El gobierno de Javier Milei desplegó un brutal operativo represivo contra quienes se manifestaron en la Quinta Marcha Federal Universitaria, que terminó con cientos de heridos y al menos 30 detenidos, entre ellos, dos menores. Además, el ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes.
El jueves 15 de octubre se realizó la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, una convocatoria masiva que en ninguna de sus ediciones anteriores había registrado hechos de violencia.
Esta vez la jornada terminó de otra manera: el gobierno de Javier Milei envió a las fuerzas de seguridad a reprimir a los manifestantes, en medio de la concentración y del acto central, poco después de que lograra hacer caer la sesión en la que la oposición buscaba discutir el DNU 70/23.
El saldo fue de al menos 30 detenidos y unas 550 personas asistidas por los efectos de los gases y de las balas de goma, según el registro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). A eso se sumó un anuncio posterior: el Ministerio de Seguridad informó que denunciará a los participantes.
Uno de los episodios más llamativos fue la aparición de infiltrados. Un grupo de encapuchados comenzó, en torno a las 16 horas, a lanzar piedras y a incitar a la violencia, y su accionar terminó siendo la excusa del oficialismo para justificar el operativo.
Más de 3 horas de represión frente al Congreso
La movilización, convocada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores con el apoyo de organizaciones sociales, gremios y sectores políticos, tuvo como lema “por la educación, la soberanía y la democracia”.
Participaron la CGT, las dos vertientes de la CTA, la UTEP, agrupaciones de izquierda, la UCR y el Movimiento Derecho al Futuro que encabeza el gobernador Axel Kicillof (quien también estuvo presente en la marcha), entre muchos otros espacios.
La protesta coincidió con la sesión de Diputados convocada para intentar rechazar el DNU 70/23. Esa sesión se cayó por falta de quórum y, hasta ese momento, la concentración se desarrollaba sin problemas, pero antes de que comenzara el acto central, las fuerzas federales avanzaron sobre la multitud con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.
En el operativo participaron la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con asistencia de la Policía de la Ciudad. Los efectivos actuaron detrás de un vallado que rodeaba por completo el edificio legislativo.
El sector donde más se sintió la represión fue la esquina de Rivadavia y Callao, mientras el acto central seguía en marcha. Sin embargo, el despliegue llegó hasta la avenida 9 de Julio. La represión se extendió por más de tres horas bajo la lluvia.
La CPM, que tuvo equipos propios en el lugar, detalló el arsenal utilizado. Sus integrantes contabilizaron “más de 120 granadas de gas lacrimógeno”, cientos de disparos con postas de goma y con postas de gas químico, gas pimienta y miles de litros de agua lanzados por dos camiones hidrantes.
Entre los afectados había 16 integrantes de su propio equipo de monitoreo y dos del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura porteño. También resultaron alcanzados unos 50 trabajadores de prensa y al menos 20 miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios. A ellos se suman jubilados, empleados legislativos e incluso diputados.
Las consecuencias se vieron en la calle. Una mujer identificada como Andrea contó ante los móviles periodísticos que le había caído en la cabeza un elemento vinculado al uso de gases: “Me cayó la cosa del gas en la cabeza, no sé cómo estoy, tengo que ir al hospital”.
La cifra de arrestos se actualizó a lo largo de la jornada. Un primer balance indicaba seis detenidos por parte de la Policía de la Ciudad. Entre ellos había un chico de 14 años y un adolescente de 17. Luego el número ascendió a al menos 30 personas, bajo la excusa de “atentado y resistencia a la autoridad”.
Desde el Congreso, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, bajó del recinto para denunciar lo que ocurría afuera. “La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, dijo.
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Infiltrados: La excusa perfecta de Monteoliva
El segundo elemento central de la jornada fue la presencia de un grupo de encapuchados. Según las imágenes de la jornada, usaban herramientas y masas para romper baldosas y bancos de la plaza, y luego arrojaban los restos contra los uniformados. También intentaron vulnerar las vallas del perímetro. Los propios manifestantes denunciaron que se trataba de infiltrados que habían comenzado a atacar a las fuerzas de seguridad.
No es la primera vez que se advierte la presencia de personas ajenas a la convocatoria que causan destrozos. Es una situación recurrente ya denunciada en varias oportunidades: que buscan provocar incidentes y generar las condiciones para una intervención represiva. Pero en este caso la situación resultó más notoria, porque en ninguna de las marchas universitarias anteriores había habido hechos de violencia.
El episodio más grave que quedó registrado fue la agresión al equipo de C5N. El movilero Adrián Salonia y el camarógrafo Carlos Sjodin cubrían la marcha cuando filmaron a un hombre encapuchado que sacaba bolsas de su mochila. Cuando le acercaron el micrófono, el sujeto gritó: “Tomatela, tomatela“. Luego, le pegó al camarógrafo en el labio.
“Le pegaron al cámara, está sangrando“, informó Salonia al estudio, y agregó: “Le pegaron en el labio, no sabemos quiénes son“. El movilero contó después que el agresor había vuelto: “vino por atrás, con toda la impunidad, pegó y volvió”. En ese segundo regreso le gritó al micrófono: “La violencia ejercida contra la Policía es legítima, dejá de escrachar a los compañeros“. Luego se retiró.
“Esta movilización no es esto, la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización“, denunció uno de los manifestantes que presenció el hecho. Otro de los presentes remarcó que el atacante no era estudiante.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, usó esos hechos para justificar el operativo. Presentó una denuncia contra las personas que se enfrentaron con la Policía y rn un mensaje en la red social X, acompañado por un video con personas encapuchadas, escribió:
“Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley”.
Sin embargo, en ninguna de las convocatorias universitarias se habían producido hechos de violencia y, vale mencionar, la presencia de las fuerzas policiales era acotada. Sin embargo, en este caso el gobierno estableció un protocolo mucho más grande, lo que da a entender que ya estaba analizando el despliegue represivo incluso desde antes de que la marcha comenzara.
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La represión obligó a cortar el acto universitario
La represión obligó a los organizadores a cortar el acto central antes de tiempo. Cuando leían el documento frente a la multitud, los gases lacrimógenos les provocaron dificultades para respirar y debieron suspender la lectura. Desde el escenario montado en la Plaza del Congreso, denunciaron: “Terminamos este acto con represión“.
El texto, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a gremios docentes y organizaciones estudiantiles, lleva el título “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”.
También lo firmaron la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros. Sostiene que “La universidad pública no es el problema de nuestro país, es parte de la solución” y apuntó contra el Ejecutivo por asfixiar a las casas de estudio con el presupuesto más bajo de la historia, además de congelar becas y deteriorar salarios.
Exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y recuerda que tanto el Poder Judicial como el Congreso avalaron su vigencia, mediante medidas cautelares y leyes que obligan al Ejecutivo a aplicarla de inmediato. También pide derogar el DNU 70/23 y cuestiona la “voluntad de gobernar por decreto”.
Para los firmantes, el incumplimiento “nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano“. Y agregan que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social.”
El documento advierte además sobre el “riesgo institucional” de las universidades y afirma: “Convergemos con el gran reclamo ciudadano que ha adquirido un carácter de urgencia y que es la derogación del DNU”.
Denuncia que el proyecto de Presupuesto 2027 del Ejecutivo destina a las universidades menos del 1% del PBI y no contempla las partidas de la ley de financiamiento.
Frente a eso, respalda la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% respecto al texto oficial. Las organizaciones señalaron que las universidades “están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.
El texto también expresa preocupación por el desfinanciamiento del sector científico, el éxodo de investigadores, la caída en el otorgamiento de becas estudiantiles y la paralización de proyectos que ponen en riesgo la soberanía del conocimiento.
Reivindica además los pilares históricos del modelo universitario argentino: la gratuidad, la autonomía, el cogobierno, el ingreso irrestricto y la territorialidad inclusiva, como espacio de movilidad social ascendente y justicia social.
