A contramano de lo estipulado por el Código Penal y lo resuelto por el juez Martínez de Giorgi, los magistrados de la Cámara Federal decidieron procesar a los integrantes de Revolución Popular por “incitación a la violencia colectiva“, alegando que los actos del grupo no tienen “la entidad para ser considerada una asociación ilícita”.
Además, a pesar de lo expresado en el expediente de la causa, los cortesanos insistieron en que los actos de violencia de la organización liderada por Jonathan Morel no están relacionados con el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el contexto de la investigación por amenazas de muerte contra Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Máximo Kirchner, los miembros de la agrupación habían sido detenidos en octubre de 2022. Sin embargo, posteriormente la Cámara Federal ordenó liberarlos.
Luego, el Juez Martínez de Giorgi resolvió su procesamiento por pertenecer a un grupo dedicado a “imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor“. Un delito cercano al terrorismo.
En ese sentido, el magistrado había señalado que Jonathan Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile “realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio” y “declaraciones violentas en contra de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes”.
Aunque este jueves el Tribunal de Apelaciones confirmó el procesamiento, los jueces de la sala I Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron cambiar la figura penal a “incitación a la violencia colectiva“. Se trata de un delito menor cuya pena prevista ronda entre los tres y los seis años de prisión.
En su fallo, los magistrados explicaron que “Revolución Federal no parecería poseer en principio“, y “a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución”, “la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías“.
“Sí entendemos que las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados”, continúan, “reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas“.
En ese sentido, apuntaron a “la reducida cantidad de personas convocadas a las manifestaciones“. “A una manifestación habían sido convocadas quince personas, a otra nueve y que a otra habían concurrido cincuenta”.
Según los jueces, el bajo nivel de convocatoria de la organización permitiría “cuestionar el alcance de la peligrosidad que se le intentó otorgar a la agrupación en cuestión“. Aunque aceptaron que:
“Los dichos y actos de Morel, Sosa, Guerra y Basile que conforman la imputación, traslucen una actitud de desprecio frente a la ley y descrédito respecto a las instituciones, a lo cual se suma el tono provocador e imperativo de las alocuciones; todo lo cual demuestra la idoneidad de sus palabras y conductas para generar el peligro requerido por el tipo, resultando indiferente la actitud posterior que los receptores decidieran asumir”.
La resolución también va en contra de lo planteado por la querella de la Vicepresidenta, que sostiene que las acciones de Revolución Federal se enmarcan en una “asociación ilícita”.
La postura de Llorens
Por su parte, el tercer juez, Mariano Llorens falló en disidencia, yendo aún más lejos y asegurando que las acciones llevadas adelante por los integrantes de Revolución Federal estarían amparadas por la libertad de expresión. Por ello, no corresponde que se persigan penalmente.
“La existencia de un puñado de personas protestando frente a la entrada de la calle Villate en la localidad de Olivos”, aseguró al respecto, “más allá del objetable contenido de su discurso, no puede considerarse como una acción capaz de interrumpir un acto de gobierno”. Además, agregó:
“Me permite inferir que con ese tipo de acciones Revolución Federal no tuvo la capacidad de alterar la paz social, más allá de la entidad que quiere darle la querellante, pero que por ahora solo tiene apoyo en el énfasis que le dan los abogados de esa parte en sus alegatos”.
Lazos entre Revolución Federal y el ataque a CFK
Por otro lado, la Cámara Federal rechazó los lazos entre el caso de Revolución Federal y el atentado sufrido por la Vicepresidenta el pasado 1 de septiembre, argumentando que:
“La prueba producida en autos no permite tener por corroborado la generación de efecto alguno derivado de la conducta reprochada a los imputados, descartándose toda aseveración que al respecto se ha efectuado en el auto de mérito apelado”.
“Conforme a la subsunción legal que aquí estamos realizando”, aseguraron Bruglia y Bertuzzi, “nos encontramos con un delito de peligro”, “carente de resultado e independiente de otros hechos con los que pudiera confluir y que se hallen habilitados a tramitar en causas independientes”.
La unificación de ambas causas es otro de los puntos en el que insiste la vicepresidenta, junto con el pedido de que se vuelva a detener a Morel, y se espera que apele la resolución.
Cabe recordar que, en los hechos, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Marcelo Martínez De Giorgi cruzan información sobre los miembros de la agrupación y sobre el dinero recibido por Caputo Hermanos. En este contexto, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los proveedores de la empresa en el edificio de Vaca Muerta.
Aunque Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que enviara el expediente sobre Revolución Federal a María Eugenia Capuchetti (quien investiga el atentado), ni ella ni Llorens estuvieron de acuerdo en unificar las pesquisas.
Contexto de la causa
En el marco de la investigación por el atentado a la Vicepresidenta, se comprobó que Brenda Uliarte (una de las implicadas en el intento de magnicidio), había participado el 18 de agosto en una marcha de antorchas de Revolución Federal frente a la Casa Rosada.
Entre las consignas que embanderaban los manifestantes estaban “reventar la Plaza de Mayo” y “Al kirchnerismo, cárcel o bala“. En este contexto, se lanzaron piedras y bombas molotov.
Luego del atentado del 1 de septiembre, se radicó una denuncia en Comodoro Py en la que se señaló que la organización estaba hablando de atentar contra la democracia e incitar la violencia política contra las autoridades del poder ejecutivo.
“Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”, decían.
Aunque el fiscal Carlos Rívolo y la jueza María Eugenia Capuchetti consideraron que no había elementos para investigar las actividades del grupo junto con el atentado, Pollicita y Martínez de Giorgi ordenaron la detención de los implicados el 20 de octubre. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó liberarlos.
Dos días después, De Giorgi resolvió procesarlos argumentando que al menos desde el pasado 11 de mayo “Jonathan Morel y Leonardo Sosa organizaron una agrupación a la que denominaron ‘Revolución Federal’, en la que Sabrina Basile y Gastón Guerra tomaron parte”.
“Llevaron a cabo un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación”, señaló.
De esta forma, agitaron “un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional” fue el atentado contra CFK. Los procesados apelaron la resolución, e invocaron el derecho a la libertad de expresión. Además, argumentaron que:
“La disolución de Revolución Federal fue algo que ocurrió naturalmente luego del intento de homicidio de la vicepresidenta y como consecuencia lógica de la persecución que se inició desde ese momento”.
