El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento volvió a unir a todas las federaciones universitarias en un nuevo paro nacional contra el Gobierno de Javier Milei, que se niega a cumplir la normativa pese a los sucesivos fallos de la Justicia. ¿Cómo es la situación hasta ahora?
Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales volvieron a unificarse este miércoles 12 de agosto en un paro de 24 horas a nivel nacional para reclamarle al Gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo viene dilatando desde hace varios meses pese a las definiciones judiciales que lo obligan a aplicarla.
La medida de fuerza se replica en todo el país e incluye una marcha en el Obelisco, al tiempo que tendrá su correlato en Bahía Blanca donde incluirá a la Universidad Nacional del Sur (UNS) y a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
En el ámbito de la UNS confirmaron su adhesión ADUNS, ATUNS, APUTN, SUDUNS, UDUT y la Asamblea de Trabajadores por la Ciencia y la Educación Pública. Mientras que los docentes de la UTN nucleados en FAGDUT se sumaron a la medida en todas las facultades regionales del país.
Como parte de la jornada local, este miércoles a las 9 se realizó una conferencia de prensa conjunta en las escalinatas del Rectorado de la UNS, con la participación de todos los sindicatos que representan a los trabajadores a nivel local. Desde FAGDUT señalaron además que los haberes de julio no registraron actualizaciones respecto del mes anterior.
Las universidades van al paro en todo el país
El paro fue impulsado en conjunto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a distintas federaciones docentes y no docentes del sistema universitario público.
Entre las organizaciones que adhirieron figuran la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
La medida se lleva adelante sin asistencia a los lugares de trabajo y afecta tanto el dictado de clases como las tareas administrativas en las casas de altos estudios. El reclamo central se apoya en tres ejes.
En primer lugar, los gremios remarcan que ya pasaron cerca de 300 días desde la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario sin que el Gobierno la haya aplicado en su totalidad.
En segundo término, exigen el cumplimiento de la medida cautelar que ordena recomponer los salarios docentes y no docentes tomando como referencia los valores de noviembre de 2023, con una brecha que los sindicatos estiman en alrededor de un 28% a 30%.
Por último, reclaman el envío de una partida extraordinaria de $50.000 millones destinada a los hospitales universitarios, entre ellos el Hospital de Clínicas, además de fondos pendientes para becas y gastos de funcionamiento.
En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta incluye una concentración a las 16 en el Obelisco, bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro“. La jornada también contempla reclamos vinculados al financiamiento de la ciencia y la tecnología y a los despidos registrados en el CONICET.
Entre las voces del sector, Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, sostuvo en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas: “Comienza el segundo cuatrimestre y el Gobierno mantiene una deuda salarial con la docencia universitaria, establecida por la Ley de Financiamiento Universitario”.
Y agregó, en referencia al aumento ofrecido por el Gobierno: “El incremento del 21,3% firmado por rectores y federaciones alineadas y cobrado en julio no llega ni a cubrir la mitad de lo que nos deben. Por eso, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó esta propuesta y ratificó la necesidad de un plan de lucha a fondo“.
El plan de lucha no se agota en la jornada de hoy. La CONADU convocó a un nuevo paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto y anunció que entre el 18 y el 21 instalará las llamadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno.
Por su parte, CONADU Histórica resolvió realizar un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto y planteó avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria.
La FATUN, a su vez, programó para el 19 de agosto abrazos simbólicos en las universidades nacionales y una movilización al Palacio Pizzurno. Además, distintas centrales sindicales y movimientos sociales evalúan sumar, el 19 o 20 de agosto, una movilización al Ministerio de Economía en reclamo por la situación de los deudores.
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El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, calificó al paro de este miércoles como una medida “política e ilegítima” y rechazó que exista incumplimiento por parte del Ejecutivo.
Desde la cartera sostuvieron que “las transferencias están al día” de acuerdo con los compromisos asumidos y remarcaron que ya se convocó a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.
El Gobierno recordó que el 10 de junio se firmó un acuerdo salarial que estableció una suba acumulada del 24,33%, dividida en un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro del 3% previsto para octubre. Según el Ministerio, ese acuerdo fue aceptado por rectores y federaciones alineadas, y los trabajadores ya comenzaron a percibir esos incrementos.
Sin embargo, los gremios remarcan que ese esquema de aumentos corresponde a la negociación paritaria salarial, un frente que corre en paralelo y que no reemplaza la obligación del Estado de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ni de cumplir la medida cautelar dictada en diciembre de 2025.
Es decir, que algunos sindicatos hayan aceptado la oferta salarial no implica que el conflicto de fondo esté resuelto, ya que la ley exige una recomposición presupuestaria y salarial más amplia, con fondos para becas, funcionamiento y hospitales universitarios que continúan sin girarse en su totalidad.
Vale recordar que la Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso con el objetivo de frenar el ajuste sobre las universidades nacionales y recomponer presupuestos y salarios.
Ante los sucesivos incumplimientos del Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia avaló una medida cautelar que obliga al Estado a aplicar la norma, y la semana pasada la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó su vigencia.
Pese a la situación, y a contramano del reclamo del resto de las casas de altos estudios, la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó ante la Justicia una solicitud para convocar a una audiencia de conciliación entre las partes.
Por eso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa al resto de las universidades públicas, se opuso a ese pedido: su presidente, Franco Bartolacci, argumentó ante el juez que existe una cautelar firme, ratificada por la Corte Suprema, y que por lo tanto “no hay nada que conciliar”, sino que corresponde exigir al Estado el cumplimiento directo de la medida.
Desde el CIN sostuvieron además que la fijación de una audiencia implicaría una demora adicional en un conflicto que consideran ya resuelto en términos legales, pero que por las dilaciones de Nación continúa afectando tanto los salarios como el funcionamiento de los centros universitarios.
Aun así, el juez a cargo de la causa, Córmick, resolvió convocar a las partes a una audiencia el 21 de agosto a las 11 horas. Bartolacci resumió el efecto de esa decisión: “Demora una semana más. Se supone que el juez, luego de la audiencia, va a dictar sentencia porque ya no quedan más instancias”.
