La Cámara Contencioso Administrativo Federal habilitó a la Corte Suprema para que intervenga en el conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario, pero rechazó el planteo del gobierno de Javier Milei que tildaba de arbitrario el fallo que ordena aplicar la normativa. El máximo tribunal deberá ahora definir el alcance de la cautelar vigente.
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió este jueves 7 de mayo conceder el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional, lo que habilita formalmente el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión fue suscripta por los jueces José Luis López Castiñeira y Sergio Gustavo Fernández.
El tribunal sostuvo que, si bien la resolución impugnada es una medida cautelar y no una sentencia definitiva (requisito que en principio exige el artículo 14 de la Ley 48 para habilitar este tipo de recursos), la causa igualmente amerita la revisión del máximo tribunal.
El argumento central es que el expediente involucra la interpretación de normas federales: el artículo 5 de la ley 24.629, el artículo 38 de la ley 24.156, el artículo 170 de la ley 11.672 y el artículo 1° de la ley 27.798, todas vinculadas a la administración y ejecución presupuestaria del Estado.
Sin embargo, la Cámara rechazó el planteo de arbitrariedad que había formulado el Ejecutivo. Los camaristas sostuvieron que los argumentos del Estado se limitan a expresar una discrepancia con lo resuelto, sin lograr demostrar que la sentencia carezca de fundamentos suficientes.
También desestimaron el argumento de “gravedad institucional” invocado por la administración nacional: indicaron que una eventual intervención de la Corte en estas condiciones no respondería a la protección de un interés general, sino únicamente a un interés patrimonial particular del propio Estado.
En la práctica, el recurso extraordinario queda concedido exclusivamente por la cuestión federal, y no por arbitrariedad. La cautelar que limita la aplicación del Decreto 759/25 permanece vigente mientras la Corte Suprema decida si la revisa.
Convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria ante la negativa de Milei a cumplir con la Ley
La cronología del conflicto
El expediente tiene su origen en el decreto que Milei firmó en 2025, cuestionado por el sistema universitario público por su impacto sobre las partidas destinadas a salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles y el funcionamiento general de las universidades nacionales.
Frente a esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a otras entidades académicas, presentó una acción de amparo contra el Estado Nacional. La demanda alegó que las medidas oficiales afectaban la autonomía universitaria y comprometían el desarrollo normal de las actividades educativas, científicas y administrativas.
El 23 de diciembre de 2025, el juez de primera instancia Martín Cormick hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las universidades y suspendió parcialmente la aplicación del decreto. El Gobierno apeló.
El 31 de marzo de 2026, la Cámara confirmó esa cautelar al entender que existían elementos suficientes para preservar temporalmente el financiamiento universitario hasta una sentencia definitiva.
El 16 de abril, el Estado interpuso el recurso extraordinario federal. El 28 de abril, el CIN presentó su respuesta. El 7 de mayo, la Cámara resolvió conceder el recurso, dando lugar al fallo que se conoció este jueves.
La lectura de gremios y universidades
En el sector universitario, la resolución no es leída como un retroceso, aunque sí como el inicio de una etapa más extensa y compleja.
Referentes de la conducción de FEDUN y del Sindicato Unido de la Universidad Nacional del Sur (SUDUNS) señalaron que el conflicto dejará de concentrarse exclusivamente en el plano cautelar para adquirir una dimensión crecientemente política y social.
Un dato que distintos sectores destacan es que la propia Cámara rechazó los argumentos de mayor peso que esgrimía el Gobierno (arbitrariedad y gravedad institucional) y que eso da sustento jurídico a la posición de las universidades de cara a la instancia ante la Corte.
Al mismo tiempo, advierten que la demora que introduce este proceso mantiene en suspenso las instancias de ejecución inmediata que buscaban forzar al Estado a cumplir con las transferencias previstas por la ley.
El secretario de Ciencia y Tecnología de la CGT Regional Bahía Blanca, Alejandro Bucciarelli, y actores sindicales y académicos del ámbito local coincidieron en que el escenario refuerza la necesidad de mantener la organización colectiva y la visibilización pública del conflicto.
En ese marco, remarcaron la relevancia de la Marcha Federal Universitaria convocada para el 12 de mayo, impulsada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FATUN, FAGDUT, CTERA y UDA, junto a la FUA y distintos espacios interclaustros.
En Bahía Blanca, el conflicto continúa expresándose mediante asambleas universitarias, actividades de difusión y acciones de visibilización como los semaforazos organizados por distintos sectores de la comunidad educativa.
