Diego Spagnuolo se presentó ante los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por coimas en ANDIS e insistió en que los audios filtrados son falsos, pese a que la Fiscalía reunió multiples elementos de prueba que van más allá de las grabaciones. Para tranquilidad de Javier Milei, Spagnuolo no pidió ser arrepentido.
Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se presentó este miércoles ante el juez federal Sebastián Casanello en los tribunales de Comodoro Py para declarar en el marco de la investigación por coimas y desvíos de fondos en el organismo.
El íntimo amigo y abogado del presidente Javier Milei llegó pocos minutos antes de las 13 horas y subió solo hasta el cuarto piso del edificio. Durante la indagatoria, que se extendió por una hora y media, Spagnuolo rechazó los cargos y optó por no responder preguntas.
Su abogado, Mauricio D’Alessandro, se sumó a las 13:20. Tras la audiencia, el letrado ratificó ante la prensa su estrategia de defensa: insistió en que los audios que desataron el escándalo fueron manipulados con inteligencia artificial.
“Hay una pericia realizada que indica que el registro está modificado. Es un deepfake“, explicó D’Alessandro en la explanada de tribunales. Según afirmó, el software utilizado permite alterar especialmente la voz de Spagnuolo, razón por la cual solicitaron la nulidad del material incorporado al expediente.
El abogado sostuvo que una pericia realizada en un país de la Comunidad Económica Europea determinó que los audios atribuidos al exfuncionario fueron editados, y cuestionó que la Justicia argentina nunca los peritara. Según sus dichos, la explicación del fiscal Franco Picardi fue que las grabaciones “no eran relevantes” para el avance de la causa.
Sin embargo, aunque los audios filtrados en agosto iniciaron la investigación, la fiscalía ha construido un expediente robusto con múltiples elementos de prueba que van mucho más allá de esas grabaciones, que incluso si estuvieran recortadas, concuerdan con los dichos de Spagnuolo en los audios.
La investigación reveló incongruencias patrimoniales, transferencias millonarias, sobreprecios en compras públicas y un entramado de intermediarios que operaban dentro y fuera del organismo estatal. En cuanto a los audios, cabe recordar que un comunicador libertario, Fernando Cerimedo, confirmó ante la justicia que el exfuncionario le había contado sobre las coimas.
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La investigación va más allá de las grabaciones
Si bien los audios donde Spagnuolo mencionaba un circuito de coimas (incluido el ya conocido “3% para Karina”) desencadenaron su salida del cargo y la apertura de la investigación, la fiscalía logró precisar un sistema de corrupción en la ANDIS que se sostiene en evidencia documental, financiera y testimonial.
El fiscal Picardi describió en su requerimiento que “ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”.
Entre las pruebas que complican la situación de Spagnuolo se encuentran 82.000 dólares y 2.950 euros secuestrados en una caja de seguridad a su nombre, que según D’Alessandro estaban depositados ahí desde abril de 2023, siete meses antes de que asumiera su cargo.
También presentó documentación para acreditar que su defendido no ingresó a la caja durante ese período, pero los investigadores detectaron gastos corrientes muy superiores a los ingresos del exfuncionario.
Entre enero y abril de este año, los resúmenes de tarjeta de crédito de Spagnuolo nunca bajaron de los 4 millones de pesos, y entre agosto de 2023 y junio de 2025 promediaron más de 2 millones de pesos mensuales, pese a que su salario como titular de ANDIS rondaba los 3 millones de pesos.
Además, una presunta refacción sustancial en su vivienda de Pilar no redujo su patrimonio, según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. La fiscalía investiga si parte del dinero obtenido mediante coimas financió una obra entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en la casa ubicada en el barrio Altos de Campo Grande.
Personal de obra registró ingresos y salidas al barrio en ese período, pero D’Alessandro negó la existencia de una remodelación millonaria y sostuvo que se trató de “un arreglo menor” en el lote de 860 metros cuadrados.
La defensa también intentó restarle peso a otros elementos del expediente. Señaló que la imputación por 5 millones de pesos presenta “inconsistencias temporales”, dado que el presunto pago figura fechado el 11 de junio mientras que las fotografías usadas como sustento fueron tomadas el 13 de agosto.
En relación con la mochila que aparece en esas imágenes, afirmó que no contenía dinero sino “la computadora” de su defendido. También relativizó la filmación en la que se ve a Spagnuolo ingresar a la casa de Miguel Ángel Calvete y sostuvo que “alguien lo citó para generar esa captura y aprovechar su imagen entrando con la mochila”. Un argumento curioso.
Y es que según pudo reconstruir la fiscalía, cuatro empresas fueron las principales receptoras de amplias sumas de dinero de manera indebida durante el gobierno de Milei. Se trata de: Droguería Profarma, Droguería Génesis, Droguería New Farma y Droguería Floresta. Picardi sostiene que Spagnuolo, como titular de la ANDIS:
“Permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios; en detrimento del erario público y de los principios que guían la administración de recursos estatales. Todo lo cual, lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”.
La fiscalía acreditó cómo Spagnuolo coordinó el pago de 5 millones de pesos en efectivo con Miguel Ángel Calvete, un multifacético empresario relacionado a laboratorios y acusado de actuar como el jefe de la asociación ilícita que está investigando.
El fiscal llegó a pedir la detención de Spagnuolo el 13 de noviembre pasado, pero Casanello la rechazó porque consideró que estuvo a derecho durante todo el proceso. Más allá de eso, la agencia, según el fiscal:
“Fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia; como una ventanilla de pagos con sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los/as funcionarios/as al mando; y, además, como una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos/as con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.
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Cómo sigue el caso después de las declaraciones
Spagnuolo fue el tercer acusado en presentarse ante la Justicia, y el tercero en optar por el silencio. Antes que él declararon Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS durante el macrismo, al que la fiscalía considera uno de los jefes paraestatales que tuvo la agencia y está relacionado al laboratorio Roche.
Atchabahian fue detenido y trasladado a declarar el viernes pasado, convirtiéndose en el único acusado que Casanello avaló detener en el marco de esta causa. En la actualidad está con prisión domiciliaria.
También declaró Miguel Ángel Calvete, a quien la fiscalía sindica como “el jefe de una asociación ilícita” que funcionó en la ANDIS. Calvete está detenido en el marco de otra causa por facilitar la prostitución y fue trasladado al juzgado de Casanello a declarar el martes, aunque también eligió el silencio.
Está vinculado a “múltiples droguerías y firmas proveedoras de insumos PACBI, en particular a INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A.”, según el fiscal: “Tenía vinculaciones e influencia directa con Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, a quienes consultaba por pagos que debían ser dispuestos desde la ANDIS y con quienes se reunía”, añadió Picardi.
Su hija, Ornella Calvete, era Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el 1 de septiembre de 2024. Renunció este miércoles en medio del escándalo, tras el hallazgo de cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas, en su vivienda durante un allanamiento realizado el 9 de octubre.
La ronda de indagatorias del caso ANDIS continuará este jueves y se extenderá hasta diciembre. Están programadas al menos 12 citaciones más. Entre los convocados se encuentra Daniel Garbellini, quien estuvo a cargo de la dirección Incluir Salud hasta el 21 de agosto pasado, cuando fue eyectado al estallar el escándalo.
De acuerdo a la acusación fiscal, Garbellini “recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”.
Desde su cargo “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión” y “accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos”.
“Incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”, dice. Para Picardi, tanto Spagnuolo como Garbellini “garantizaron que la ANDIS funcionara como una agencia al servicio del interés privado”.
También están citados Eduardo “Pino” González, acusado de ser el articulador “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”, y Lorena Di Giorno, otra de las sindicadas como articuladora y que respondía a Calvete. Ambos serán indagados el 28 de noviembre.
El 1 de diciembre declarará Roger Grant, hasta esta semana Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”.
El 2 de diciembre lo harán Luciana Ferrari, exempleada de la ANDIS que actualmente trabaja en el laboratorio Roche, y Federico Santich, gerente y accionista de Profusión S.R.L. El 3 de diciembre declarará Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete y señalada como encargada de determinados pagos.
El 4 de diciembre será el turno de Patricio Rama, exempleado del Ministerio de Desarrollo Social vinculado a las droguerías Génesis S.A. y New Farma S.A., y Ruth Lozano, socia de Calvete en INDECOMM S.R.L. y Presidenta de Droguería Profarma S.A.
Finalmente, el 5 de diciembre declararán Andrés Arnaudo, Presidente de Droguería Genesis S.A.; Silvana Escudero, Presidenta de New Farma S.A. y hasta septiembre de 2024 Presidenta de Droguería Floresta S.A.; y Alejandro Fuentes Acosta, Presidente de Droguería Floresta S.A. y pareja de Escudero.
A este grupo se suman otros 8 acusados que aún no fueron convocados a indagatoria pero que podrían ser llamados en cualquier momento. Entre ellos se encuentran Sergio Mastropietro, dueño de Baires Fly y exsocio de Fred Machado, el argentino extraditado a Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos.
La fiscalía investiga si Calvete blanqueó el dinero obtenido de la ANDIS a través de Mastropietro.
El exmarido de Reichardt recibió 230 mil dólares de Fred Machado, según los registros contables del narcotraficante
Spagnuolo no será arrepentido: alivio para Casa Rosada
D’Alessandro adelantó que su defendido no se presentará como arrepentido en el expediente. “No teme quedar detenido. Es víctima de un delito”, aseguró. Aunque negó cualquier participación de su cliente en maniobras ilícitas, el abogado reconoció que el sistema de recaudación existía, pero insistió en que Spagnuolo “no formaba parte” de ese circuito.
Es un alivio para el gobierno de Javier Milei, que guarda un estricto silencio respecto de la causa ANDIS. La investigación por corrupción se convirtió en uno de los escándalos más graves que atraviesa la administración actual, con un mecanismo de recaudación con sobreprecios millonarios en la compra de medicamentos que podría alcanzar los 43 mil millones de pesos.
En la Casa Rosada sostienen que no hay elementos que comprometan al Presidente ni a su hermana, Karina Milei, quien quedó mencionada tras la filtración de audios atribuidos a Spagnuolo en agosto pasado y quien también es mencionada en el escándalo de $LIBRA, otro expediente que involucra más de cerca al mandatario.
En cuanto al caso ANDIS, vale mencionar que el último dictamen del fiscal Picardi no la compromete directamente, pero deja expuesto un entramado de recaudación que coloca en una posición incómoda a las máximas autoridades de cada área.
Según el expediente, Calvete tenía anotaciones donde se refería a personas con las siglas “KM”, lo que podría implicar una referencia directa a la Secretaria General de la Presidencia. Además de Karina Milei, la investigación podría alcanzar a otros sectores del oficialismo, como los Menem y el ministro de Salud, Mario Lugones, hombre cercano a Santiago Caputo.
En medio de la investigación, El Destape realizó un pedido de información pública a Casa Rosada que destapó otra situación llamativa: el gobierno informó que Spagnuolo no llevó un registro formal de las reuniones que mantuvo durante su gestión.
Esto, pese a que existe un Registro Único de Audiencias que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a registrar toda audiencia. También afirmaron que no cuentan con registros formales de ingresos al edificio de la ANDIS.
La tranquilidad del gobierno llama la atención en medio de la gravedad del caso. De hecho, mientras Spagnuolo ingresaba a los tribunales de Comodoro Py para su indagatoria, el Presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada al cantante italiano Andrea Bocelli, a quien condecoró con la Orden de Mayo.
