La Justicia federal intimó al Gobierno de Javier Milei tras considerar que no está cumpliendo la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de financiamiento Universitario, y le dio un plazo de 5 días para avanzar con la actualización salarial y la recomposición de becas estudiantiles.
La Justicia federal intimó al Gobierno de Javier Milei a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias en caso de persistir el incumplimiento.
La resolución lleva la firma del juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, y fue dictada el martes 22 de septiembre en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones.
En el escrito, el magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme”, por lo que decidió “intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora“.
Las astreintes son sanciones económicas que un juez puede imponer a la parte que no acata una orden judicial, y en este caso se aplicarían por cada jornada que transcurra sin cumplimiento una vez vencido el plazo fijado.
La medida cautelar en cuestión alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que disponen la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
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Las maniobras de Milei para esquivar la ley
La disputa judicial se remonta a fines del año pasado, cuando las universidades nucleadas en el CIN presentaron un amparo colectivo para reclamar la aplicación de la ley. El planteo también persigue que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, a través del cual Milei condicionó la vigencia de la ley a la existencia de fuentes de financiamiento específicas.
El 23 de diciembre de 2025, Cormick hizo lugar al pedido y dictó la medida cautelar. Esa decisión fue confirmada luego por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y, el 25 de junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno al entender que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
En medio de ese proceso, el 10 de junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes firmaron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para incrementar un 24,33% la masa salarial, actualizar un 20% los gastos de funcionamiento y actualizar un 50% las Becas Manuel Belgrano.
Con ese acuerdo como respaldo, el Gobierno solicitó que se levantara la cautelar, pero el 1 de septiembre Cormick rechazó el pedido.
El juez consideró que el Estado no había logrado demostrar que esos compromisos hubieran revertido los perjuicios que dieron origen a la medida, y remarcó que no existía “una definición efectiva y final” sobre la pérdida salarial acumulada.
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Rumbo a la Quinta Marcha Federal Universitaria
La resolución de esta semana se conoce en un contexto de tensión creciente. El 17 de septiembre fracasó una nueva reunión paritaria, en la que la Secretaría de Educación ofreció un incremento de apenas el 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que los gremios tildaron de “vergonzosa“, considerando que el rezago salarial acumulado asciende al 31%.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano había presentado un escrito judicial en el que sostuvo que los salarios docentes aumentaron un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de este año, cifra inflada por el oficialismo que el CIN cuestionó por considerar que no reflejaba la totalidad de las obligaciones de la ley.
Tras el fracaso de la última negociación paritaria, los gremios profundizaron las medidas de fuerza. Esto derivó en los paros del 18 y el 22 de septiembre, y la propuesta de realizar paros escalonados hasta que se lleve adelante la Quinta Marcha Federal Universitaria.
El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, señaló: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir”.
Por su parte, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del CIN, consideró: “Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde“.
Con esta situación como telón de fondo, el 15 de octubre tendrá lugar la marcha universitaria, que en CABA se llevará adelante frente al Palacio de Tribunales. Es la segunda marcha del año, en reclamo del cumplimiento de la ley y de una recomposición salarial para el sector docente y no docente.
