El oficialismo no logra controlar el caos dentro de la bancada libertaria en medio del escándalo por la visita a los genocidas, y el Diputado Carlos D’Alessandro aseguró que está dispuesto a apoyar sanciones contra los implicados.
A mediados de julio se conoció la visita de seis Diputados Nacionales de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason, que cumplen condenas a prisión perpetua por crímenes de Lesa Humanidad.
El encuentro se llevó adelante el pasado 11 de julio y fue organizado por el entrerriano Beltrán Benedit, quien fue acompañado por los diputados Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.
Ante el rechazo generalizado de los demás miembros del Congreso, el vicepresidente de YPF Guillermo Garat y el consultor Rodrigo Lugones comenzaron a couchear a los legisladores implicados. Se trata de dos hombres asociados al asesor presidencial Santiago Caputo.
Hasta el momento, el encargado de hacer la tarea de control de daños corría por cuenta del Presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pero el riojano prefirió concentrar sus esfuerzos en desligarse de la situación.
En medio del escándalo, Diputado libertario Carlos D’Alessandro amenazó con un pedido de sesión antes de la última reunión de bloque, y adelantó en una entrevista que está dispuesto a apoyar el pedido de sanciones contra los implicados en la visita.
El relato libertario sobre la visita
A medida que la posibilidad de que Unión por la Patria consiga los apoyos para llevar adelante una sesión informativa en la que los legisladores tengan que rendir cuentas, los socios de Caputo elaboraron un relato alternativo sobre la visita.
La excusa sería que el motivo original de la visita fue entrevistarse con mujeres embarazadas que se encuentran detenidas en el penal de Ezeiza. Al respecto, cabe señalar que, aunque Ezeiza cuenta con 8 pabellones para adultos mayores y 10 para mujeres, se trata de dos sectores separados.
Tampoco ayudó el descargo de Benedit, quien en medio del escándalo reivindicó el viaje y aseguró que fueron a ver “excombatientes contra la subversión marxista“.
Lo cierto es que la escapada generó fastidio en Casa Rosada, e incluso hay rumores sobre la posibilidad de impulsar la salida de alguno de los implicados para calmar la situación, que no solo causa problemas al exterior del espacio, sino también al interior del bloque.
Lo que fue motivo de alarma dentro del oficialismo fue la campaña de D’Alessandro para juntar firmas con el objetivo de pedir una sesión especial para este miércoles dedicada a tratar proyectos de repudio contra Nicolás Maduro.
La propuesta obtuvo el apoyo de siete Diputados de La Libertad Avanza y ocho pertenecientes al resto de las bancadas. En este contexto, el temor de Menem era que la oposición utilizara la apertura del recinto para exigir explicaciones sobre el viaje a Ezeiza.
Por eso el riojano se reunió con el legislador puntano el martes para desactivar el peligro. Sin embargo, en el Congreso reconocieron que “fingimos demencia pero Menem ya sabe que el puntano lo puede joder“.
El escándalo por la visita de diputados a genocidas sigue escalando y los libertarios quedaron al borde del quiebre
Temor por la postura de D’Alessandro
Desde el entorno de Menem negaron tensiones durante el encuentro, pero lo cierto es que la relación entre el riojano y D’Alessandro transita su peor momento desde que le negó un lugar en la Bicameral de Inteligencia, que finalmente quedó en manos de César Treffinger (hombre de su confianza, junto a Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz).
La postura de D’Alessandro genera temores en el bloque, ya que este jueves anunció que estaría de acuerdo en sumarse a la ofensiva del peronismo en caso de que impulse la creación de una comisión para evaluar las responsabilidades de los Diputados que visitaron a los genocidas.
“Si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar, porque creo que cabe para nosotros y cabe para ellos también“, comentó durante una entrevista, y expresó que fue “un infortunio haber ido a visitar a los represores y haberlos escuchado a los diputados de La Libertad Avanza defender a los represores”.
“Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueda hacer al Poder Legislativo y, si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar“, indicó.
A la presión del puntano se suman las críticas del jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, y el diputado por el MID Eduardo Falcone, así como el descontento de Miguel Pichetto, que viene cuestionando la falta de rumbo en Casa Rosada.
Aunque desde el bloque que lidera Germán Martínez pretende lograr la expulsión de los implicados, saben que en el peor de los casos permitiría desgastar a los libertarios haciendo públicas las críticas contra la bancada.
En medio de la amenaza de una ruptura en el bloque de La Libertad Avanza, Ritondo y Oscar Zago conversan para crear un interbloque que podría ser el destino de los Diputados descontentos con Menem y Bornoroni.
Contradicciones, excusas y descontento dentro del bloque
Los dichos de Bonacci durante el fin de semana también desbarataron el relato que los socios de Caputo intentaron construir. La Diputada sostuvo una entrevista en el canal Somos Rosario donde remarcó que:
“La visita se convocó desde una combi oficial y eso se hace desde la Cámara, realmente tiene un OK dado desde Presidencia o la misma gestión. Porque, sino no te habilitan un vehículo para ir a donde vos quieras, porque lo podés usar para ir a pasear”.
“Aparentemente tenía el OK de Martín Menem y de Casa Rosada”, señaló, echando por tierra la pretensión del titular de la Cámara baja de desligarse del asunto.
Además, la legisladora aclaró que el motivo de la visita había sido visitar a los represores condenados por crímenes de Lesa Humanidad y reconoció que durante las charlas se habló de concederles prisión domiciliaria.
“Una cuestión que se charló demasiado es que hay presos por crímenes de lesa humanidad que tienen más de 70 años, ese fue básicamente el motivo central de la charla”, señaló, aunque aseguró que ella se negó a ser parte de la reunión y denunció “un engaño” por parte de Benedit.
Según ella, el Diputado no le “proporcionó una información completa del objetivo real de la visita” y que “googleó los nombres” ya de camino al penal. Al respecto, explicó:
“Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque y no entró más en detalle que en decir que una visita humanitaria, que era muy importante que fuéramos y que era muy lindo“.
Finalmente, expresó que le comunicó su rechazo a Menem y señaló que, aunque quiere ser “orgánica”, le genera “mucho malestar estar dentro de este bloque de esta manera“. Sobre su posible salida, comentó que “no es algo que haya definido pero lo estoy pensando“.
Entre tanto, desde el entorno de Arrieta intentaron defenderla diciendo que “nació en 1993 y a gatas sabe quién es Astiz” y que tuvo que “googlear” el nombre porque no lo conocía. Sin embargo, ella fue una de las que apoyó la arenga de Benedit, escribiendo: “Señores, tengo 31 años y quiero conocer la verdad de primera mano, que no me la cuenten como nos lo contaron durante 20 años fácil”.
La “versión oficial” de la bancada oficialista corrió por cuenta de Guillermo Montenegro (quien hasta hace poco era cercano a Victoria Villarruel). Según él, el objetivo de la reunión había sido reunirse con “los directores del penal”, dichos que contrastan con la versión sobre la visita a presas embarazadas.
María Fernanda Araujo también desbarató el relato construido por los socios de Caputo. Según explicaron legisladores que participaron de la última reunión de bloque, la libertaria “admitió todo y contradijo a Montenegro“.
“Son todos una manga de mentirosos y se creen que somos todos pelotudos“, habría dicho el sanjuanino José Peluc ante la situación.
El objetivo de la visita a Ezeiza
Finalmente, cabe señalar que si bien Benedit blanqueó que la intención de la visita era impulsar un proyecto para que se dicte prisión domiciliaria a los genocidas mayores de 70 años, esta era una promesa que había realizado la propia Villarruel.
De hecho, en marzo se había por vía judicial a través de la Cámara de Casación, aunque finalmente fracasó, y había sido impulsada por los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, defensores del militar Diego Chemes.
Finalmente, el rechazo a las domiciliarias salió este año con las firmas de Mariano Borinsky, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.
