Los expedientes judiciales por el atentado contra CFK y las amenazas de Revolución Federal (que Comodoro Py se niega a unificar) exponen que en ambos casos hay claros nexos entre los grupos de odio ultraderechistas y fuerzas de la oposición como el PRO y los libertarios. El financiamiento de los Caputo y la aparición de 50 mil dólares en la casa de un dirigente de RF, en la mira de todos.
La lentitud judicial
Para graficar la desidia del Poder Judicial respecto a uno de los peores atentados contra la democracia desde 1983 solo basta con un dato comparativo: La Corte Suprema tardó unas horas en manifestarse al proyecto de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias, mientras que en más de 50 días no dio respuesta alguna al atentado contra la Vicepresidenta.
Los jueces supremos no reforzaron al equipo de la jueza María Eugenia Capuchetti –quien instruye la causa-, de sacarle provisoriamente la instrucción de los cientos de causas que tiene o permitirle que su juzgado no entre en turno por un par de meses para que se pueda concentrar en el expediente del intento de magnicidio.
Para el máximo tribunal del país -y para Capucheti también- el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner fue un intento de homicidio como cualquier otro, y un atentado contra el orden democrático. Cuando en verdad no se trata de un delito común sino un atentado político.
En el expediente del atentado hay un único fiscal, Carlos Rivolo, y su dotación es la habitual. El resultado es una lentísima investigación en la que, por ejemplo, Jonathan Morel -cofundador del grupo de ultra derecha Revolución Federal (RF)- indicó que empresarios vinculados al macrismo le pagaron 13 millones de pesos para fabricar muebles porque una hermana de un exministro de Mauricio Macri contrató una carpintería, sin historia y sin capacidad para fabricar nada.
Tras dos semanas, no se sabe si los muebles existen o no existen y, especialmente, qué se hizo con el dinero.
La ruta del dinero
A los pagos conocidos, ahora se sumaron otros 50 mil dólares. El dinero fue localizado el jueves pasado en uno de los allanamientos que ordenó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por las amenazas de Revolución Federal. El dinero pertenecía a Leonardo Sosa, uno de los fundadores del grupo que fue detenido junto a Morel.
Por su parte, fue el propio Morel quien en su declaración indagatoria reveló que los fideicomisos vinculados a la familia Caputo -del ex ministro de Finanzas de Cambiemos, Luis “Toto” Caputo- no le pagaron 8 millones y medio de pesos, como se sabía hasta el momento, sino 13 millones.
Los pagos fueron, supuestamente, por trabajos de carpintería. Morel, una socia y su ex pareja abrieron una supuesta carpintería en San Isidro el año pasado. El cofundador de RF reconoció que aprendió el oficio por YouTube.
El jueves 20 de octubre su abogado brindó una entrevista a El Destape Radio y agregó que la carpintería de Morel no realizó los muebles sino que los tercerizó. De esta forma reveló que el joven no hizo ningún trabajo de carpintería.
Como si fuera poco, los trabajos eran para un barrio privado San Vicente y otro para un edificio millonario en Vaca Muerta, provincia de Neuquén.
Hasta el momento, nadie ha podido explicar por qué una de las principales empresas constructoras del país –Caputo Hermanos- contrató a través de dos fideicomisos a una carpintería nueva, sin capacidad de producción, que facturaba por primera vez -la factura para los trabajos era la Nº 1 del talonario y por cifras millonarias- y para realizar trabajos en otra provincia.
Mientras la justicia los investiga, Sosa, Morel, Gastón Guerra y Sabrina Basile, la hija del ex DT de la Selección, continuarán detenidos ya que el juez les rechazó la excarcelación.
Martínez de Giorgi les negó las excarcelaciones porque hay medidas de investigación en marcha que podrían “guardar vinculación” con el atentado a CFK que investiga su colega Capuchetti, que tanto ella como los tribunales de Comodoro Py se resisten a unificar las causas y a vincular a este grupo con el atentado.
La abogada que representa a Guerra, Sosa es Gladys Egui, la letrada que vive junto a Ximena de Tezanos Pinto, vecina de CFK en el edificio de Recoleta donde fue el atentado -quien negó haber tenido participación alguna en el atentado o en las tareas previas de inteligencia-.
El financiamiento a RF no es el único que investiga la Justicia. La expareja de Nicolás Carrizo (detenido y procesado por el atentado), explicó que el 2 de agosto mantuvo un diálogo en el que le aseguró que estaba a punto de comenzar un negocio que le iba a generar un buen ingreso económico, que le permitiría ponerse al día con las cuotas alimentarias de su hijo.
“Ese día que nos vimos me había comentado que le iba a salir un negocio y que iba a estar bien económicamente, que no nos iba a hacer falta nada y tampoco a su otra expareja, con la que tiene un nene de seis o siete años”, describió entrevistada en C5N.
Las declaraciones de la mujer alimentan la sospecha de la querella de CFK que el atentado fue financiado, y que no se trató de la simple iniciativa de delincuentes comunes.
Los vínculos con el PRO y los libertarios
Además del dinero de los Caputo, hay otros nexos entre los atacantes de Cristina y los grupos de odio con la oposición. Uno de los primeros en saltar a la luz fue la aparición de abogados vinculados al PRO.
Al momento de asumir la defensa de Carrizo, el abogado Gastón Marano era asesor del senador de Cambiemos Ignacio Torres en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.
En su página web, Marano también informa que prestó servicios para la embajada de EE.UU.
Junto a Marano trabaja la abogada Brenda Selva quien asesoraba a la diputada nacional de Juntos por el Cambio Karina Bachey.
El “nexo con abogados marketineros”
Por otro lado, en los últimos días se conoció una carta escrita por Fernando Sabag Montiel (el tirador) en la que pidió que un militante de derecha, Hernán Carrol, que está vinculado a Patricia Bullrich y a Javier Milei, le pague un nuevo abogado privado.
“Dejo la defensa en poder a elección del Sr. Hernán Carrol quien dispone de los medios necesarios para la implementación del cargo del nuevo abogado”, escribió Sabag Montiel.
Carrol negó cualquier vinculación con el joven procesado. No obstante, realizó un vivo de Instagram con Brenda Uliarte, la supuesta novia de Sabag Montiel detenida también como coautora del intento de asesinato de Cristina.
Carrol es referente del espacio Nueva Centro Derecha (NCD), que fue candidato a concejal en La Matanza en las listas de José Luis Espert y en las redes sociales se muestra en diversas fotos con Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Javier Milei.
Según el propio Carrol, una vez se comunicó con Uliarte por Instagram, a pocos días del atentado, para hacer el nexo entre Sabag Montiel y “un abogado marketinero” que se había ofrecido a representarlo:
“Unos abogados me preguntaron si conocíamos a esa chica. Le respondimos que no, que estuvo en el vivo (de Instagram) pero nada más”.
Según dijo, lo consultaron porque había “un abogado marketinero interesado para representar gratuitamente (a Sabag), es decir solo por la chapa” que le daría al letrado su aparición en los medios de comunicación. “Y eso fue lo que yo hice, le mandé un mensaje diciendo eso”, explicó. “Fui el nexo entre abogados marketineros y ellos”, concluyó.
En las entrevistas que dio en los últimos días, Carrol se presentó como quien posibilitó la reunión Bullrich-Milei en Plaza de Mayo en la protesta de febrero de 2021. En las fotos se lo ve a Carrol pegado a la dupla Bullrich-Milei. En esa manifestación –de fuerte contenido violento– fue cuando aparecieron bolsas mortuorias con los nombres de, por ejemplo, Estela de Carlotto.
“Yo estoy en contra de la política kirchnerista como de la de Horacio Rodríguez Larreta”, declaró Carrol en Radio con Vos. Estas expresiones son todo una definición hacia la interna del PRO, donde los halcones referenciados en Bullrich hacen foco en el jefe de gobierno porteño.
En esta lista de nexos entre la oposición y los grupos violentos, cabe destacar también los vínculos entre la llamada “Banda de los Copitos” (que perpetró el ataque contra CFK) y Revolución Federal, grupo que según el fiscal Gerardo Pollicita -de la causa contra RF-:
“se terminó constituyendo (…) en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidente de la Nación, el pasado 1 de septiembre”.
Para graficar el vínculo, Uliarte participó de la violenta manifestación de RF del pasado 18 de agosto, en el que el grupo fundado por Morel y Sosa protestó frente a la Casa Rosada con antorchas y bombas de estruendo.
