El gobierno de Javier Milei cedió ante el reclamo de la CGT y modificó la normativa de la reforma laboral que limita el tope de los aportes sindicales, una decisión que concuerda con la reactivación del plan de lucha de la central obrera.
El gobierno de Javier Milei publicó un decreto con el que da marcha atrás en un punto clave de la reforma laboral vinculado a los aportes sindicales, en línea con un reclamo que venía sosteniendo la CGT.
La definición llega justo después de la finalización del Mundial de Fútbol, en momentos en que la central obrera se prepara para retomar su plan de lucha contra distintas medidas del gobierno.
Se trata del Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que modifica la forma en que se calculan los aportes y contribuciones sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo.
La norma lleva las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según explicó la administración libertaria, el objetivo de la medida es “brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación”.
Cómo impacta la norma en el financiamiento gremial
El decreto modifica el Decreto 199/88 y reglamenta el artículo 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo.
Hasta ahora, la reglamentación vigente (fijada por el Decreto 407/2026) establecía que el tope del 2% para los aportes sindicales debía calcularse únicamente sobre el salario básico convencional, lo que achicaba de manera considerable el margen de recaudación de los gremios.
Con el nuevo texto, esa base de cálculo se amplía: además del salario básico convencional, ahora se incorporan las “sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional”.
En la práctica, esto significa que crece el universo de conceptos salariales sobre los que los sindicatos pueden calcular sus aportes, lo que representa un aumento potencial en la recaudación gremial. De todos modos, la norma mantiene una serie de exclusiones. Quedan fuera de la base de cálculo los siguientes conceptos:
- Premios
- Bonos
- Participación en las ganancias
- Horas extras
- Aguinaldo
- Plus vacacional
- Sumas no remunerativas
- Cualquier otro concepto que no sea remunerativo, habitual y mensual
Otro punto central del decreto es la diferenciación entre los aportes alcanzados por el artículo 9 de la Ley 14.250 y las contribuciones extraordinarias que las empresas acuerdan directamente con los sindicatos en el marco de las negociaciones colectivas, muchas veces destinadas a financiar obras sociales.
Estas últimas quedan excluidas del tope del 2% y pasan a encuadrarse bajo el artículo 9 de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. El decreto exige que esos fondos tengan un destino específico (social, asistencial, previsional o cultural) y que se administren con una contabilidad separada del resto del patrimonio sindical.
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La negociación de la CGT para frenar a Sturzenegger
El cambio en la reglamentación tiene lugar después de un conflicto interno dentro del propio gobierno. Durante el debate de la reforma laboral en el Congreso, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había impulsado la eliminación total de los aportes sindicales, pero terminó cediendo frente al ala política de la administración libertaria.
Como resultado de esa negociación, la reforma aprobada incluyó únicamente un tope del 2% sobre los aportes y la exigencia de que los trabajadores no afiliados dieran su conformidad para que se les retuviera la cuota sindical. Sin embargo, en la CGT consideraron que Sturzenegger buscó desconocer ese acuerdo al momento de reglamentar la ley.
El decreto que fijó los primeros criterios, publicado el mes pasado, estableció que el tope del 2% se aplicaba exclusivamente sobre el salario básico convencional y también incluía dentro de ese límite a los aportes extraordinarios de las empresas, lo que en los hechos reducía aún más la caja sindical.
Ante ese escenario, la central obrera abrió una negociación con distintos sectores del gobierno con los que había dialogado durante el trámite legislativo de la reforma: Santiago Caputo, los Menem y Diego Santilli. Esas conversaciones derivaron en la firma del nuevo decreto, que amplía la base de cálculo y excluye del tope a las contribuciones extraordinarias.
Los aportes sindicales fueron uno de los ejes centrales de la disputa entre la CGT y el gobierno durante el debate de la reforma laboral, al punto de que el Ejecutivo había optado por modificar algunos puntos del proyecto original para evitar un conflicto en las calles.
Tras ese retroceso legislativo, la central sindical llevó la discusión a la Justicia, aunque la estrategia judicial perdió fuerza una vez que una Cámara rechazó la medida cautelar que había logrado en primera instancia.
