Jonathan Morel, fundador de Revolución Federal, recibió 7 millones de pesos por parte de dos fideicomisos vinculados a la familia de Luis “Toto” Caputo, el “Messi de las finanzas” -según lo describió Marcos Peña- y exministro del gobierno de Mauricio Macri.
La justicia federal investiga una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel, referente del grupo de odio Revolución Federal, por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma Caputo Hermanos, propiedad de los hermanos de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri y primo de Nicolás “Nicky“, el “hermano de la vida” y “amigo del alma” del ex presidente.
Los pagos de la firma alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería.
La información fue revelada por el canal de noticias C5N y confirmada por el propio Morel ante una consulta que le realizó el portal de noticias El Destape.
“Morel no quiso precisar los montos, pero sí reveló un detalle hasta ahora desconocido: la persona que lo contrató fue Rossana Pía Caputo, una de las socias de ‘Caputo Hermanos'”, detalló la nota publicada por ese portal.
Rossana Pía Caputo declara su domicilio en Recoleta: ¿por qué contrataría una carpintería en Boulogne? Rossana Pía es hermana de Luis y prima de “Nicky”.
Entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, Morel junto a su socia Ailen Vallero y su ex Evelyn Balboa recibieron casi 7 millones de pesos por presuntos trabajos realizados por su carpintería Dogo, ubicada en Boulogne.
Los pagos de la familia Caputo a Morel y allegados
Los pagos provinieron de los fideicomisos Santa Clara del Sur y Espacio Añelo, ambos de Caputo Hermanos. En detalle, según consta en el expediente:
- El 22 de agosto de 2022 Morel recibió $250.000 de Fideicomiso Santa Clara Al Sur. Fue 10 días antes del atentado contra CFK. Cuatro días antes del pago, el 18 de agosto, Revolución Federal había realizado la marcha de las antorchas a Casa Rosada, manifestación que terminó con incidentes y en la que participó Brenda Uliarte, la joven detenida por el intento de magnicidio. Cuatro días después de este pago, Morel expresaba su deseo de matar a Cristina y describía la misma modalidad que pocos días después ejecutaría Fernando Sabag Montiel. Esto derivó una presentación de la AFI en sede judicial.
- Morel recibió transferencias de Fideicomiso Espacio Añelo y Rossana Pia Caputo por $1.503.480. Cuando le transferían retiraba el dinero en efectivo al otro día.
- El 30 de mayo de 2022 Vallero recibió $2.454.480 del Fideicomiso Espacio Añelo. El 2 y 3 de junio retiró $1.900.000 en efectivo.
- El 20 de junio de 2022 Balboa recibió $1.000.000 del Fideicomiso Espacio Añelo. El 4 de julio retiró $840.000 en efectivo y transfirió $70.000 a Morel.
En el expediente ya consta que la mayoría de los pagos los retiraron en efectivo de forma inmediata y que las presuntas socias de Morel se inscribieron como monotributistas entre mayo y junio de 2022 y las facturas por estos montos millonarios fueron la primera del talonario.
Morel dijo que Vallero es su socia y Balboa su ex, pero que “no tienen nada que ver con Revolución Federal”.
Vallero se inscribió como monotributista en mayo de este año, con la misma actividad que Morel y con el mismo domicilio fiscal: el de la carpintería Dogo, ubicada en Boulogne, partido de San Isidro. La fecha de inscripción está en el radar de los investigadores: ese mismo mes se crea Revolución Federal y comienza con su secuencia de escraches.
Vallero, quien tiene además un trabajo en relación de dependencia, recibió el 30 de mayo de este año una transferencia del Fideicomiso Añelo, vinculado a Caputo Hermanos por $2.454.480. Un dato que llama la atención de los investigadores es que el pago del Fideicomiso Espacio Añelo fue la factura N° 00000001 de Vallero, que se emitió el 24 de mayo de 2022. Fue su primer trabajo facturado. Nada más y nada menos que casi 2,5 millones de pesos.
Tanto Balboa como Vallero tenían empleo en relación de dependencia cuando se inscribieron en el monotributo. Balboa trabaja en la Municipalidad de San Isidro, que gestiona el intendente radical vinculado a Cambiemos, Gustavo Posse.
Los investigadores analizan si esta fue una de las vías con las que se financió la violenta organización que escracha a dirigentes políticos y expresa públicamente su deseo de matar a la titular del Senado.
Es por demás extraño: una mega empresa que contrata recientes monotributistas recibe la factura N 1 y les paga casi 7 millones de pesos para una obra en Neuquén, a más de mil kilómetros de distancia, y que los receptores del dinero retiran en efectivo al día siguiente del pago.
A la luz de los hechos, resulta difícil no pensar que la inscripción en el régimen de monotributo no tuvo como objetivo ejercer la profesión, sino más bien recibir esos cuantiosos pagos. A simple vista, es incomprensible que una reconocida empresa contrate supuestos carpinteros que aprendieron el oficio por YouTube -según dijo el propio Morel- y que facturen millones de pesos en su primer trabajo.
“Revolución Federal” y “Copitos”, asuntos separados
Los pagos millonarios no constan en el expediente donde se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta sino en otro donde la pesquisa se limita a Revolución Federal y está en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.
La jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el magnicidio fallido, no quiso unificarlas. El camarista Mariano Llorens, arquero del equipo que jugaba en fútbol en la quinta de Macri, decidió que sigan por separado.
Si bien todavía no hay pruebas de que los hermanos Caputo financiaron directamente a Sabag Montiel y la “Banda de los Copitos”, los pagos a la organización de extrema derecha serían motivo suficiente para los llamen a declarar.
En el entorno de Cristina, en tanto, creen que todos estos grupos extremistas están vinculados. Uliarte había tenido una relación sentimental un mes antes del atentado con Eduardo Prestofilippo, “El Presto“, que fue procesado por la Justicia por amenazar de muerte a la vicepresidenta.
Las causas contra Revolución Federal
La agrupación de extrema derecha que organizó distintas marchas y escraches en contra del Gobierno tiene al menos siete procesos judiciales en contra en los que están involucrados distintos integrantes.
1) Denuncia contra Revolución Federal por diversas manifestaciones de odio, ataques y amenazas
Este expediente se inició por una denuncia que recibió el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, donde una persona alertó sobre las manifestaciones violentas y de odio y las amenazas que había en las redes sociales de Revolución Federal. La Policía Federal investigó el tema y se centró tanto en Revolución Federal como en uno de sus cofundadores: Leonardo Sosa. El caso lo investiga Martínez de Giorgi.
En este caso se mencionan diversos actos violentos de esta agrupación: el ataque a golpes de Gastón Guerra –otro miembro- al auto con el que Sergio Massa ingresaba a la Casa Rosada el día de su asunción en Economía; las consignas “Al kirchnerismo, cárcel o bala” de Revolución Federal en las marchas como la del 18A en la que participó Uliarte; la detención de Leonardo Sosa con una bomba molotov en las inmediaciones del departamento de CFK el 23 de agosto pasado; y los audios que aportó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de una conversación pública en las redes sociales del 26 de agosto donde Morel explicita el plan para matar a CFK que como un calco terminó ejecutando Sabag Montiel días después.
2) Amenazas a Víctor Hugo y a C5N
Esta causa, que también tramita ante el juzgado de Martínez de Giorgi y la fiscalía de Pollicita, se inició el 22 de septiembre pasado cuando Carlos Alberto Madeo, presidente de la empresa titular de la señal C5N, radicó la denuncia. Madeo es patrocinado por José Manuel Ubeira –el mismo letrado que representa a CFK- y denunció Morel por amenazas, incitar a la violencia colectiva y por pertenecer a una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza.
El 27 de septiembre pasado el juez dispuso a Morel “la prohibición de acercamiento y de mantener todo tipo de contacto” con el canal C5N, “sus móviles, el periodista Víctor Hugo Morales y demás trabajadores de ese medio, por el término de 30 días a partir de su notificación”.
3) Amenaza de muerte a Victoria Donda, presidenta del INADI
Victoria Donda, presidenta del INADI, también denunció a Morel por el delito de “amenazas y apología del delito”. El caso lo investigan el juez Sebastián Casanello y la fiscal Alejandra Mangano, quienes dispusieron la custodia tanto de la funcionaria como de su hija, que también fue blanco de este grupo violento.
4) Detención de Sosa en las inmediaciones de lo de CFK, con una molotov
El 23 de agosto, Leonardo Sosa, cofundador de Revolución Federal, fue detenido por agredir a la Policía en una manifestación contra CFK en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta.
Cuando detuvieron a Sosa, 9 días antes del atentado contra Cristina, le secuestraron bombas molotov.
Este caso quedó radicado en el juzgado que encabeza Ariel Lijo. La abogada que defiende a Sosa en esta causa es Gladys Egui, quien hace unos meses vive en el departamento de Ximena Tezanos Pinto, la vecina de Cristina. Es decir, su abogada vive justo en el piso de arriba del departamento de CFK, en Recoleta.
5) Escrache a legisladoras porteñas Neira y Daer
Las legisladoras porteñas Claudia Neira y Maia Daer denunciaron por “hostigamiento, maltrato y amenazas” a Cristina Lujan Romero, quien las agredió el 4 de julio pasado cuando estaban ingresando a la Casa Rosada. Fue el día de la asunción de Silvina Batakis en Economía. Luego ampliaron la denuncia porque reconocieron en la agresión a Jonathan Morel y a Sabrina Basile. El caso lo investiga la Fiscalía Nº 22 de la Ciudad de Buenos Aires.
6- Amenaza a al periodista Lautaro Maislin
El periodista de C5N Lautaro Maislin fue agredido en dos ocasiones por Gastón Guerra. Maislin denunció el ataque en la Justicia. La causa tramita en la justicia porteña.
7- Escrache al Instituto Patria
A principios de octubre, el juez Daniel Rafecas procesó sin prisión preventiva, pero con un embargo de 400 mil pesos a Claudio Pedro Herz por intimidación pública y amenazas a Cristina Kirchner. El 21 de julio, cuando una veintena de personas se manifestaban en la puerta del Instituto Patria, Herz con un megáfono profirió reiteradas amenazas a CFK.
Entre la veintena de personas que estaban en el escrache hay personas relacionadas a Revolución Federal.
