La CGT evalúa llamar a un paro nacional para el día en el que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. Hasta ahora, el organismo pretendía lograr cambios en el proyecto impulsado por Javier Milei apelando a una estrategia dialoguista.
La Confederación General del Trabajo (CGT) planea llamar a un paro nacional para el día que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral, luego de haber impulsado una estrategia dialoguista durante el debate en el Senado.
La decisión llega después de las fuertes críticas internas por no haber convocado a medidas de fuerza cuando la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei obtuvo media sanción en la Cámara alta con 42 votos contra 30.
Este lunes, la conducción cegetista se reunirá de manera virtual a las 16 para definir la medida, en medio de una creciente presión de sectores internos que reclaman pasar de los discursos y comunicados a acciones concretas. Hasta ahora, la central obrera solo había convocado a una movilización sin detener actividades.
Cristian Jerónimo, uno de los cosecretarios generales de la CGT, adelantó públicamente la decisión: “Están dadas todas las condiciones y el consenso general para un paro general“, afirmó.
El dirigente del sindicato de trabajadores de la industria del vidrio (SEIVARA) señaló que la medida se concretará cuando Diputados trate la otra media sanción y explicó que “los compañeros y compañeras empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva, una reforma negativa para los trabajadores y el pueblo en general”.
La presión interna también se hace sentir desde gremios clave. Abel Furlán, titular de la UOM, anticipó que su sindicato ya definió postura: “Alertados de esta situación nosotros hemos hecho una reunión de nuestro secretariado nacional y hemos decidido ir con un mandato a la CGT a exigir un paro con movilización“.
El líder metalúrgico añadió que la UOM decidió un paro a partir de las 10 de la mañana, como en ocasiones anteriores.
Los gremios agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) -que incluye a la UOM, los aceiteros y las CTA- empujan con fuerza la convocatoria a un paro que coincida con el tratamiento parlamentario.
El artículo que habilita descuentos salariales de entre el 25 y el 50 por ciento en casos de licencias por enfermedad, incluso ante patologías graves, es el punto que encendió más alarmas dentro de los gremios y viene generando un rechazo transversal que excede a la dirigencia gremial.
El oficialismo le dio media sanción a la reforma laboral con la ayuda de los gobernadores dialoguistas
La estrategia del oficialismo para sancionar la ley
Mientras la CGT define su estrategia, el Gobierno nacional acelera el tratamiento de la reforma en la Cámara de Diputados. El oficialismo convocó para el miércoles 18 de febrero a un plenario de las comisiones de Legislación Laboral y de Presupuesto y Hacienda, que conducen los libertarios Lisandro Almirón y Bertie Benegas Lynch.
Durante la jornada, que se extenderá entre las 14 y las 17, expondrán especialistas, representantes de la CGT, la CTA y cámaras empresariales. Finalizadas las exposiciones, se firmarán los dictámenes con la intención de llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, en una sesión especial prevista para el jueves 19 de febrero a las 14 horas.
El Senado giró el proyecto el viernes para que el oficialismo pueda tener dictamen antes de finalizado el período de sesiones extraordinarias. Para esto, el Gobierno nacional prepara un decreto que extiende hasta el 28 de febrero las sesiones, ya que cualquier despacho debe hacerse antes de los diez días de finalizado el período.
Según fuentes parlamentarias, la decisión es avanzar a fondo para tener la ley antes del discurso que el presidente Javier Milei debe dar para el inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. El Gobierno confía en tener los votos y cerrar un mes de extraordinarias exitoso.
En el oficialismo trabajan en la construcción de mayorías Martín Menem, presidente de la Cámara, y Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario. El punto de partida son sus 95 diputados y el acompañamiento habitual del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. Desde ese esquema proyectan superar los 140 votos afirmativos en la votación en general.
La preocupación de La Libertad Avanza es que las complicaciones comiencen en la discusión en particular, y es que incluso sus aliados plantearon cambios en algunos artículos. El diputado del MID Eduardo Falcone sostuvo que “hay aspectos a revisar, como el FAL, la reducción de salarios por enfermedades y las negociaciones por empresa“.
El espacio Provincias Unidas, liderado por la santafesina Gisela Scaglia, anticipó que pedirá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y en el capítulo que crea el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).
Quizás por esto, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, adelantó que está “trabajando” para modificar el artículo que descuenta un porcentaje del sueldo al solicitar una licencia por enfermedad para contemplar aquellas “severas, degenerativas o irrecuperables” y que, en esos casos, se cobre el 100% del salario.
Por otro lado, la expectativa es que tanto el bloque de Unión por la Patria (con sus 93 representantes) y la bancada del Frente de Izquierda (con 4 integrantes) voten contra el proyecto. A ellos se sumaría Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.
300 heridos y más de 30 detenidos, el saldo de la represión durante el debate de la reforma laboral
Los puntos más conflictivos de la reforma laboral
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la modificación del sistema de licencias médicas por enfermedad o accidentes no laborales. El texto aprobado en el Senado propone reemplazar el esquema actual -que garantiza el cobro del 100% del salario durante la licencia- por un sistema escalonado que reduce la remuneración durante el período de recuperación.
Según el artículo 44, el trabajador cobraría solo el 50% del salario si el empleador considera que la incapacidad se originó en una actividad voluntaria y riesgosa para la salud. En los casos en que no exista una conducta riesgosa, el pago sería del 75% del sueldo.
El oficialismo insiste en el ejemplo de lesiones deportivas, pero la ambigüedad en la escritura abre las puertas a que el empleador también presente como conductas riesgosas prácticas cotidianas, lo que anticipa que el artículo aumentará la conflictividad judicial.
La reforma también modifica la base de cálculo de las indemnizaciones por despido. El texto establece que ya no se tomarán en cuenta determinados conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios.
Se fija un tope salarial como referencia: la base remuneratoria no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto en el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.
El proyecto prevé la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará las indemnizaciones por despido con aportes obligatorios de los empleadores. La norma establece una segmentación de alícuotas: las grandes empresas deberán aportar el 1% y las pymes el 2,5%. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, la ANSES dejará de percibir esos ingresos.
En relación con la jornada laboral, se autoriza ampliar la carga diaria de ocho a doce horas, con la condición de respetar un descanso mínimo de doce horas entre jornadas. Para las horas extra, empleador y trabajador podrán pactar un régimen de compensación mediante un banco de horas o a través de francos compensatorios.
La reforma también establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante medidas de fuerza. Los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75%, mientras que los trascendentales deberán asegurar el 50%. Una vez finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza.
Con el margen de tiempo acotado por los feriados de Carnaval y la intención oficial de llevar la iniciativa al recinto el jueves próximo, la decisión que tome la CGT este lunes puede marcar el tono del conflicto en las semanas que vienen y definir si la central obrera logra articular una respuesta contundente antes de la sanción definitiva de la reforma.
