El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, en 2018, que dolarizaban los peajes de los accesos norte y oeste. El Gobierno presentará el caso ante la Justicia.
“Los contratos que se firmaron y homologaron a traves de dos decretos en 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas“, sostuvo el presidente en el inicio de su discurso.
El propósito de la decisión es llevar el diferendo a la justicia: “estamos pidiendo a la justicia que anule estos contratos y cautelarmente nos restituye la administración“, dijo el presidente.
Los dos lados del mostrador
El titular de la cartera de Obras Públicas aseguró:
“Existieron funcionarios de los dos lados del mostrador. Funcionarios que ejercían cargos en las empresas de peajes que luego ejercieron como funcionarios de Vialidad Nacional y ahora volvieron a esas mismas empresas”.
Según el ministro el peso de las deudas “recayó sobre el Estado y los usuarios”.
“Si hubiéramos permitido que el contrato fuer
a aprobado y se aplicara, quien hoy paga $100 en el peaje de la Autopista del Sol, según la renegociación hoy debería estar pagando $1.800 según como fuera firmado y homologado por el Poder Ejecutivo Nacional”, puntualizó Fernández.
El presidente señaló que “buscamos ordenar el sistema de autovías concesionadas. Ya recuperamos 7 mil km que estaban concesionados y ahora administra el Estado con buenos resultados”.
Fernández agregó que “no vamos a permitir abusos. Lo vamos a hacer en este caso como lo hicimos con el Correo”. Al mismo tiempo, estimaron que el perjuicio al Estado y los usuarios alcanza una suma equivalente a los U$S 2 mil millones.
El negociado macrista
Durante el anuncio, Katopodis detalló que:
“Durante 2018, el gobierno de Mauricio Macri dictó dos decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales: acceso Norte y acceso Oeste. En un caso, Ausol S.A y en el otro GCO S.A”.
“En ese marco, se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron fijadas en ese contrato que, a nuestro entender —y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondiente—, determinan la nulidad absoluta de esa renegociación”, añadió el ministro.
Las concesionarias firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que “comprometían” al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi 2 mil millones de dólares, informaron el Presidente y el ministro.
Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.
Firmé un decreto a través del cual le encomiendo al Ministerio de @ObrasPublicasAR iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y Oeste.
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— Alberto Fernández (@alferdez) September 14, 2022
Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez“, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.
“En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias. En el caso de Ausol en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares”.
“La segunda cuestión es la dolarización de ese contrato. Desde hace años, rige un marco legal y normativo en Argentina que establece que todos los contratos deben ser pesificados, pero en esa renegociación el gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización, sin ningún componente que lo justifique”, sumó Katopodis.
Asimismo, explicó que un tercer elemento que da cuenta de las irregularidades de ese contrato es que “se determinó un ajuste del 8 por ciento anual. Lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”.
