Uno de los jueces imputados por el escándalo del viaje a Lago Escondido, Pablo Yadarola, presentó una denuncia este jueves por supuesto espionaje ilegal en los tribunales de Comodoro Py y la causa le tocó a otro participante en el tour, Julián Ercolini, quien tuvo que mandarla a sorteo. La presentación coincide con las estrategias del grupo de funcionarios, espías y empresarios que buscan victimizarse para tapar la polémica.
El contexto
Los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, el juez en lo contencioso administrativo Pablo Cayssials, el camarista de Casación Carlos Mahiques, su hijo Juan Mahiques, jefe de los fiscales porteños, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, el ex funcionario de inteligencia Leonardo Bergroth y el experto en campañas digitales Tomás Reinke, viajaron a la estancia de Joe Lewis entre el 13 y el 15 de octubre en un avión privado, que los recibió el presidente de Hidden Lake SA, Nicolás Van Ditmar, como aparece en imágenes de la PSA.
En otro avión pero de Aerolíneas Argentinas habían llegado los directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.
La denuncia
Poco después de la revelación del sospechoso viaje, el 17 de octubre el abogado Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco hizo una denuncia por posibles dádivas en Bariloche, que quedó a cargo de la jueza federal Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare.
El eje de esta investigación, donde se presentó con un pedido para querellar el Ministerio de Justicia nacional, bajo instrucciones del presidente Alberto Fernández, es la hipótesis de que funcionarios judiciales y políticos pudieron haber recibido dádivas, ya que el viaje lo habría pagado el grupo de medios Clarín.
Además hay dudas sobre el papel de Hidden Lake, empresa a la que Mahiques padre benefició en una sentencia el año pasado donde se discutía la usurpación del territorio.
Pero, además, la fiscalía detectó irregularidades con la emisión de las facturas de la estadía, que se hicieron a nombre de quienes tienen cargos judiciales o estatales (pero no de los privados) y con fecha muy posterior al viaje (28 de octubre).
No se emitieron facturas para los dos hombres que no son funcionarios y tienen libertad de ser invitados.
También habría anomalías con las facturas de los pasajes. Los pagos aparecen al contado, el día del vuelo. Echepare enumeró facturas por 120 mil y 60 mil pesos que le fueron entregadas a nombre de algunas personas del grupo, cuando un vuelo charter en un Lear Jet a Bariloche cuesta alrededor de 36 mil dólares ida y vuelta.
Las estrategias y la victimización de los “huemules”
Esta última semana salieron a la luz dos largos chats en teoría tomados del teléfono, del ministro D’Alessandro, donde se advierte que los protagonistas buscan estrategias para aparentar que fue solo un viaje de amigos pagado por ellos mismos.
Con ese objetivo, tramaron la emisión de facturas truchas y pensaron como convencer a periodistas para instalar que los espiaron o, en su defecto, apretar a otros para que ni siquiera traten el tema.
Hay un chat llamado “Operación de Página12” y otro “Grupo Donatto contrataca“, donde el pintoresco grupo de espías, magistrados, funcionarios macristas y directivos de Clarín se autodenominan en el chat como “grupo huemul” en alusión a un ciervo andino en peligro de extinción.
En los diálogos aparecen cada vez más preocupados por las consecuencias judiciales y la denuncia en el Consejo de la Magistratura, y hasta amagan con denunciar al jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
“Nos facturan transfer, alojamiento y media pensión (…) Y se acabó. Después hacemos denuncia x espionaje“, aparece en boca de Ercolini. “Denunciar espionaje sería muy interesante“, se le adjudica a Yadarola.
En coincidencia con la estrategia victimizante, Yadarola radicó la denuncia por supuesto espionaje ilegal el pasado sábado 3 de diciembre.
Denunció que había visto un posteo en Twitter que aludía a una filtración de conversaciones que estaban a la venta como pertenecientes un ministro porteño y que lo mencionaban a él. Se trataba efectivamente del chat de la mafia macrista.
Los hackers pedían 600 dólares por la información. La denuncia le tocó insólitamente al compañero del tour, Julián Ercolini, que era obvio que no podía intervenir.
Además del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diálogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel “Tano” Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.
Le pidió entonces a quien estaba disponible, Marcelo Martínez de Giorgi, pero el lunes siguiente se sorteó a Ariel Lijo.
Martínez de Giorgi tomó medidas urgentes. El fiscal Eduardo Taiano le pidió un informe a la División de Análisis de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, para conocer los dominios de los usuarios y cuentas por las que se hicieron las publicaciones, así como del link patagoniafacts que subió el contenido. Después le pidió a Lijo que mande a bloquear los sitios donde era visible la información.
La difusión de las conversaciones filtradas está protegida por estándares internacionales y hasta de la Corte Suprema, por tratarse de temas de interés público que pueden afectar al funcionamiento del Estado.
Sin embargo, la denuncia de un supuesto espionaje no debería detener la pesquisa sobre delitos de jueces, funcionarios y empresarios que exhibe los vínculos carnales entre el Poder Judicial, los medios de comunicación, el mundo del espionaje y sus nexos con la política macrista.
