Axel Kicillof cuestionó tanto a la Corte Suprema de Justicia como al gobierno de Javier Milei por el fallo que habilitó la derogación de la Ley de Tierras, y remarcó que “lo que no pudieron conseguir con el Congreso, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial“.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizó sus redes sociales para cuestionar tanto a la Corte Suprema de Justicia como al gobierno de Javier Milei por el fallo que habilitó la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
Bajo el título “El fallo de la infamia“, el mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que también dejó expuestas las contradicciones del supuesto giro malvinista del presidente libertario.
Kicillof abrió su texto remarcando que “la Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular“. Luego hizo referencia al intento del oficialismo de modificar la ley en el Congreso:
“Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”.
“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial“, enfatizó el mandatario bonaerense, quien además subrayó que “se proponen legalizar la entrega y el saqueo“.
Después apuntó directamente contra el Presidente: “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’“. “Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, agregó.
EL FALLO DE LA INFAMIA
La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular.
Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno “Nacional” tuvo que retirar su…— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 30, 2026
El fallo que habilita la extranjerización de tierras
La sentencia del máximo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023.
Esa norma, firmada por Milei al comienzo de su mandato, intentó derogar la Ley 26.737 (la Ley de Tierras Rurales), que fijaba límites a la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, con criterios y excepciones, con el fin de preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización del suelo.
La causa se originó en una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En primera instancia, el Juzgado Federal N° 4 de La Plata rechazó el planteo al considerar que la condición invocada por la entidad no bastaba para reconocerle legitimación procesal.
La Cámara revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo y dispuso reinscribir la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte. Contra esa resolución, el Estado Nacional presentó un recurso extraordinario.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron analizar, antes que cualquier otra cuestión, si el CECIM estaba habilitado para iniciar la acción. Concluyeron que no. En su fallo sostuvieron: “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.
La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del DNU 70/2023. Se limitó a la falta de legitimación de la entidad y a la inexistencia de un caso judicial en los términos de la Constitución Nacional. En los hechos, esa decisión dejó sin efecto la medida cautelar que la organización había conseguido en defensa de la ley vigente.
En términos prácticos, esa decisión dejó sin efecto la medida cautelar y habilitó la derogación del régimen de tierras rurales mientras el decreto mantenga su vigencia. Para que eso se defina, resta que la Cámara de Diputados de la Nación lo trate.
La decisión judicial llega en un momento en que la administración de Milei pretende mostrarse comprometida con el reclamo soberano sobre las islas. Tras dos años con escasas menciones al tema, el Gobierno anunció en los últimos meses distintas medidas contra los proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago.
La demanda que la Corte dejó sin efecto había sido impulsada, además, por una organización de excombatientes de Malvinas. La entidad que originó la causa evalúa cómo continuar. Su representante legal, Jerónimo Guerrero Iraola, dijo que analizan “varias opciones“. Y agregó: “Estamos en estado de alerta y movilización desde ayer y evaluando alternativas”.
