La CGT se suma a la marcha de los jubilados y analiza la convocatoria a un nuevo paro nacional, por lo que el gobierno de Javier Milei deberá enfrentarse a los reclamos por los derechos laborales tras el respiro que le dio el Mundial 2026.
El gobierno de Javier Milei tuvo un respiro político gracias al Mundial 2026, que corrió del centro de la escena buena parte de la conflictividad social y sindical. Pero con la competencia ya finalizada, la Confederación General del Trabajo (CGT) retoma su plan de lucha y vuelve a las calles, mientras evalúa además la convocatoria a un nuevo paro general.
La primera protesta será este miércoles 22 de julio, cuando la central obrera se sume a la marcha semanal de los jubilados frente al Congreso. La convocatoria contará con la presencia de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
El plan de la CGT de cara a noviembre
El esquema de protestas fue definido en una reunión realizada en la sede de la CGT, de la que participaron los cotitulares de la central Jorge Sola y Octavio Argüello, el líder de la CTA Autónoma Hugo Godoy, el secretario general de la UTEP Alejandro Gramajo, y el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, entre otros dirigentes.
Tras la marcha del miércoles, el 7 de agosto, Día de San Cayetano, se realizará una nueva movilización que buscará visibilizar el desempleo y la precarización laboral, coincidiendo con una eventual convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Ese mismo mes, en su tercera semana, está prevista una concentración frente al Ministerio de Economía para reclamar por el endeudamiento de pequeñas y medianas empresas y de los hogares de clase media y baja.
El calendario continúa el 2 de septiembre, con una movilización por el Día de la Industria propuesta por el titular del gremio de Alimentación, Rodolfo Daer, y del 4 al 6 de septiembre, con la participación de las tres organizaciones en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal Argentina en Córdoba, en el marco de la visita que realizará el papa León XIV en noviembre.
A este esquema se suma un paro docente, aún sin fecha confirmada pero previsto para agosto, impulsado por la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT a cargo de Sergio Romero, con el acompañamiento de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).
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¿Habrá un nuevo paro nacional?
Aunque no hay fecha definida, la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de convocar a un nuevo paro general. Sin embargo, los sindicalistas temen que aún no haya clima para convocar a una medida de estas características, por lo que pretenden avanzr de forma escalonada.
Antes de esa instancia, la estrategia contempla protestas sectoriales, asambleas y acciones en los medios, además de actividades como la entrega de folletos en estaciones de trenes y aeropuertos. La central trabaja en la organización de una marcha federal que reúna a distintos sectores de la oposición al gobierno.
Sobre la lógica del plan, el titular de la CATT, Juan Carlos Schmid, explicó: “empecemos con los jubilados y no puede pasar de julio. La segunda movida tiene que ser la de Economía y la tercera tiene que ser al Ministerio de Desarrollo por la salud. Ahí ya tenemos la agenda de protesta social de los próximos 20 o 30 días y después nos volvemos a juntar”.
Desde la CGT remarcaron el eje central del reclamo: “Tenemos que denunciar el plan económico de Milei y la política de endeudamiento que sostiene este gobierno”.
La ofensiva sindical se da en un contexto de creciente tensión con el Gobierno. La reglamentación de la ley de Modernización Laboral llevó a la Secretaría de Trabajo a intimar a 800 gremios a revisar sus convenios colectivos, entre ellos los principales acuerdos nacionales.
La norma también flexibilizó los requisitos para crear sindicatos a nivel de empresa, que tendrán prioridad sobre los convenios de actividad (lo que en rigor significa quitarle capacidad de negociación a los sectores), mientras la Secretaría de Trabajo conservó la facultad de vetar los acuerdos entre las partes.
Otro punto de conflicto es el límite del 2% del salario básico para los aportes solidarios a los sindicatos, un recorte que impacta con fuerza en los gremios donde el básico representa una porción menor del salario final.
También está prevista, a partir del 1° de noviembre, la implementación del Fondo de Asistencia Laboral, que permitirá financiar despidos de empleados registrados con fondos provenientes de la ANSES.
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El plan de protestas se pone en marcha una vez más luego de que el Víctor Pesino rechazara la apelación de la CGT que mantenía suspendidos 81 artículos de la ley laboral, ahora vigentes. El magistrado recibió un gesto del oficialismo y sus aliados, que aprobaron su pliego en el Senado.
A esto se suma la intervención a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que dejó a uno de los principales gremios del país sin una conducción clara y expuesta a las tensiones internas.
Fuentes de la CTA Autónoma señalaron la necesidad de “fortalecer la solidaridad con cada conflicto que se está llevando adelante en todo el país” y de impulsar “acciones coordinadas que amplíen la participación, fortalezcan la organización y consoliden el plan de lucha de alcance nacional”.
