La Justicia Federal dispuso el congelamiento de bienes muebles e inmuebles y activos financieros de Hayden Davis, una de las figuras centrales en el lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda promocionada por Javier Milei y que resultó ser una estafa multimillonaria.
La justicia federal argentina dispuso medidas cautelares contra el empresario estadounidense y operadores de criptomonedas involucrados en la estafade $LIBRA, la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei que colapsó en febrero de 2025, dejando pérdidas estimadas entre 100 y 120 millones de dólares para cientos de inversores.
Puntualmente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de bienes muebles e inmuebles y activos financieros de tres personas vinculadas al esquema de la criptomoneda.
La resolución judicial alcanza al empresario Hayden Davis, identificado como figura central en la operación, y a dos operadores de criptoactivos sospechados de administrar una estructura financiera paralela en el ecosistema cripto.
Los otros dos investigados son Favio Camilo Rodríguez Blanco, de nacionalidad colombiana, y Orlando Rodolfo Mellino, argentino. Ambos aparecen registrados como titulares de billeteras virtuales que presentan movimientos millonarios bajo análisis de la fiscalía.
Esta medida se suma a resoluciones similares adoptadas previamente contra los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del Tech Forum Argentina, donde Milei se codeó con varios de los implicados en la creación y lanzamiento de $LIBRA.
La medida cautelar de “prohibición de innovar” tiene carácter indefinido y busca impedir que los investigados dispongan de fondos o transfieran activos digitales antes de la conclusión del proceso penal.
La decisión responde al pedido del fiscal federal Eduardo Taiano y se fundamenta en un informe técnico elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos junto con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal.
El documento, firmado por María Fernanda Bergalli y María del Carmen Chena, recomendó avanzar con la preservación de bienes para un eventual decomiso. El magistrado consideró cumplidos los requisitos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, dado el riesgo de que los activos sean transferidos o disipados antes de una resolución definitiva.
La resolución judicial dispone notificar la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), que deberá informarla a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y extender el bloqueo a todas las plataformas de criptoactivos que operan en Argentina.
Las investigaciones identificaron a Rodríguez Blanco y Mellino como intermediarios en operaciones de conversión de criptoactivos a dinero fiduciario. Los informes fiscales señalan que estos operadores funcionaron como puentes entre Davis y los dos lobistas argentinos involucrados, facilitando transferencias millonarias que conforman la ruta del dinero bajo investigación.
Según los documentos analizados por la fiscalía, Rodríguez Blanco aparece vinculado a operaciones que coincidieron temporalmente con movimientos de dinero en efectivo relacionados con la apertura de cajas de seguridad atribuidas a Novelli.
Un ejemplo de esto ocurrió el lunes 17 de febrero, cuando la hermana y la madre de Novelli retiraron bolsos de una sucursal del Banco Galicia horas después del colapso de $LIBRA. Ambas fueron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.
Por su parte, Mellino intermedió directamente entre Davis y los demás investigados en fechas significativas. Los registros muestran que Davis transfirió 507.500 dólares a través de la plataforma Bitget apenas 42 minutos después de que el presidente Milei publicara una selfie junto al empresario estadounidense el 30 de enero.
Los documentos fiscales sugieren que estas transferencias “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos” y que los intermediarios habrían actuado como “rampas de salida a dinero fiduciario” para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar a los receptores finales, quienes permanecen sin identificar.
Revelan que el creador de $LIBRA realizó transferencias millonarias el día que se reunió con Javier Milei
Los vínculos entre Davis, Novelli y Milei
Cabe recordar que la investigación reveló conexiones entre el empresario estadounidense y el círculo más cercano al presidente. Documentos judiciales exponen vínculos entre Davis y Javier Milei, incluyendo transferencias millonarias que coinciden con reuniones en la Casa Rosada y planes de los lobistas para “monetizar la imagen del Presidente”.
Tres meses antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Novelli y el presidente Milei evaluaron la posibilidad de generar proyectos para “monetizar la imagen del Presidente” con el objetivo de obtener ganancias millonarias para ambos, según fuentes conocedoras de las deliberaciones en la Quinta de Olivos.
El lobista argumentó que la imagen del líder libertario constituía un “activo personalísimo” que podía ser utilizado libremente, supuestamente, sin vulnerar la Ley de Ética Pública ni el decreto 41/99.
Sin embargo, en la propia reunión en Olivos, el entonces abogado personal del Presidente, Diego Spagnuolo, planteó objeciones a la propuesta, alertando sobre posibles conflictos de interés. Meses después, Spagnuolo quedó implicado en el escándalo de coimas en ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
La situación alcanzó su punto más crítico con mensajes de texto atribuidos a Davis que salieron a la luz. En estos mensajes, el empresario alardeó de sus vínculos y poder: “Le envío $$ a su hermana [por Karina Milei] y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura”, escribió a fines de 2024, sugiriendo el lanzamiento de otro criptoactivo enfocado en Argentina: $MILEI.
La comisión investigadora del Congreso identificó información relevante sobre un presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Davis y Javier Milei.
Los datos aportados por las plataformas exchange permitieron identificar una billetera virtual que recibió transferencias por 300.000 y 250.000 dólares, en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto contrato.
Una parte de esos fondos (USDC 30.897) fue transferida a Mauricio Novelli, socio central en la operatoria de $LIBRA, mientras que el resto del dinero se distribuyó entre distintas billeteras, presumiblemente para romper la trazabilidad de los fondos.
Paralelamente al avance de la justicia argentina, en Estados Unidos los inversores afectados ampliaron una demanda colectiva (class action) en Nueva York contra Davis, la plataforma Meteora y su referente Benjamin Chow, acusados de liderar una “auténtica fábrica de fraude”.
La presentación judicial invoca la RICO Act, ley que penaliza el crimen organizado, al sostener que los fraudes de $M3M3 y $LIBRA no fueron episodios aislados sino que conforman un mismo patrón de actividad delictiva continua.
Según los demandantes, el modus operandi fue un “manual de estafas” que combinó maquinaria promocional engañosa y el control secreto del mercado para ejecutar un “vaciamiento coordinado” (rug pull), despojando de millones de dólares a inversores minoristas.
La acusación señala a Chow como el “arquitecto técnico” de la operación. El futuro de esta demanda colectiva está en manos de la jueza federal Jennifer Rochon, en un caso que podría convertirse en un hito de los fraudes cripto transnacionales.
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La comisión investigadora de $LIBRA
Mientras la justicia federal avanza con las medidas cautelares, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso $LIBRA celebró su última reunión informativa el viernes antes de la presentación del informe final, programada para el 18 de noviembre a las 16 horas.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, informó que los legisladores presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir la decisión judicial que impidió citar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo por la fuerza pública.
La decisión fue avalada a fines de octubre por la Cámara Federal, lo que motivó que los diputados busquen la intervención del máximo tribunal antes de la redacción final del dictamen. Ferraro indicó que “la presentación del recurso extraordinario ante la corte suprema de justicia, estando dentro de los diez días hábiles previstos posteriores al fallo de apelación”.
El artículo 8º del reglamento de la comisión, que establecía que se podía contar con el auxilio de la Policía para trasladar a los que se resistieran a las citaciones del Congreso, terminó siendo letra muerta tras la decisión judicial.
Los legisladores anunciaron que presentarán denuncias por mal desempeño, falta de colaboración e incumplimiento de los deberes públicos contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.
La bronca de los congresistas se debe a que tanto el magistrado como el fiscal les negaron acceso a la causa, algo que la oposición consideró una obstrucción al desempeño de la comisión.
“Vamos a llevar adelante todas las acciones institucionales para denunciar el entorpecimiento que sufrimos por parte del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el ejercicio de nuestras funciones y potestades constitucionales”, adelantó Juan Marino, miembro de la bancada de Unión por la Patria.
Las denuncias también alcanzarán a funcionarios del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la ex jefa de la UTI creada por el gobierno, Florencia Zicavo; el presidente de la CNV, Roberto Silva; el responsable de la UIF, Paul Starc; y Sergio Morales, el primer funcionario en renunciar tras el escándalo.
En el informe final, cada bloque expondrá si Milei tuvo responsabilidad en la estafa ocurrida el 14 de febrero pasado, cuando el presidente publicó y fijó un tuit promocionando la criptomoneda. Tras la publicación presidencial, $LIBRA creció desmedidamente de inmediato y poco después se desplomó, dejando sin nada a cientos de inversionistas que perdieron millones.
La única legisladora libertaria que participó el viernes fue Alida Ferreyra, quien acusó a sus adversarios de “desnaturalizar” el rol del Congreso. “Avasallan la jurisdicción natural de los jueces y terminan entorpeciendo la investigación y pueden frustrar una estrategia judicial”, dijo.
Marino pidió la incorporación de un estudio de Fernando Molina, experto en blockchain, para nutrir el informe final. Esa pieza plantea que de las 140 mil billeteras que operaron en la estafa $LIBRA con criptomonedas, se registra que hubo 36 que alcanzaron una ganancia superior al millón de dólares, mientras que más de 114 mil registraron pérdidas.
Sabrina Selva pidió que se incorpore al expediente cualquier información relevante que llegara después de la elaboración del dictamen, por eventuales demoras de las respuestas ante los oficios librados por la comisión. Ferraro autorizó a la secretaría administrativa “a incorporar al expediente toda información y documentación que ingrese con posterioridad al 10 de noviembre”.
