Javier Alfredo Iguacel, nacido el 16 de octubre de 1974, estudió ingeniería en petróleo en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
En 1997 comenzó a trabajar en la empresa YPF pero cuando en 1999 la petrolera anunció que iba a ser vendida a la española Repsol, decidió renunciar.
En el ámbito privado trabajó para varias petroleras, como Pecom Energía y Pluspetrol. Esta última empresa es a la que Iguacel renunció al puesto de vicepresidente para dedicarse a la política.
En 2015 buscó sin éxito convertirse en Intendente de Capitán Sarmiento, en la Provincia de Buenos Aires. Se había presentado junto a Cambiemos.
En 2016 el entonces Presidente Mauricio Macri lo nombró como director de Vialidad Nacional. Fue Iguacel el designado por el macrismo para revivir la causa por la obra pública en la provincia de Santa Cruz (también conocida como "Vialidad"), que terminó con el procesamiento, elevación a juicio y condena contra la Expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En 2018, tras un cambio ministerial, Iguacel cambió de cargo, pasando de Vialidad al Ministerio (luego Secretaría) de Energía.
En su paso por Vialidad Nacional, fue denunciado por nombrar en la gerencia de “Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial” a un ciudadano estadounidense que no contaba con un título profesional de ingeniero.
También fue criticado por haber utilizado fondos públicos por 25 mil pesos mensuales en un curso para mejorar su oratoria, y por poseer 2 millones de pesos en sociedades offshore, figurando en el escándalo de los Paradise Papers.
También fue señalado por defender y beneficiar a Ángelo Calcaterra, —primo de Mauricio Macri—, quien sufrió un pedido de embargo millonario en el marco de la causa Lava Jato.
Asimismo, los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Viales denunciaron que durante su gestión sufrieron persecución político-gremial y hasta fueron amenazados con encarcelarlos injustamente.
En 2019 se postuló por segunda vez cómo candidato a intendente de Capitán Sarmiento por la coalición Juntos por el Cambio, siendo electo con el 47,3% de los votos.
En 2022 fue procesado en una causa que investiga la ampliación ilegal e irregular de los plazos de los contratos de concesión de siete corredores viales que pasan por un total de once provincias.
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