Los jueces de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en la causa en la que se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes políticos y sociales. El expediente pone la lupa sobre exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y hasta apareció sospechado Mauricio Macri. Sin embargo, para la Cámara Federal porteña se trató “simplemente” de “espías cuentapropistas“.
El derrotero de la causa
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé había procesado a Arribas y Majdalani y a una larga lista de espías por violación a la ley de Inteligencia.
De acuerdo al argumento que había presentado el juez en su momento:
“Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Cristian Suriano y Emiliano Blanco aprovecharon la estructura de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal para organizar, comandar, reclutar, establecer funciones y responsabilidades para el funcionamiento de la empresa criminal”.
Sin embargo, la Cámara de Casación decidió que el expediente debía tramitar en la justicia federal porteña de Comodoro Py, y allí la Cámara Federal, en un fallo firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los desprocesó y atribuyeron toda la responsabilidad a un grupo de ex agentes contratados durante la gestión cambiemita.
Esos espías integraban el grupo de WhatsApp “Súper Mario Bross” y son los que resultaron considerados “cuentapropistas” y sólo ellos quedaron procesados.
Ahora, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti se apartaron voluntariamente de intervenir en el expediente, en el que tramitan decenas de incidentes y reclamos intermedios de las partes.
Cabe destacar que es sumamente inusual que la totalidad de los miembros del máximo tribunal del país se excusen de participar de una misma causa.
La Corte se corre
El máximo tribunal adoptó hoy tres resoluciones en las que, invocando media docena de incidentes dentro de una misma causa, coincidieron: “nos excusamos de intervenir por las razones allí expresadas”.
Las resoluciones son muy breves, tienen apenas un párrafo y no explican las razones por las que los cuatro supremos se apartaron de la causa que estalló en 2020 en los tribunales federales de Lomas de Zamora, con la intervención del juez federal de ese distrito Federico Villena.
El magistrado de Lomas detectó, a partir de la declaración de un involucrado en una causa por drogas, una matriz de espionaje ilegal mediante la cual se dio seguimiento clandestino a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y otros dirigentes kirchneristas, pero también a referentes de Cambiemos, como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y su entonces vicejefe y hoy candidato a gobernador bonaerense Diego Santilli.
La lista incluía dirigentes sociales, sindicales, eclesiásticos, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos y, también, ex funcionarios kirchneristas encarcelados irregularmente en el penal de Ezeiza.
Entre la lista de espiados figura incluso el hoy presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. De hecho, sobre Rosenkrantz aparecieron en los dispositivos secuestrados por el juez Villena fotografías suyas en una confitería porteña, durante una supuesta reunión privada. Los agentes de la AFI que lo siguieron (en su mayoría ex agentes de la Policía de la Ciudad) lo confundieron con el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun.
Una de las tres resoluciones tiene que ver con un planteo del ex secretario privado de Mauricio Macri y actual legislador bonaerense Darío Nieto, quien viene objetando en todas las instancias judiciales el operativo en el que fue allanado y le fue secuestrado su teléfono celular.
Los otros planteos tienen que ver con los “cuentapropistas”, especialmente el abogado Facundo Melo. Una presentación de su abogado, Fernando Sicilia, a mediados de 2020, consiguió que la Cámara Federal de La Plata apartara de la investigación al juez Villena.
Durante más de un año el expediente estuvo en manos del también juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé hasta que la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, resolvió que aterrizara en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Actualmente la lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la causa está virtualmente paralizada.
La excusación de los jueces de la Corte obligará a que, ante cada incidencia en la que el máximo tribunal deba resolver (hay decenas de incidentes por distintas razones presentadas por las partes), sea necesario recurrir a conjueces.
Los mismos serán elegidos entre los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país y fungirán como magistrados de la Corte Suprema sólo para esa causa.
En pocas palabras, cuando haya que resolver en instancias máximas sobre las eventuales responsabilidades de Arribas, Macri, Majdalani, Nieto y el resto de los imputados, los cuatro jueces supremos (Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti) se correrán del asunto y serán los conjueces designados quienes deban darle resolución.
