Presentaron una denuncia contra Alejandra Monteoliva por incitación a la violencia y discriminación contra la comunidad universitaria, a la que intentó asociar con actos de violencia durante la marcha federal. Además, la ministra acusó a los manifestantes de “sedición y terrorismo“.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por incitación a la violencia y discriminación contra la comunidad universitaria, tras la represión durante la marcha federal que reclamaba al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiamiento.
La denuncia se originó en una publicación de la funcionaria en redes sociales. Este fin de semana, Monteoliva volvió a referirse a lo ocurrido y habló de “sedición y terrorismo” en los incidentes, en línea con los dichos del libertario sobre supuestos “terroristas” disfrazados de estudiantes y profesores.
Incitación a la violencia y discriminación
La presentación se hizo en los tribunales federales de Comodoro Py. Los autores son los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano.
Cuestionan un mensaje publicado en X el 15 de octubre de 2026, a las 18.20, en el que la ministra difundió imágenes de disturbios con la frase: “Así los universitarios reclaman sus derechos“. Junto al comentario, la ministra incluyó un video de personas causando disturbios durante la Quinta Marcha Universitaria.
Según los denunciantes, el posteo fue más allá de la crítica a hechos puntuales y asoció al conjunto de la comunidad universitaria con la violencia. Vale mencionar que la movilización estuvo marcada por la presencia de infiltrados, que incluso violentaron a medios como C5N, que respaldaba el reclamo.
En el escrito sostienen que Monteoliva vinculó el reclamo por el presupuesto educativo y la Ley de Financiamiento Universitario de manera “generalizada, arbitraria y temeraria” con “la delincuencia y la violencia”.
Objetan en particular la expresión “así los universitarios”, que a su juicio “despoja de individualidad a los autores de cualquier desmán e imputa una conducta criminal a la totalidad del colectivo estudiantil, docente y no docente de las universidades públicas del país”.
Piden que se investigue si la publicación encuadra en tres normas: el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal (incitación a la violencia colectiva) y el artículo 248 (abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público).
Argumentan que el mensaje salió de la máxima autoridad nacional en seguridad interior, lo que podría generar un riesgo para el sector universitario. Invocan además jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Ley de Ética Pública 25.188. Señalan que atribuir hechos violentos a un colectivo sin identificar responsables “tensiona la presunción de inocencia”.
Como medidas de prueba, ofrecieron una captura del posteo y pidieron certificar la URL mediante constatación notarial o peritaje informático. También solicitaron un oficio a X Corp. para obtener datos sobre la titularidad de la cuenta, los registros de acceso y las direcciones IP.
Los tres abogados, graduados y docentes de la Universidad de Buenos Aires, pidieron además ser considerados víctimas según la Ley 27.372. La causa quedó radicada en el juzgado federal 2, a cargo de Sebastián Ramos.
Infiltrados, 30 detenidos y 550 heridos: Milei frenó la marcha universitaria a fuerza de represión
Se suma a la denuncia de la CPM
En paralelo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por el operativo desplegado el jueves 15 de octubre frente al Congreso. El organismo pidió investigar tanto a los funcionarios políticos responsables como a quienes ordenaron, dirigieron y ejecutaron el procedimiento. La causa también quedó en el juzgado de Ramos.
Según la CPM, las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad actuaron “de manera planificada, ilegítima e indiscriminada“. Su informe indica que la represión duró más de tres horas y dejó más de 550 personas afectadas y heridas por gases lacrimógenos y químicos, postas de goma y agua a presión de camiones hidrantes.
Contabilizó además más de 120 granadas de gases lacrimógenos y alertó sobre disparos de postas o municiones químicas en dirección horizontal o hacia el cuerpo de las personas.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que monitoreó el operativo junto con la CPM y el mecanismo porteño, advirtió sobre un “uso abusivo y desproporcionado de la fuerza“.
También informó que los elementos utilizados alcanzaron a manifestantes, transeúntes, periodistas, equipos de primeros auxilios y representantes de organismos de derechos humanos. Registró más de 30 detenciones de adultos y la aprehensión de dos adolescentes, de 14 y 17 años, y continúa documentando posibles vulneraciones de derechos.
La CPM estimó que participaron cerca de 800 efectivos. Más de 40 organizaciones, entre ellas el CELS, pidieron la intervención de relatorías de la ONU y del Comité de los Derechos del Niño.
El domingo, en diálogo con LN+, la ministra redobló la apuesta. Aseguró que “en la marcha universitaria hubo disturbios de los violentos de siempre“. Los atribuyó a “grupos anarquistas y de izquierda” y aseguró que hubo “sedición y terrorismo”.
