La defensa de uno de los acusados en la causa “Vialidad” aseguró que la fiscalía “violó la Constitución” al volver acusar sobre hechos ya juzgados, en un proceso en el que la justicia santacruceña dictaminó años atrás que no hubo hechos de corrupción en la obra pública en esa provincia entre los años investigados. Revelando así que los fiscales Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente.
Mariano Fragueiro Frías, abogado del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, inició este lunes la ronda de alegatos finales de las defensas en la llamada causa Vialidad, reclamó la absolución de su cliente.
Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, defensores de Garro, iniciaron el alegato condenando el intento de asesinato contra Cristina Kirchner.
Luciani y Mola no leyeron el expediente
El alegato de la defensa dejó en claro que Luciani y Mola ni siquiera leyeron bien el expediente y las imputaciones. Por ejemplo, acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro fue financiada por el Estado nacional.
O sea, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales.
El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.
“Intentaron convertirse en adalides de la corrupción“, expresó Frías sobre la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, pero, en realidad -advirtió- hubo “violación de garantías constitucionales, de debido proceso y al derecho de defensa en juicio“.
Además, Frías remarcó:
“Tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción que invocan no se hace cometiendo atropellos y avasallamiento de las constituciones provinciales, ni las normas constitucionales. Se afectó el federalismo; eso no está bien”.
Fragueiro Frías insistió ante los jueces que la causa Vialidad “es cosa juzgada” porque ya hubo un expediente en Santa Cruz que evaluó las mismas obras y fue cerrado.
“Se juzgó en los tribunales locales y lo más grave es la interferencia en los gobiernos locales, en la Constitución de la provincia de Santa Cruz, se genera un daño irreparable al sistema federal”, argumentó el abogado, para quien la fiscalía “violó la Constitución“.
Fragueiro Frías apuntó también que su defendido “era un funcionario local de Santa Cruz” y la provincia “se regía por la Constitución local“.
El acusado presidió Vialidad provincial por seis meses, entre 2005 y 2006, y las obras de ese período por las que fue acusado “están todas en el Presupuesto provincial y el Tribunal de cuentas de la provincia intervino y aprobó la inversión de los fondos“, según detalló el defensor.
Los defensores de Garro aseguró que los fiscales Luciani y Mola hicieron abuso de “falacias circulares” al “afirmar cuestiones que son absolutamente inexistentes y que de ningún modo pueden alcanzar a nuestro defendido“.
Entre los argumentos que demolieron la acusación de la fiscalía, la defensa de Garro relató una anécdota que ocurrió cuando declaró el denunciante de la causa Vialidad, el exinterventor de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos: Javier Iguacel.
La defensa le preguntó en su momento al denunciante sobre la imputación contra Garro. “¿Garro? No recuerdo ni su nombre” contestó Iguacel. Es decir que los fiscales acusaron a un hombre sobre el que el propio denunciante no tenía ni idea.
Otra cuestión elemental es que los fiscales dijeron que Garro autorizó ampliaciones de presupuesto para hacer canteras de las que extraer el material de las obras y luego hacer un buen tratamiento de esos lugares. La defensa mostró que todo eso se hizo después que Garro dejara el cargo y se hizo bien. Y surgía de una simple lectura de los expedientes.
Fragueiro y Salvarezza describieron una por una las nueve obras que -según los fiscales- fueron licitadas durante los apenas seis meses -de octubre de 2005 a marzo de 2006- en que Garro estuvo en su cargo y que, supuestamente, beneficiaron a Lázaro Báez.
En verdad, el funcionario apenas tuvo participación en la obra de una de esas rutas y en part de una segunda. Pero, además, de las nueve mencionadas por los fiscales, dos de las obras fueron adjudicadas a Adelmo Biancalani e Hijos, cuando la firma no era de Báez, y a Kank & Costilla, cuando tampoco era de Báez. En ese momento eran competidores.
Luciani y Mola, sin presencialidad
A diferencia del alegato de los fiscales Luciani y Mola, el abogado y Garro acudieron en persona a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde estuvieron también los jueces del TOF2 Jorge Gorini, Andrès Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, el juez que jugaba al fútbol en el equipo “Liverpool“.
El defensor había pedido la presencia en la sala también de los dos fiscales de juicio, Luciani y Mola, pero ambos optaron por seguir su alegato conectados de manera virtual desde sus respectivos despachos en el mismo edificio judicial.
¿Cuando es el turno de la defensa de CFK?
La defensa de la Vicepresidenta, también acusada en el juicio, a cargo de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, está sexta en la lista elaborada por el Tribunal para el orden de las exposiciones.
Tanto ella como los restantes acusados podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py, en el juicio que se realiza de manera virtual, con las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.
