El Procurador Rodolfo Barra habilitó al Poder Ejecutivo a auditar a las universidades públicas a través de la Sindicatura General de la Nación, a pesar de que el Estado ya podía auditarlas a través de la Auditoría General de la Nación, un órgano que depende del Congreso.
El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, emitió un dictamen habilitando a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a retomar las auditorías sobre las universidades, una medida que atenta contra la autonomía universitaria y somete a las casas de altos estudios al control del Poder Ejecutivo.
El gobierno de Javier Milei tomó esta decisión en medio de la escalada del conflicto por el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Ante las protestas, el Presidente viene intentando deslegitimar el reclamo de las casas de altos estudios, acusando a las instituciones de “financiar la mugre de la política”.
En este contexto, Barra modificó una resolución del exprocurador Carlos Zannini, que en 2022 había limitado el alcance de la SIGEN para que no interviniera en las casas de altos estudios con el fin de proteger su autonomía.
Desde entonces, las auditorías corren por cuenta de la Auditoría General de la Nación (AGN), un ente a cargo del Congreso Nacional y que actualmente preside Juan Manuel Olmos. Lo cierto es que nada impedía a este organismo llevar adelante las auditorías.
“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro”, indicó el Procurador en su dictamen, “opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”.
En su fundamentación, agrega que “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.
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Auditorías y autonomía universitaria
Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Milei y sus funcionarios vienen intentando desviar el eje de la discusión con acusaciones de falta de transparencia contra las universidades. La más repetida de ellas es la supuesta falta de auditorías en las casas de altos estudios.
Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) desmintió este argumento en varias oportunidades, remarcando que las instituciones de educación superior tienen sus auditorías internas, cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados.
La Universidad Nacional del Sur (UNS) también se expresó al respecto, remarcando que el 90% del presupuesto se destina a sueldos y la Subsecretaría de Políticas Universitarias (a cargo del Ministerio de Capital Humano) tiene acceso a las listas de personal.
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En cuanto al 10% restante, remarcaron que su uso depende del Consejo Superior de la institución, que se compone por representantes docentes, no docentes y alumnos de la universidad. Además, “el uso de estos fondos está en el balance contable que se presenta cada seis meses a la Contaduría General de la Nación” (que depende del Ministerio de Economía), explicaron.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también explicó cómo funcionan las auditorías internas de las instituciones, remarcando que además de las auditorías internas, existe la auditoría de la AGN, cuyos resultados luego son publicados en las páginas web de cada institución.
🧐¿QUIÉN CONTROLA LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA UNIVERSIDAD?
En la UNS es una determinación de la gestión que la mayor cantidad de datos posibles estén visibles y al alcance de la comunidad.Te contamos dónde están esos datos y cómo son los controles pic.twitter.com/DzMiz8ZM0W
— Universidad Nacional del Sur (@UNS_oficial) October 15, 2024
En otras palabras, las instituciones están sometidas tanto a auditorías internas como externas. Sin embargo, y a contramano de lo que dice la Constitución, el Gobierno Nacional pretende someter a las universidades al control del Poder Ejecutivo, y abre las puertas a la judicialización de la medida.
A pesar de esto, desde el Ministerio de Capital Humano (encabezado por Sandra Pettovello) insisten en que “el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional”.
El papel del PRO
El oficialismo no es el único sector que pretende poner en discusión la autonomía universitaria. Su principal aliado, el PRO (que lidera Mauricio Macri) emitió un comunicado la semana pasada apoyando el veto presidencial.
El texto incluyó varias críticas a la gestión libertaria, a la que criticó que en 10 meses de gobierno “no terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades” y “no constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN”.
Es que, al apoyar el veto, Macri también había hecho referencia a una supuesta falta de transparencia de las instituciones, y luego en el comunicado del partido amarillo cuestionó a los funcionarios de Milei por no derogar la resolución de Zannini del 28 de noviembre de 2022.
De fondo, La Libertad Avanza y el PRO sostienen una disputa por las bancas correspondientes a la minoría parlamentaria en la AGN. Hasta ahora fueron designados los peronistas Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, y el radical Alejandro Nieva, pertenecientes a la Cámara Alta.
En lo que respecta a la Cámara baja, desde Unión por la Patria adelantaron que designarían a Juan Ignacio Forlón, pero las otras bancas deben definirlas el oficialismo, el PRO y los radicales.
Esta disputa detuvo el proceso de auditorías sobre la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste, según el plan 2025 de la AGN.
