La Inspección General de Justicia (IGJ) denuncia que el ex ministro de Finanzas de Cambiemos, Luis “Toto” Caputo, apodado como “el Messi de las finanzas”, armó una sociedad ficticia para ocultar su fortuna. ¿Cuáles son los vínculos esta “sociedad baúl” con el financiamiento a Revolución Federal?
A raíz de las multimillonarias transferencias que realizara la empresa Caputo Hermanos al grupo de ultra derecha Revolución Federal, responsable de escraches y amenazas, la Justicia puso la mira sobre las sociedades vinculadas a la familia del ex ministro macrista.
De esa investigación surgieron diversas irregularidades en torno a Caputo Hermanos y los dos fideicomisos desde los cuales se giraron casi 14 millones de pesos. Sin embargo, ahora la IGJ encontró otra empresa “baúl” o “ficticia” utilizada para esconder la riqueza de la familia.
Sacha Rupaska, el baúl de los Caputo
En el año 2007, se creó la firma Sacha Rupaska Sociedad Anónima (SA). Como titulares de la entidad aparecían dos personas: Luis María Méndez Ezcurra y Horacio Iván Gándara. Para la IGJ, los dos eran testaferros del exministro macrista.
Méndez Ezcurra es cuñado del ex ministro y, además, su hermana está casada con Eduardo Enrique Massera, hijo de Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada durante la dictadura y responsable de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en los campos de concentración de la Marina, particularmente en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Desmontes y desalojos
Sacha Rupaska se conformó para adquirir tres campos que representan más de 15 mil hectáreas en Santiago del Estero.
La adquisición se hizo con un “pueblo adentro”. Cuando los compraron, allí vivían 84 familias, lo que implicaba una población de casi 800 personas. Eso implicó que la empresa en la que aparecían como directivos Méndez Ezcurra y Gándara se presentara con una guardia armada y con topadoras.
Admeás, en pleno gobierno de Mauricio Macri, la ONG Greenpeace denunció que Sacha Rupaska realizaba desmontes en zonas prohibidas por la ley de Bosques.
La sombra de “Toto” y la lista de irregularidades
Después de la compra de los campos, Luis “Toto” Caputo se incorporó como accionista a la sociedad anónima.
Según la IGJ, era el accionista mayoritario con el 60% de las acciones de la compañía.
Curiosamente, tiempo después, incluyeron en el pasivo de Sacha Rupaska una deuda con “Toto” por 2.975.711 pesos. Lo llamativo del caso es que él nunca reclamó el pago de esa millonaria deuda, ni la sociedad nunca pretendió cancelarla.
“Ésta es la mejor prueba de la simulación”, explica Ricardo Nissen, actual titular de la IGJ. Es decir: simular tener una deuda para “tapar” los vínculos.
La IGJ destacó una serie de irregularidades. Entre los puntos sospechosos se enumeran:
- Inició su actividad en 2007 con un capital social de 12 mil pesos. Nunca modificó ese capital;
- La sociedad nunca funcionó. Nunca se pagaron sueldos ni se distribuyeron dividendos;
- Los balances que presentaron son defectuosos o irregulares;
- Carece de libros societarios;
- La sociedad no cumplió con sus obligaciones con la IGJ;
- Las asambleas que figuran en los papeles carecen de valor. “Toto” Caputo nunca asistió ni firmó las actas.
En esa línea, la IGJ sostiene que Sacha Rupaska SA es una “mera ficción”, una “sociedad ficticia” o una “sociedad baúl”.
Son empresas que se usan para esconder y proteger el patrimonio total de una persona o familia, como el caso de los Caputo, y, de esa forma, se evita responder si es demandado.
Los nexos con Revolución Federal
Méndez Ezcurra, quien para la IGJ oficia como testaferro de “Toto”, está casado con Rossana Pía Caputo.
La decoradora es el vínculo de los Caputo con Jonathan Morel, el fundador de Revolución Federal (RF), el grupo de odio investigado por la Justicia.
Pese a que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita insisten para que se investigue a RF dentro de la trama más amplia del intento de magnicidio del 1 de septiembre, por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti y del camarista Mariano Llorens ambos hechos tramitan en expedientes separados.
Morel y su entorno recibieron cerca de 14 millones de pesos por parte de dos fideicomisos asociados a Caputo Hermanos, Espacio Añelo y Santa Clara al Sur.
La versión que dio Morel es que Rossana Pía Caputo lo contrató para hacer muebles para un edificio en Neuquén, en la zona cercana a Vaca Muerta.
Morel acababa de abrir una carpintería en Boulogne (San Isidro, provincia de Buenos Aires) y había aprendido el oficio por YouTube, por lo que carecía del conocimiento (y de la estructura) para cumplir con el trabajo.
Como no podía cumplir con el supuesto encargo de Caputo, habría subcontratado a otros talleres o empresas. Los Caputo, Morel y sus socios y los supuestos proveedores son investigados por la Justicia.
A pedido de Pollicita, Martínez de Giorgi dispuso levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de los dos fideicomisos. El juzgado ya habría recibido informes tanto de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En base a lo que surja de esos análisis, el fiscal podría reclamar que los integrantes de Caputo Hermanos den explicaciones sobre el financiamiento de un grupo que intentó imponer sus ideas políticas por la fuerza y el miedo.
Hasta ahora, los únicos procesados en la causa son miembros fundadores o prominentes de RF: Morel, Jonathan Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile.
Los procesamientos aún deben ser revisados por la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes decidieron liberar a Morel, Sosa, Guerra y Basile antes de que Martínez de Giorgi dictara los procesamientos.
La IGJ ya puso la mira también en Caputo Hermanos, la sociedad que se inscribió en 2004 y que tiene como directivos a otros dos integrantes de la familia, Flavio y Hugo Caputo. En el caso de Rossana, ella actúa como directora suplente.
Para el organismo que dirige Nissen, Caputo Hermanos es también una sociedad simulada y que no tenía declarados los fideicomisos a través de los cuales se hicieron los pagos a Morel.
