La Justicia procesó al exdiputado libertario José Luis Espert, estableció un embargo por mil millones de pesos y le prohibió salir del país, en el marco de la investigación por sus vínculos con Fred Machado.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli dispuso el procesamiento por lavado de activos del exdiputado libertario José Luis Espert. La resolución incluye un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes y la prohibición de salir del país.
El expediente se centra en USD 200.000 que recibió en 2020, enviados desde una empresa de Guatemala vinculada a Federico “Fred” Machado. La hipótesis de la fiscalía, que ahora respalda el juez, sostiene que el dinero tenía origen ilícito y que el contrato de consultoría que lo justificaba habría sido simulado para darle apariencia legal.
Los investigadores sospechan que parte de los fondos se usó para comprar los vehículos de alta gama que adquirió el diputado y para constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.
Machado fue declarado culpable a principios de agosto por el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas por conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico. Había sido financista de la campaña presidencial de Espert en 2019.
El empresario aportó además un avión privado usado en más de 30 vuelos, y apoyo para la presentación de un libro del economista, a quien le brindó también un vehículo blindado. Pese a la situación, el presidente Javier Milei venía defendiendo al economista, asegurando que es “honesto”.
A mediados de este año, aseguró que su excandidato fue víctima de una “operación política y mediática”. Luego, aseguró que Espert fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” y utilizó el caso para redoblar sus ataques contra periodistas y dirigentes políticos. “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”, había escrito en redes el Presidente.
La medida alcanzó también al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, procesado como partícipe necesario y con un embargo de $700 millones. A la sociedad familiar Varianza SA le fijaron un embargo de $500 millones.
La decisión se conoció después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara los planteos de nulidad de la defensa. Los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones entendieron que no se acreditó un perjuicio concreto que justificara invalidar las actuaciones cuestionadas.
La causa continuará para determinar el origen y el destino de los fondos y el grado de participación de cada imputado.
