“No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma“, expresó Rodolfo Aguiar tras anunciar que ATE parará en todo el país y se movilizará al Congreso para rechazar el DNU 70/23 de Javier Milei, en una protesta que coincidirá con la quinta Marcha Federal Universitaria.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre y convocó a marchar contra el DNU 70/23 de Javier Milei. La protesta convergerá con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reclama por el financiamiento de las universidades públicas.
Además, la convocatoria tiene lugar en medio del paro de los médicos y odontólogos de PAMI, que denuncian que sus ingresos reales cayeron a la mitad desde abril en medio del ajuste que viene impulsando la administración libertaria.
Los trabajadores de ATE paran en todo el país
La medida de fuerza fue confirmada este martes por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. En la Ciudad de Buenos Aires, los manifestantes se concentrarán frente al Congreso de la Nación desde las 13:30 horas para pedir la derogación del decreto.
El gremio informó que habrá movilizaciones también en las principales ciudades de todas las provincias, y que cada jurisdicción definirá el alcance de la huelga y la modalidad de la protesta.
En el área de salud, los hospitales funcionarán solo con guardias mínimas. Los centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores atenderán únicamente urgencias. El PAMI y la ANSES, por su parte, limitarán su actividad a las emergencias.
El paro también alcanzará a otros sectores del Estado. Entre los servicios que se verán afectados están:
- Transporte y aviación: controladores aéreos, agentes de tránsito y trabajadores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) garantizará únicamente vuelos sanitarios y de Estado.
- Controles y trámites: Migraciones y los controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas.
- Servicios estatales: recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales y mantenimiento de plantas nucleares.
- Provincias y municipios: servicios públicos locales, entre otros.
La jornada coincidirá con la Marcha Federal Universitaria. Esta convocatoria reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para el funcionamiento de las universidades públicas.
Con la convergencia de ambas convocatorias, se espera que el jueves se congregue una masiva cantidad de manifestantes frente al Congreso, que sesionará para debatir la continuidad del DNU 70/23, que volvió a la agenda pública luego de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, que primero habilitó la derogación de la Ley de Tierras, y luego dieron marcha atrás con la medida.
“Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo”
El titular de ATE Nacional planteó que la organización debe apuntar a la anulación completa de la norma. “Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita“, sostuvo.
El dirigente cuestionó además que el Gobierno recurra a un decreto para impulsar cambios que debería discutir en el Poder Legislativo. “No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto”, afirmó.
Sobre el contenido de la norma, Aguiar recordó que modifica más de 300 leyes y que favorece a grandes grupos económicos. “Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes”, dijo, y agregó:
“Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo”.
El secretario general de ATE Nacional también objetó los fundamentos constitucionales del decreto. Sostuvo que no existieron razones de necesidad y urgencia que lo justificaran y se refirió a la facultad del Presidente de dictar normas de este tipo.
“Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción“, concluyó.
Con estos argumentos, el gremio busca reunir apoyos en una jornada que combinará el paro de actividades estatales con las movilizaciones en el Congreso y en las provincias.
