Javier Milei habilitó por decreto el ingreso de tropas extranjeras a las bases navales argentinas y en el mismo día dio otro paso para privatizar la empresa Nucleoeléctrica Argentina, avanzando con ambas medidas poco después del anuncio de salvataje financiero por parte de Estados Unidos.
El gobierno de Javier Milei publicó este martes el Decreto 697/2025, con el que autoriza el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional, específicamente Fuerzas Navales de Operaciones Especiales del Comando Sur de Estados Unidos, que realizarán actividades en bases navales argentinas entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre.
Una decisión de estas características requiere la aprobación del Congreso, donde La Libertad Avanza viene sufriendo una serie de derrotas legislativas. A esta medida se suma el Decreto 695/2025, con el que el mandatario formalizó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa que opera las centrales nucleares.
Ambas medidas cobran relevancia si se tiene en cuenta el alineamiento del libertario con Estados Unidos. Si bien Milei se ha posicionado como aliado incondicional de la potencia norteamericana desde el principio, el reciente anuncio del secretario del Tesoro estadounidense sobre un salvataje financiero para Milei puso la lupa en las condiciones que impondría sobre el país.
Ingreso de tropas extranjeras al país
El Decreto 697/2025 autoriza la llegada de 30 efectivos de la Naval Special Warfare (NSW) del ejército estadounidense, una sección especializada en operaciones marítimas que se considera la élite de las fuerzas especiales norteamericanas. Estos efectivos desplegarán sus actividades en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano durante casi un mes.
La justificación oficial del gobierno apunta a la realización del ejercicio combinado “Tridente”, que buscaría “intercambiar tácticas y procedimientos para operaciones en escenarios complejos”, tanto de combate como de asistencia humanitaria.
El decreto sostiene que el objetivo es reforzar la interoperabilidad con las fuerzas navales estadounidenses y que la no participación “podría afectar negativamente el nivel de adiestramiento” de las fuerzas argentinas.
Sin embargo, la elección de las sedes no es casual. Ushuaia, en particular, reviste una importancia estratégica crucial por su ubicación en el Atlántico Sur, su proyección antártica y el carácter bioceánico de esa región.
La presencia de fuerzas especiales estadounidenses en esa zona genera especial sensibilidad dado el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la creciente relevancia geopolítica del continente antártico.
Estados Unidos viene mostrando un creciente interés por la región y, de hecho, el año pasado visitó la zona la entonces generala estadounidense Laura Richardson, quien en varias oportunidades había destacado su valor estratégico.
Paralelamente, el decreto autoriza la participación de tropas argentinas en el ejercicio “Solidaridad” en Puerto Varas, Chile, entre el 5 y 15 de octubre. Este entrenamiento se inscribe en el Acuerdo de Cooperación en Materia de Catástrofes entre Argentina y Chile, aprobado por la Ley 25.240 en 1997, y apunta a fortalecer la coordinación de respuestas ante desastres naturales.
El Congreso aún tiene la posibilidad de rechazar el Decreto (deberá hacerlo en ambas Cámaras) y la Comisión Bicameral que debe discutirlo dispondrá de diez días hábiles para dictaminar sobre su validez una vez que entre en tratamiento.
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La utilización de un DNU para autorizar el ingreso de tropas extranjeras constituye una irregularidad constitucional de primer orden. El artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional establece con claridad que es el Congreso quien debe autorizar la entrada y salida de tropas del territorio nacional, tal como lo reglamenta también la Ley 25.880.
Luciano Anzelini, Doctor en Ciencias Sociales de la UBA y especialista en Defensa, expresó que el ejercicio Tridente “autoriza el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, puntualmente es personal de las Fuerzas Navales de operaciones especiales en zonas verdaderamente estratégicas“.
“Como es la provincia de Tierra del Fuego, por todo lo que significa en términos de la relevancia del Atlántico Sur, la proyección antártica, el carácter bicontinental de la Argentina y el área estratégica bioceánica que supone esta parte del cono sur de América Latina”, completó.
El especialista calificó la medida como una “violación de lo que fija la Constitución Nacional” y señaló que “el plan de ejercitaciones combinados debe ser tratado por las comisiones de defensa nacional y relaciones exteriores y después debe ser tratado en el pleno de la Cámara”.
Anzelini reveló además que el proyecto ingresó al Congreso a fines de agosto con cinco meses de demora, lo que evidencia “una impericia burocrática muy relevante” del Ministerio de Defensa y sus funcionarios políticos.
Según el académico, “este avance por decreto es querer dar señales inmediatas a Estados Unidos en el contexto del salvataje financiero, por motivos electorales que el tándem Trump-Besent le arrojó a la Argentina”. Anzelini advirtió además sobre las presiones estadounidenses en la región:
“Estados Unidos presiona para la instalación en Ushuaia de una base naval integrada, que sea punto de abastecimiento para submarinos nucleares estadounidenses, además de un centro estratégico de proyección sobre la Antártida”.
El especialista observó que Washington ha logrado desplazar a China de proyectos estratégicos como el puerto multipropósito en Río Grande, la Hidrovía y la construcción de Atucha 3, todos originalmente vinculados a capitales chinos, pero paralizados desde la llegada de Milei al poder.
“El riesgo del alineamiento es muy grande porque el mundo es muy diferente y la rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China es muy evidente”, concluyó Anzelini, denominando al proceso como una “occidentalización dogmática” que carece de sentido estratégico para Argentina.
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Privatización de Nucleoeléctrica Argentina
El Decreto 695/2025, firmado por Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, formaliza la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa responsable de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan más del 7% de la electricidad del país.
La medida habilita la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el Estado retendrá el 51% a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Adicionalmente, un 5% del capital será transferido a los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada.
El gobierno argumenta que la incorporación de capitales privados es “el medio más idóneo” para garantizar financiamiento en proyectos como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados en Atucha II.
Aunque Nucleoeléctrica alcanzó en 2024 un récord histórico de generación de 10.449.015 MWh netos con un factor de carga del 73,3%, el decreto argumenta que la empresa depende de aportes estatales, ignorando su valor estratégico para el país y el desarrollo nuclear alcanzado hasta ahora.
La Ley 27.742 (Ley de Bases) había ratificado en 2024 que la actividad nuclear podía incorporar capital privado siempre que el Estado mantuviera la mayoría accionaria. El Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación del proceso, con intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
José Luis Antúnez, expresidente de NA-SA, cuestionó la decisión: “Privatizar NA-SA es innecesario. La empresa no da pérdidas y su patrimonio intangible es su gente”. Su advertencia apunta a que la medida responde más a una agenda ideológica que a una necesidad operativa o financiera.
Además, en el sector circulan señalamientos sobre posibles interesados en la licitación. Los reflectores apuntan a Corporación América, que concretó la primera fase de una transacción con Blue Sky Uranium para adquirir hasta un 80% de participación en un depósito de uranio en Río Negro.
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El desmantelamiento del plan nuclear nacional
Sea como fuera, la privatización de Nucleoeléctrica se inscribe en un desmantelamiento más amplio del plan nuclear a manos de Demian Reidel, quien ha mencionado que su programa pretende dejar el sector en manos de privados y que la producción energética se destine a alimentar servidores de Inteligencia Artificial (IA).
Por ahora, el gobierno ha paralizado el CAREM, el reactor modular pequeño diseñado por la CNEA y único prototipo en construcción en América Latina, y abandonó la construcción de la cuarta central nuclear con financiamiento chino.
Demian Reidel sostiene que el CAREM no es “comercialmente viable” y se monta sobre una “tecnología vetusta”. Sin embargo, Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA, replicó que “decir que era obsoleto o inviable es falso. Teníamos un avance de obra civil del 85%, un estudio de mercado hecho con YPF y reconocimiento internacional”.
Diego Hurtado, exsecretario de Planeamiento, resumió el resultado de las políticas de Reidel (quien -dicho sea de paso- no tiene experiencia en el sector nuclear): “Lo que queda cuando se disipa el humo es la privatización parcial de NA-SA y la paralización del prototipo nacional“.
El exfuncionario observó un claro alineamiento con la agenda nuclear estadounidense: “Estados Unidos quiere ser competitivo en los pequeños reactores modulares. Y el precio de anotarse primero fue desmantelar nuestro propio prototipo CAREM”.
Es que Argentina se incorporó recientemente como primer país latinoamericano al programa estadounidense FIRST, que promueve la adopción de reactores modulares pequeños (SMR) bajo estándares de Washington, una medida a todas luces dedicada a profundizar el alineamiento con la potencia norteamericana.
Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía Eléctrica, aclaró que los SMR “son complementarios, no alternativos” a las centrales grandes, cuestionando la narrativa oficial que los presenta como un reemplazo viable.
Uno de los puntos más críticos es el abandono del contrato firmado en 2022 con la china CNNC para construir Atucha III con tecnología Hualong One y financiamiento incluido. El acuerdo fue prorrogado en 2023 pero quedó congelado con el cambio de gobierno.
El plan nuclear argentino se apoyaba en cuatro pilares: generación de electricidad, construcción de reactores, agua pesada y minería de uranio. Cada uno está hoy en crisis: NA-SA se privatiza parcialmente, el CAREM se frena, la planta de agua pesada de Neuquén sigue sin reactivarse y la minería se reorienta a exportar uranio como materia prima, perdiendo la lógica de integrar el ciclo completo.
Basualdo sintetizó la situación: “El país que supo exportar tecnología nuclear, y que llegó a fabricar satélites con base en esas capacidades, hoy aparece desarmando pieza por pieza su propio ecosistema”.
La pregunta que resuena en el sector es si estas decisiones responden a una estrategia de Estado o al precio de un alineamiento urgente con Washington en busca de respaldo financiero inmediato.
