Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga al violento grupo ultraderechista Revolución Federal encontraron registros de al menos una visita del ex presidente Mauricio Macri al lugar en el que hoy funciona la carpintería del fundador de ese grupo violento, Jonathan Morel.
Ese dato, que incluso puede estar documentado en una fotografía, puede ser una prueba de un eventual vínculo entre Macri y los sectores que dieron sustento ideológico (¿y financiero?) a la llamada “Banda de los Copitos”.
Compartiendo la mañana con los jubilados del Centro "Los abuelos de San Ignacio de Loyola" en Boulogne pic.twitter.com/LBq4k0hzfr
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 28, 2016
En mayo de 2016, a pocos meses de asumir su presidencia, Macri visitó junto al intendente radical Gustavo Posse un centro de jubilados en la localidad de Boulogne, partido de San Isidro.
Haciendo campaña para el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados“, Macri visitó “el centro San Ignacio de Loyola, en la calle Martín Rodriguez 141, en la localidad de Boulogne, donde charló y jugó al truco con un grupo de jubilados”, informaba 168 Horas, un medio local.
Lo llamativo, es que la carpintería de Jonathan Morel, el líder y fundador de Revolución Federal, que hacía guillotinas con el nombre de CFK, investigado en el atentado, queda exactamente en el mismo domicilio.
Se trata de “Carpintería Dogo“, el mismo local donde, también recibía los encargos de los fideicomisos vinculados a la familia Caputo, para realizar supuestos trabajos en Santa Clara al Sur, un barrio cerrado en San Vicente; y para un emprendimiento en Neuquén.
Macri no visitó la carpintería, sino un centro de jubilados que funcionaba en el mismo galpón antes de que Morel instalara allí su carpintería para armar guillotinas para manifestaciones en Plaza de Mayo.
La supuesta presencia de Macri en el local donde funciona la carpintería, en la localidad bonaerense de Boulogne, será informada en las próximas horas al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien aceptó a la vicepresidenta como querellante en la causa en la que se investiga a Revolución Federal por el delito de amenazas agravadas.
Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal -quienes también representan a CFK en la causa por el atentado- pedirán una serie de medidas de prueba para determinar si existe algún vínculo entre la visita de Macri al centro de jubilados, Revolución Federal y el atentado contra Cristina.
Por lo pronto, reclamarán el registro de dominio del galpón para determinar quién es el dueño, quién sostenía el centro de jubilados, si existe un contrato de locación con Morel para la instalación de su carpintería y cuál es la capacidad operativa y las transferencias de entre 5 y ocho millones de pesos provenientes de una empresa de la familia del ex funcionario de Cambiemos, Luis “Toto” Caputo.
En su pedido para ser tenida como querellante, CFK aludió a esa situación:
“No hace falta ser un avezado detective para ver que hay algo extraño en que personas que, según sus dichos, aprendieron carpintería por Youtube, reciban una suma millonaria contratados por una de las principales constructoras y desarrolladoras del país, para hacer muebles para un proyecto en la provincia de Neuquén, desde su supuesto emprendimiento en Boulogne”.
La vicepresidenta citó, además, algunas de las consignas, posteos y declaraciones públicas de los integrantes de Revolución Federal: “perseguir políticos y periodistas que fueron cómplices de la vuelta del kirchnerismo y hacerlos mierda”, “Todos presos, muertos o exiliados”, “al kirchnerismo cárcel o bala”, “Haga patria, persiga al kirchnerismo”.
Los abogados de la vicepresidenta consideraron que “es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de asesinado” del que fue víctima.
Carrizo y Díaz declararon ante Capuchetti
La Cámara Federal porteña cito para este miércoles a la mañana en una audiencia a dos de los detenidos por el intento de magnicidio de la vicepresidenta, previo a resolver si confirma sus procesamientos con prisión preventiva como partícipes secundarios
Se trata de Nicolás Gabriel Carrizo, quien fue trasladado a primera hora de la mañana desde el penal donde está detenido a los tribunales federales de Retiro porque pidió hablar en persona desde la 10 horas en la audiencia ante los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens; y Agustina Díaz, quien expuso por videoconferencia desde el penal de Ezeiza.
Díaz y Carrizo están procesados con prisión preventiva por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado y sus abogados apelaron esta decisión.
Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Sabag Montiel y Uliarte.
Este martes declaró ante Capuchetti la ex pareja de Carrizo, quien lo implicó aún más en el atentado y alimentó la hipótesis de que el ataque fue instigado y financiado por terceros.
