Javier Milei pulverizó los salarios de la clase media, que enfrenta el grueso de los tarifazos y la pérdida de empleos formales, pero mantuvo programas como la AUH por encima de la inflación para evitar estallidos sociales y ya son más de seis millones de personas las que reciben ayuda estatal, un récord.
Javier Milei llegó a la presidencia en diciembre de 2023 asegurando que iba a terminar con los planes sociales y desmantelar lo que denominó “la industria de la pobreza” y sus “gerentes“. El candidato libertario prometió ajustar a “la casta” y reducir el gasto público de manera drástica.
Pasados dos años de gobierno, el libertario cumplió con su promesa de reducir la inversión estatal, pero el grueso de su ajuste perjudicó a la clase media, mientras que los planes sociales alcanzaron niveles récord tanto en cantidad de beneficiarios como en poder adquisitivo real.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante la gestión de Milei, lo que explica cómo el libertario evitó un estallido social y logró maquillar los números de pobreza durante su gestión.
A diciembre de 2025, la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de personas reciben alguna forma de asistencia directa del Estado, una cifra sin precedentes en la historia reciente del país.
En paralelo, el gobierno implementó un ajuste tarifario sin precedentes en servicios públicos como electricidad, gas y agua, con la quita progresiva de subsidios que afectó tanto a sectores vulnerables como a la clase media.
Sin embargo, este último segmento debe enfrentar el incremento de costos sin acceso a las ayudas sociales que amortiguan el golpe para los sectores de menores ingresos, convirtiéndose en el principal perjudicado del modelo económico libertario. Para colmo, los salarios formales y las jubilaciones perdieron terreno frente a la inflación.
Javier Milei, el libertarismo y los planes sociales
Según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo que perdió poder adquisitivo mes tras mes.
La AUH actual es 23% más alta en términos reales que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10% superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creadora del programa.
Esta mejora se explica por un aumento extraordinario que, en la comparación interanual, muestra una suba real del 47%. Pero el dato más impactante es la medición que el propio gobierno utiliza como referencia: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100%.
Irónicamente, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fue en 2023, durante el último año del gobierno de Fernández. Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación y reforzó las transferencias directas, evitando así el estallido social pese a la magnitud del ajuste.
La paradoja se profundiza al observar la evolución histórica de los planes. En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes, un número que fue objeto de críticas por parte de Cambiemos.
Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri, la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia, la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados, una cifra que no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la emergencia sanitaria ya pasó hace varios años.
Según el informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), medidos en términos reales, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse e incluso mejorar frente al avance inflacionario.
El contraste con los salarios es contundente. El salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo y la clase media.
A esto se suma una pérdida de empleos formales de calidad que en los dos primeros años de Milei, que ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: solo entre junio y octubre se perdieron más de 70 mil empleos.
Los análisis también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
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Los tarifazos para la clase media
La magnitud del ajuste sobre la clase media se vuelve patente cuando se miran las cifras del tarifazo histórico en servicios públicos. La transferencia de recursos de los trabajadores hacia las empresas prestadoras de servicios públicos constituye uno de los ejes del programa económico de la administración Milei.
De acuerdo al informe del Instituto Argentina Grande, los servicios públicos (electricidad, gas y agua) cerraron el año con un alza del 461% contra noviembre de 2023, mientras que la variación de precios acumulada fue del 259%. Es decir, las tarifas aumentaron en los dos años de gestión de La Libertad Avanza mucho más que la inflación y la suba salarial.
En el caso puntual de AySA, las tarifas se incrementaron un 133%, se paralizaron todas las obras de cloacas que habían quedado planificadas desde la gestión anterior, y el gobierno le puso el cartel de venta como parte de su plan de privatizaciones.
La inflación medida con los ponderadores actualizados que les asignan más peso a los servicios quedó por encima del IPC medido por el INDEC: 276% versus 259%. A su vez, los salarios quedaron por debajo de ambas medidas, según el análisis del IAG.
Desde diciembre de 2023, las tarifas de luz aumentaron un 275,3% para los usuarios de ingresos medios y un 113% para los hogares de ingresos bajos. Paradójicamente, las familias de ingresos más altos tuvieron un incremento de apenas el 21,9% en sus facturas.
De esta manera, un hogar de clase media hoy paga alrededor de $50.697 en promedio por el servicio eléctrico, mientras que un hogar de ingresos altos con el mismo consumo mensual paga una tarifa de $51.289. Es decir, que los primeros pagan apenas 592 pesos menos que los sectores más acomodados de la sociedad.
El cambio tarifario que planea implementar el gobierno nacional a partir de los primeros meses de 2026 tendrá un impacto aún mayor sobre los hogares de ingresos medios y bajos. El nuevo esquema elimina las categorías N3, N2 y N1, que diferenciaban a los usuarios por sus ingresos (medios, bajos, altos), para dar paso a un sistema de hogares con y sin subsidios.
A partir de febrero, el principal requisito económico para recibir subsidios será que el grupo familiar tenga ingresos iguales o menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar de dos personas, según los valores que publica el INDEC. De esta manera, muchos hogares perderán la asistencia recibida y sufrirán un fuerte salto en sus facturas.
La actualización de las tarifas de los servicios públicos a partir del retiro de los subsidios no redundó en una mejora del servicio eléctrico, tensionado cada vez que suben las temperaturas, tal como quedó en evidencia con los 800.000 usuarios fuera del sistema durante el corte masivo registrado esta semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
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El impacto en la economía familiar: ajuste y restricción
Aunque la inflación de 2025 cerró en 31,5%, la más baja de los últimos ocho años según destacó el ministro de Economía Luis Caputo, un análisis pormenorizado muestra que en términos mensuales se trató de la inflación más alta en los últimos ocho periodos.
Creció lenta pero sostenidamente, a la vez que varios rubros cerraron el año con subas muy por encima de la inflación: transporte, alquileres, educación, servicios públicos, salidas recreativas y prepagas, entre los principales.
El festejo oficial por el dato inflacionario contrasta con la realidad que atraviesan las familias argentinas. Según un relevamiento privado realizado en el último mes de 2025, 6 de cada 10 argentinos se vio obligado a ajustar su presupuesto cotidiano, ya que al menos el 50% no llega a terminar el mes con sus ingresos.
Además, el 67% recortó gastos como asados con amigos y familia, el 70% ajustó sus salidas recreativas y esparcimiento, y un porcentaje similar dejó de tomar taxis o usar aplicaciones de transporte.
La restricción en consumos cotidianos es lo que predominó en gran parte de los hogares. En concreto, 6 de cada 10 se vio obligado a recortar gastos de su presupuesto cotidiano en el último mes de 2025.
Esto sucedió en un contexto en el que al menos la mitad manifestó quedarse sin dinero antes de terminar el mes y, en directa relación, el 57% de los hogares se endeudó para cubrir necesidades de subsistencia, siete puntos más que a inicios de 2025.
Los resultados corresponden a la encuesta “Social Mood” de la consultora Moiguer. Según los datos relevados, el 70% recortó sus salidas a comer comparado con 2024, a la vez que el 69% disminuyó sus gastos en bebidas alcohólicas y en golosinas o chocolates. Asimismo, 7 de cada 10 dejó de usar taxis o aplicaciones de transporte y el 67% relegó asados con amigos o familia.
Para el 29% de los encuestados su consumo se mantuvo estable respecto del año previo mientras que un 63% señaló que se mantuvo en un nivel bajo o se agravó la caída. Apenas un 8% registró una expansión.
En los primeros dos años del gobierno se perdieron 270.852 puestos asalariados formales según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El sector privado fue el más golpeado con 176.000 fuentes de trabajo menos, con una aceleración de la destrucción de puestos en los últimos meses del 2025.
La industria, una de las actividades que más empleo genera en la economía, perdió más de 60.000 puestos desde fines del 2023. En correlato, en este tiempo 20.134 unidades productivas cerraron según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siendo afectadas 23 de las 24 jurisdicciones.
Estos datos explican las pocas expectativas de mejoras que las familias tienen respecto de su situación laboral: 4 de cada 10 manifestó una perspectiva laboral negativa, siete puntos más versus el primer trimestre del 2025.
Mientras tanto, el 51% sumó horas laborales, un nuevo empleo, o algún emprendimiento para intentar reforzar los ingresos del hogar en una coyuntura donde la tasa de trabajadores informales escaló al 43,2%.
En materia de ingresos, la pérdida de poder adquisitivo expone las condiciones de una sociedad donde se necesitan al menos cuatro salarios mínimos para evitar caer en la pobreza ($1.300.000), pero donde el 70% del conjunto de los trabajadores percibe un sueldo inferior a $1.000.000 por mes.
Desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) indicaron que desde diciembre de 2023 cada trabajador registrado en el sector privado perdió, en promedio, casi dos millones de pesos ($1.835.147), y el poder de compra de ese ingreso cayó 5% debajo del nivel previo al gobierno libertario.
La situación es mucho más alarmante para los estatales, que quedaron 19% por debajo del poder de compra de fines del 2023 con un salario que lleva ya un año estancado. Cada trabajador del sector público perdió, en promedio, 9,3 millones de pesos acumulados desde que gobierna La Libertad Avanza.
La jubilación media es hoy 23% menor a la de diciembre de 2023. Como resultado, cada jubilado acumula, en promedio, una pérdida de 4,8 millones de pesos desde que asumió Milei, cifra que se duplica si se considera lo ocurrido desde el gobierno de Mauricio Macri a la fecha.
