Federico Sturzenegger ya prepara un proyecto para eliminar regulaciones en farmacias, transporte marítimo, cultura y un largo etcétera, aunque aún no logró destrabar en el Congreso su proyecto para liberar la venta de tierras a extranjeros.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hizo circular un nuevo anteproyecto de 144 páginas que propone desregular sectores tan diversos como salud, energía, agro, transporte, cultura, mercado inmobiliario y sistema financiero.
El texto, que todavía no ingresó formalmente al Congreso, representa la segunda etapa del plan “Hojarasca” y busca eliminar o modificar normas vigentes en nombre de la libre competencia y la eficiencia, excusas usuales del gobierno de Javier Milei para avanzar sobre los sectores más delicados de la economía.
Sin embargo, esta nueva ofensiva desregulatoria avanza mientras La Libertad Avanza todavía no logra destrabar en el Congreso otra de sus iniciativas centrales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que entre otros puntos habilita la venta de tierras a extranjeros y que la semana pasada sufrió un traspié en el Senado.
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El nuevo texto elaborado por la cartera de Sturzenegger plantea un repliegue significativo de la intervención estatal en distintas áreas de la economía. La lógica general es reemplazar regulaciones sectoriales específicas por las reglas del mercado, dejando que buena parte de las condiciones comerciales se definan mediante acuerdos entre privados.
En el plano de la salud, uno de los capítulos más delicados, el proyecto habilita la venta libre de medicamentos fuera de los establecimientos farmacéuticos tradicionales, permitiendo su comercialización en supermercados y kioscos.
También formaliza la venta online de medicamentos bajo receta, con entrega a domicilio a través de empresas de logística privadas, y elimina restricciones sobre los tipos de sociedades comerciales habilitadas para operar farmacias.
Las droguerías podrán vender directamente al público si se constituyen bajo la modalidad de farmacia. Como contrapartida, se exige la digitalización obligatoria de recetas médicas y registros farmacéuticos, que deberán conservarse por un mínimo de tres años.
En transporte marítimo, el anteproyecto habilita a buques de bandera extranjera a realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos, un mercado (el de cabotaje) reservado históricamente para embarcaciones nacionales.
La exigencia de tripulación argentina se flexibiliza de forma gradual: durante los primeros 90 días no habrá obligación alguna, y luego la cuota nacional subirá progresivamente hasta un piso del 75% tras un año de operaciones. También se eliminan los aranceles de importación para barcos de hasta 20 años de antigüedad que operen bajo bandera argentina.
El sector agropecuario también queda alcanzado. Se derogan las leyes específicas que regulan los arrendamientos rurales, que pasarían a regirse únicamente por el Código Civil y Comercial.
En el mundo del vino, se dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y se recorta el poder del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV): los controles hoy obligatorios sobre origen, añada y varietal pasarían a ser optativos para las bodegas, y la fiscalización estatal se limitaría a garantizar la aptitud del producto para consumo humano.
En cuanto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el proyecto establece que a partir de octubre de 2027 se eliminen las contribuciones obligatorias de productores y frigoríficos, que hoy suman $1.720 por cabeza faenada, y el organismo deberá sostenerse con aportes voluntarios.
El proyecto también introduce cambios en el sistema financiero, con la incorporación de validez legal para contratos inteligentes y tecnología blockchain en la constitución de garantías, y la autorización explícita del uso de criptomonedas como respaldo de obligaciones.
En materia inmobiliaria, se elimina el requisito de título universitario para ejercer como corredor o martillero: bastará con ser mayor de edad y tener el secundario completo.
También se suprimen los aranceles mínimos o máximos para el cobro de comisiones, que quedarán sujetos a la negociación libre entre las partes, y se habilita el ejercicio de la actividad a través de plataformas digitales.
En energía, el texto busca derogar la Ley 26.020, que regula el Gas Licuado de Petróleo (GLP), quitándole al Estado la potestad de fijar precios, márgenes de rentabilidad o cupos de abastecimiento para las garrafas. El rol estatal quedaría limitado al control de la seguridad técnica de instalaciones y productos.
Finalmente, en el ámbito cultural, se propone derogar la Ley de Precio Uniforme del Libro, vigente desde hace más de veinte años, para que cada comercio fije libremente sus descuentos (un golpe para las librerías locales), y se elimina la obligación de realizar en el país el doblaje de contenidos audiovisuales extranjeros emitidos por televisión.
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La avanzada ya generó críticas en distintos sectores
La difusión del anteproyecto generó reacciones críticas entre referentes de distintas actividades alcanzadas por la reforma.
El titular de la COVIAR, Fabián Ruggeri, cuestionó el desconocimiento sobre la industria vitivinícola: “Hay un desconocimiento absoluto de lo que es la industria vitivinícola y cómo funciona la industria. No es un commodity más. No es un cereal que se siembra y se cosecha a los cuatro o cinco meses. Tiene todo un expertise detrás y toda una actividad especializada”.
También advirtió sobre el impacto institucional de la medida: “Es muy preocupante este avance destructivo sobre el federalismo y sobre las economías regionales“, y anticipó que “los gobiernos provinciales van a tener que actuar en consecuencia”.
En el sector editorial, la eventual derogación de la ley que fija el precio uniforme del libro generó un comunicado de la Cámara Argentina del Libro, que sostuvo que “el precio único del libro es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes de barrio y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado, garantizando el acceso federal a la lectura y sosteniendo la bibliodiversidad de nuestro país”.
Desde el sector inmobiliario, Carlos Esteban, titular del Colegio de Martilleros de Bahía Blanca, cuestionó los fundamentos del proyecto: “demuestra que tiene un desconocimiento total sobre la cuestión porque nuestra profesión no está regulada”, y sugirió intenciones detrás de la iniciativa:
“O están queriendo proteger a gente que ejerce la profesión y no está colegiada, o están queriendo proteger a cierta franquicia“.
Por su parte, el Colegio de Entre Ríos elevó un pedido a la Legislatura provincial para que se pronuncie en contra de la reforma, al considerar que puede “afectar las competencias constitucionales de las provincias para regular el ejercicio profesional, los sistemas de matriculación, los mecanismos de control ético y disciplinario y la protección de los consumidores”.
En el agro, las posiciones estuvieron divididas respecto al futuro del IPCVA. Carlos Odriozola, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, expresó su preocupación por la eliminación de los aportes obligatorios: “me preocupa mucho” la reforma, dijo, porque podría provocar que “el sistema deje de funcionar”.
Además, relativizó el costo del aporte actual: “Son simplemente 250 gramos de carne por novillo faenado. No tiene sentido pensar que eso influya en el costo de producción. Pero además es útil porque con eso se ha logrado abrir EEUU y contestar la salvaguarda China”.
Odriozola anticipó un encuentro directo con Sturzenegger para plantearle su postura y concluyó: “Me parece que hay una falta de conocimiento”.
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La agenda pendiente de la Ley de Tierras
Mientras el nuevo anteproyecto de desregulaciones empieza a circular y a generar reacciones, el Gobierno todavía no consiguió aprobar en el Congreso otra de las iniciativas impulsadas por Sturzenegger este año: la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye la liberalización de la venta de tierras a extranjeros.
Ese proyecto llegó a tener sesión con expectativa de aprobación en el Senado, pero el oficialismo decidió postergar su tratamiento ante el riesgo de perder la votación.
Según fuentes de la bancada libertaria, uno de los motivos habría sido el malestar del propio Sturzenegger con la última versión del texto, tras sucesivas modificaciones. “Cuando lo discutimos en la mesa política estaban todos de acuerdo, pero después a él le disgustó“, señalaron desde el oficialismo al caerse la sesión.
Tras ese traspié en el Senado, la Casa Rosada busca ahora recomponer la estrategia. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, se reunirá con Sturzenegger y con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para revisar el proyecto y acercar posiciones de cara a una nueva sesión prevista para el 6 de agosto.
En el Gobierno reconocen que la relación entre Bullrich y Sturzenegger quedó tensionada tras los sucesivos cambios que sufrió la iniciativa, que acumuló más de una decena de modificaciones en su redacción desde que obtuvo dictamen.
El ministro llegó a advertir que impulsaría un veto presidencial si el Congreso aprobaba una versión reducida de la ley. En el entorno de Bullrich, en cambio, atribuyen el fracaso parlamentario a esas mismas diferencias de último momento y sostienen que fue el propio Sturzenegger quien objetó la redacción final cuando la votación se daba por encaminada.
El traspié también impactó en la estrategia legislativa general del oficialismo, que ahora evalúa dar mayor protagonismo a la Cámara de Diputados en el tratamiento de los proyectos más sensibles, en lugar de enviarlos primero al Senado.
Bajo esa lógica, el Gobierno ya proyecta girar a Diputados los cambios de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas que Javier Milei pretende convertir en ejes del segundo semestre legislativo.
En la Casa Rosada admiten que, además de la resistencia al capítulo sobre tierras rurales, la acumulación de borradores y la falta de coordinación interna debilitaron la negociación parlamentaria y obligaron a pedir un cuarto intermedio hasta agosto.
Con ese antecedente reciente, el encuentro entre Bullrich, Sturzenegger e Ibarzabal buscará cerrar la discusión interna y llegar al próximo intento legislativo con un texto único consensuado, en momentos en que el ministro de Desregulación ya avanza, en paralelo, con un nuevo frente de reformas que promete generar tanto debate como el anterior.
