La Cámara de Diputados comenzó a debatir en comisiones el proyecto de ley sobre Abordaje del Crimen Organizado y la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años, que impulsan Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
Finalizó el receso invernal en el Congreso de la Nación, y en este contexto la Cámara de Diputados comenzó este miércoles desde las 12:30 horas el debate en comisiones del proyecto para modificar el Régimen Penal Juvenil y reducir la edad de imputabilidad a 13 años, y la “Ley Antimafias“, expedientes redactados por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
La jornada iniciará con la discusión sobre la edad de imputabilidad, que incluirá una reunión informativa en la que expondrán el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y el director nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto.
Asimismo, las comisiones encargadas de discutir la iniciativa son las de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, presididas Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (La Libertad Avanza) y José Luis Espert (La Libertad Avanza), respectivamente.
Posteriormente, a las 13:30 horas, está agendado un plenario de la comisión de Legislación Penal y Seguridad Interior para el proyecto de ley sobre Abordaje del Crimen Organizado. En este caso, también se discutirá un proyecto de Unión por la Patria para agregar el artículo 23 Bis al Código Penal sobre incautación de armas.
De cara a la discusión de sus proyectos, el oficialismo espera una jornada completa, y que sus bloques aliados no parecen estar dispuestos a darle tratamiento express a los expedientes y el tema divide las aguas en varios bloques.
Cuestionamientos a la Ley Antimafia
Con la Ley Antimafia, Patricia Bullrich propone aumentar las penas para quienes integren una organización delictiva, con el argumento de que esto permitirá desbaratar redes de narcotráfico, pornografía infantil, secuestros y lavado de dineros.
Entre sus considerandos, se explica que se “delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley” y la circunscribe a la “comisión de delitos que involucren tipos penales específicos” como el “tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos”.
A esto se suma que deben estar “verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal“. En este contexto, las penas irían de “ocho a veinte años de prisión o reclusión” por “la mera pertenencia a la asociación“. Es decir, se podrá perseguir penalmente a todos los miembros de una organización por un delito imputado a uno solo de ellos.
Por otro lado, se “fortalecen las facultades a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal” a través del artículo 6, un organismo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, permitiéndole:
“Requerir información a los órganos especializados en la materia de otros Estados, en la medida en que ese requerimiento se vincule con el ámbito de aplicación del proyecto de ley y también, bajo los mismos parámetros, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado“.
Según la ministra, se trata de una herramienta indispensable para combatir el narcotráfico. Sin embargo, desde la oposición colaboracionistas consideran que se le estaría dando facultades excesivas a Bullrich.
En particular, apuntan contra el artículo 5, que dan facultades especiales a las Fuerzas Policiales y de Seguridad para que puedan detener personas por hasta 48 horas antes de avisar a las autoridades judiciales.
Con la figura de “investigación especial“, los habilita a incautar mercadería, realizar requisas, inmovilizar activos, realizar allanamientos e interceptar llamados telefónicos y mensajes sin la autorización de un juez. Entre otras cosas, los legisladores reclaman que el trabajo sea conjunto con las fuerzas provinciales.
Algo similar ocurre con el polémico artículo 6, que que da más facultades a la dirección de Inteligencia Criminal, y que finalmente no sería parte del dictamen.
Ante todo, La Libertad Avanza considera que cuenta con las firmas suficientes de los de los bloques de la oposición para alcanzar un dictamen de mayoría. Entre las excepciones estaría Unión por la Patria, que tiene planeado presentar un dictamen de rechazo.
Por su parte, el radicalismo acompañaría al oficialismo, ya que entre los interesados de que se apruebe la normativa está el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuya provincia se enfrenta a un complejo problema de violencia relacionada con el narcotráfico.
En cuanto a Hacemos Coalición Federal, sobre los liderados por Miguel Ángel Pichetto consideran que “es seguro presenten una disidencia parcial para mejorarlo“. Finalmente, desde la Coalición Cívica no adelantaron su postura al respecto.
Reducción de la edad de imputabilidad
El otro tema a discutir será la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, un tema que genera tensiones incluso con los bloques de la UCR y el PRO. Desde este sector proponen que la edad mínima sea de 14, en línea con el resto de Latinoamérica. Actualmente es de 16 años.
El objetivo es establecer un “régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los trece años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan dieciocho años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Al respecto, cabe recordar que Cristian Ritondo (jefe de la bancada del PRO) había propuesto junto a Diego Santilli un proyecto para situar la edad de imputabilidad en 14 años. Algo similar plantearon el lunes desde el bloque UCR, con un proyecto de la diputada Roxana Reyes.
La iniciativa radical impulsa un régimen especifico para menores de edad que no entre en contradicción con los derechos fundamentales de los adolescentes, de modo que en caso de incurrir en un delito, los menores de 18 años presten servicios comunitarios, reparen el daño, sufran órdenes de orientación y supervisión, tengan libertad asistida y cumplan penas en centros especializados.
“Estas sanciones se ejecutarán con la participación de la familia y de especialistas, buscando siempre la reintegración del adolescente”, agregó Reyes al respecto. Los radicales Carla Carrizo y Manuel Aguirre también presentaron un proyecto en el mismo sentido.
En principio, la UCR admite que el debate en este punto será prolongado y marcan sus discrepancias con la edad planteada en el proyecto oficialismo, aunque creen que La Libertad Avanza cederá a los planteos opositores. “Creemos que se va a quedar en 14, que es lo que firman los organismos internacionales“, comentan desde el bloque.
En Hacemos Coalición Federal están de acuerdo, y plantean que es “excesivo” bajar la edad a 13 años, aunque están de acuerdo en “trabajar un proyecto serio”. Por lo pronto, la reunión será la primera y tendrá un carácter informativo.
