Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona eliminaron por decreto la “Unidad de Tareas de Investigación” que habían creado en febrero para mitigar el escándalo que generó la criptoestafa de $LIBRA, asegurando que su tarea ya “fue cumplimentada”.
A través del Decreto 332/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei decidió eliminar la “Unidad de Tareas de Investigación” que había creado para investigar la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
El documento, que lleva las firmas de Milei y su Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, justifica su decisión asegurando que la tarea de la comisión investigadora “fue cumplimentada”, por lo que “corresponde disolver la Unidad creada“.
En este contexto, primer artículo ordena: “Disuélvese la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada en el ámbito del Ministerio de Justicia por haber dado cumplimiento a la tarea que le fuera encomendada por el Decreto N° 114/25“.
Dicho decreto había dispuesto la creación de la comisión con el supuesto objetivo de determinar si hubo “irregularidades o hechos de corrupción” y “colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal a través de la remisión inmediata de la documentación e información recopilada”.
Casa Rosada había decidido crear esta unidad de tareas a mediados de febrero, poco después de que el Presidente promocionara una criptomoneda que resultó ser una estafa, y que no solo derivó en cuestionamientos públicos, sino también en que la Justicia abriera una causa en la que tanto él como su hermana, Karina Milei, fueron imputados.
Sin embargo, la comisión investigadora resultó ser una pantomima, ya que quedó a cargo del propio Poder Ejecutivo, que a través de la resolución 72/2025 había nombrado como su titular a la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo.
El oficialismo y sus aliados frenaron el intento de activar la comisión investigadora de $LIBRA
Lo llamativo no solo es que el Poder Ejecutivo propusiera autoinvestigarse mientras -en paralelo- los legisladores de La Libertad Avanza se resistían a que el Congreso avanzara con la conformación de su propia comisión investigadora, sino que además la UTI jamás hizo públicos los resultados de las supuestas medidas que realizó.
Supuestamente, entregaron información al Poder Judicial organismos como la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la Subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete.
Según el decreto, los organismos intervinientes ya dieron las respuestas necesarias en los plazos que se habían otorgado y ya cumplieron con su labor, pese a que la causa en manos de la jueza María Romilda Servini sigue su curso y en los últimos días avanzó con la investigación del patrimonio de los Milei y otros implicados.
