falta de fuente de financiamiento”.
Esto se debe a que deja en claro que “el Congreso puede dictar una ley posterior que modifique o derogue los efectos de una ley anterior“, respaldándose en jurisprudencia de la Corte Suprema. Esto implica, según el dirigente, que el Ejecutivo no puede suspender la vigencia de la 27.795 basándose en una norma preexistente de igual jerarquía.
Bucciarelli también hizo hincapié en el capítulo del fallo referido a las becas estudiantiles, señalando que la Cámara deja en claro que su actualización “es urgente y prioritaria” y que “no se trata de gastos nuevos sino de ajustes necesarios” para mantener los derechos de estudiantes y trabajadores frente a la inflación.
En esa línea, el Secretario de Ciencia y Tecnología de la CGT Regional Bahía Blanca remarcó que el tribunal consideró que “proteger la educación pública es un interés esencial del Estado y que el gasto que representa es mínimo frente al presupuesto total”.
E indicó además que el fallo rechazó las recusaciones y cuestionamientos a los jueces intervinientes, reafirmando que “la medida cautelar no es innovativa ni excede la ley, sino que busca garantizar el cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y proteger derechos básicos, especialmente en un contexto de urgencia alimentaria y educativa”.
Respecto a los pasos a seguir desde la conducción sindical, el profesor advirtió que “no se descartan las medidas que venimos sosteniendo de visibilización” y que desde SUDUNS-FEDUN seguirán “atentos a los avances en el cumplimiento”.
Por último, el dirigente convocó a la comunidad universitaria a participar de la sesión de la Asamblea Universitaria en el Rectorado de la UNS, ubicado en Av. Colón 80, donde se pondrá a consideración el reclamo al Gobierno Nacional para que aplique de inmediato y plenamente la Ley de Financiamiento Universitario.
“Desde los distintos espacios de representación sindical y los equipos estudiantiles de la UNS, sabemos que cada voz, cada presencia y cada acción son decisivas para defender la universidad pública, los salarios, el financiamiento y los derechos de quienes construimos la educación superior”, comentó, Bucciarelli, y completó:
“Participar no es solo un acto de presencia: es reafirmar nuestro compromiso con el futuro de la universidad y del país, y construir juntos una institución fuerte, inclusiva y justa, que siga siendo un espacio de conocimiento, oportunidades y poder ciudadano”.
