El ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei provocó una caída de los ingresos previsionales que obligó a miles de jubilados a volver a buscar trabajo para subsistir en medio de la reducción del poder adquisitivo y el recorte de prestaciones de PAMI.
El ajuste económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei se hace sentir en casi todos los ámbitos de la sociedad, pero uno de los sectores particularmente golpeados fue el de los jubilados.
Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), alrededor de 27.000 adultos mayores se vieron forzados a volver a trabajar como consecuencia de la caída de sus ingresos previsionales.
El dato surge de un elaborado por los investigadores Augusto Trevisan, Angelo Vergara y Agustín Romero. El trabajo sostiene que, pese a las sucesivas actualizaciones de haberes, las jubilaciones no lograron recuperar el poder adquisitivo que tenían antes de diciembre de 2023, cuando la actual gestión asumió con un brutal ajuste.
Vale mencionar que la situación de los jubilados no se reduce a sus ingresos directos, sino que en paralelo el Gobierno Nacional viene ajustando las prestaciones de PAMI, retirando decenas de medicamentos de la lista de remedios gratuitos para los afiliados a la obra social.
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Una pérdida que no se recupera
El informe calculó que una persona que cobró la jubilación mínima de manera ininterrumpida entre diciembre de 2023 y junio de 2026 acumuló una pérdida de $2.721.627 en términos reales, un monto equivalente a 5,75 jubilaciones mínimas vigentes en junio de este año. Para quienes percibieron el haber medio, el retroceso fue de $2.547.987.
Según explicaron los investigadores, durante los primeros meses de la gestión de Milei se llevó adelante una licuación previsional que llegó a representar una caída de más del 40% en el haber mínimo real.
Si bien luego hubo una recuperación parcial, los autores remarcan que esa pérdida acumulada está lejos de compensarse. Al respecto, el documento señala textualmente: “La recuperación parcial observada durante 2024 y 2025 no restituyó el ingreso real previo”.
El estudio también identifica el rol de los bonos extraordinarios, que en un primer momento sirvieron para amortiguar el deterioro de las jubilaciones mínimas. Sin embargo, meses después de la llegada del libertario a Casa Rosada fueron congelados, por lo que se fue reduciendo progresivamente su capacidad de compensar la inflación.
Adultos mayores en el mercado laboral
Frente a este escenario, el informe registra un aumento en la participación laboral de las personas mayores de 65 años. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026, la cantidad de ocupados de ese grupo etario creció 4,5%, lo que equivale a unos 27.000 adultos mayores adicionales trabajando.
Los autores del informe aclaran que este fenómeno no debería leerse principalmente como una elección personal vinculada al llamado “envejecimiento activo”, sino como una respuesta directa al deterioro de los ingresos previsionales.
Un punto central del trabajo es que esa reinserción laboral se da, en gran medida, fuera del empleo registrado. Mientras la informalidad general de la economía ronda el 40%, entre los mayores de 65 años los niveles son considerablemente más altos.
La situación es especialmente marcada entre las mujeres: la informalidad laboral femenina en ese grupo superó el 60% en distintos períodos, y llegó a 61,6% hacia el cuarto trimestre de 2025, frente al 39,2% registrado entre las mujeres de 30 a 64 años.
El informe vincula esta brecha con las trayectorias laborales discontinuas, la desigual distribución de las tareas de cuidado no remuneradas y la mayor presencia femenina en actividades de baja productividad.
Entre los varones también se observó un retroceso: la informalidad pasó de 43,5% en el cuarto trimestre de 2023 a 55,6% en el mismo período de 2025, un incremento de 12,1 puntos porcentuales.
Esto significa que, hacia fines de 2025, más de la mitad de los hombres mayores de 65 años que seguían activos lo hacía en condiciones informales, sin aportes, cobertura por riesgos del trabajo, vacaciones pagas ni licencias.
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El crecimiento del endeudamiento
El otro fenómeno que describe el informe es el aumento del endeudamiento entre los adultos mayores con Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), es decir, financieras de consumo, mutuales y comercializadoras que suelen ofrecer créditos con tasas más altas que las del sistema bancario tradicional.
Según los datos relevados, en diciembre de 2024 había 1.143.000 personas mayores de 65 años endeudadas con este tipo de entidades.
Esa cifra ascendió a 1.269.000 en agosto de 2025 y llegó a un máximo de 1.346.000 deudores en febrero de 2026. En términos generales, esto implica que más de 203.000 adultos mayores se incorporaron a estos circuitos crediticios en apenas 14 meses, un incremento del 17,7%.
El informe precisa que este financiamiento se destina principalmente a cubrir gastos cotidianos, como alimentos, medicamentos, servicios públicos y la cancelación de deudas previas. Además, señala que la suspensión de los créditos de ANSES contribuyó a que los sectores más vulnerables del universo jubilatorio recurrieran a este tipo de préstamos no bancarios.
El ajuste del sistema previsional
El documento de la UNDAV enmarca esta situación dentro de un análisis más amplio sobre el sistema previsional argentino.
Recuerda que, entre 2001 y 2026, la cantidad de beneficiarios pasó de 3.037.087 a más de 6.240.358, un crecimiento asociado en gran parte a los distintos regímenes de moratoria que permitieron acceder a una jubilación a personas que no habían completado los años de aportes exigidos en tiempo y forma.
Vale aclarar que el régimen de moratoria no implicaba otorgar jubilaciones sin aportes, sino que establecía un plan de pago para que los trabajadores informales pudieran pagar las cuotas adeudadas y evitar quedarse sin ingresos jubilatorios.
En cualquier caso, los autores sostienen que la sostenibilidad del sistema no debería evaluarse únicamente desde el resultado fiscal, sino también por su capacidad de garantizar una cobertura amplia y prestaciones suficientes para sostener condiciones de vida adecuadas durante la vejez.
En ese sentido, identifican tres etapas en la evolución de los haberes: una recuperación sostenida entre 2009 y 2015 (correspondiente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), un deterioro gradual entre 2016 y 2023 (Mauricio Macri y luego Alberto Fernández), y una caída abrupta desde diciembre de 2023 (con la llegada de Milei).
