El prófugo de la Justicia Fabián “Pepín” Rodríguez Simón admitió por escrito las acusaciones en su contra sobre su rol durante el gobierno de Cambiemos: su intervención en causas judiciales, su incidencia para nombras a jueces de la Corte Suprema y cómo llevó adelante acciones que no estaban relacionadas con sus cargos formales.
“Pepín” intenta convencer a la Comisión de Refugiados (CORE) que depende de la ONU que él es un “refugiado político“, pero además busca obturar el juicio de extradición solicitado por la jueza federal María Servini ante la rebeldía del exoperador a presentarse a indagatoria.
La presentación duplicada de Rodríguez Simón, también ante la Justicia, tuvo como fin dilatar cualquier extradición, más allá de que el refugio le fuera rechazado por ausencia de fundamentos.
El documento de “Pepín” es extenso, con la táctica de “copy paste” de capturas de pantalla intercaladas sobre noticias, con un conveniente recorte de fuentes que, curiosamente, impresionaron a la Justicia uruguaya.
Esta “monografía” sobre sí mismo intenta mostrarlo en situación de supuesto perseguido político pero, de forma indirecta, ratifica las sospechas sobre cómo fue su nivel de influencia durante el gobierno de Cambiemos.
El documento admite los cuestionamientos de los que fue objeto por ser el nexo entre jueces y el gobierno de Macri, en una actuación sin marco legal que lo coloca en la categoría de “operador”.
“Pepín” se ufana en el escrito de haber sido el ideólogo de cómo y a quiénes se propuso como candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.
“Padezco una creciente persecución por mis opiniones, actuación y afiliación política que me hace temer por mi libertad y seguridad”, sostuvo “Pepín” ante la CORE.
Sostuvo que es víctima de “proscripción política” y “hostigamiento mediático”, y “discurso de odio”: Para justificar eso, adjunto capturas de pantalla de tweets. Dijo que las denuncias penales en su contra son “descaradamente políticas y revanchistas”. Despotrica además contra periodistas y dirigentes del Frente de Todos.
Se autodefinió como “interlocutor y enlace político del PRO con la Coalición Cívica, a nivel local (CABA), nacional y regional”. También afirmó que era el “interlocutor político del PRO con movimientos sociales de izquierda”, señalando a la CTEP de Juan Grabois.
“Soy abogado de confianza de Macri y de Rodríguez Larreta”, enunció a continuación. “Soy íntimo amigo personal de José María Torello desde hace más de cuarenta años”, indicó, quien es además otro de los imputados por la mesa judicial y su interacción en la presión de jueces. También afirmó que fue abogado externo de Clarín y tuvo a su cargo “el diseño y ejecución de la estrategia jurídica que evitó que la Ley de Medios despojara a Clarín de sus medios”.
“Soy amigo personal desde hace más de cuarenta años de Carlos Rosenkrantz, Ministro de la Corte desde 2016 y presidente desde 2018”, puntualizó, con una nota al pie elogiando al juez y su trayectoria.
“Pepín” abordó el capítulo de jueces de la Corte relatando la cronología de designación de Carlos Rosenkrantz y de Horacio Rosatti por decreto simple, al comienzo de su mandato.
“Los candidatos habían sido sugeridos por mí a requerimiento de Macri cuando era candidato y la modalidad de designación provisoria había sido también sugerencia mía como una alternativa válida jurídicamente”, confesó Rodríguez Simón.
De su boca jamás había salido la admisión de que sugirió los candidatos y que no pasaran por el Senado para ser elegidos. “Si bien la validez jurídica de la designación en comisión no fue cuestionada, sí lo fue la oportunidad política”, se excusó. Adjuntó captura de pantalla de una entrevista donde Macri afirmaba que el decreto había sido idea de su asesor.
De esta forma, “Pepín” Rodríguez Simón, queriéndose mostrar como un ex referente político del macrismo, terminó reconociendo las acusaciones en su contra por el lawfare desplegado por Cambiemos.