Javier Milei avanzó con un nuevo recorte presupuestario para cumplir con la meta de ajuste acordada con el FMI y llevó a las universidades a su nivel de financiamiento más bajo de los últimos 20 años en la antesala de la marcha que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
El gobierno de Javier Milei oficializó el lunes un recorte de casi tres billones de pesos en el Presupuesto 2026, mediante la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida, que abarca 211 programas de distintas áreas del Estado, fue anunciada en la previa de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes 13 de mayo, y responde al objetivo oficial de elevar la meta de superávit fiscal hasta los 3,2 billones de pesos para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se trata de un nuevo ajuste que no solo perjudica al sistema educativo en general y a las universidades en particular, sino que además afecta sectores que van desde la salud pública hasta la defensa nacional, pasando por la obra pública, la ciencia y las transferencias a las provincias.
Más recortes en educación, ciencia y tecnología
La Secretaría de Educación acumula recortes superiores a los 78.000 millones de pesos. El Plan Nacional de Alfabetización es el más golpeado dentro del sector, con una quita de 35.288 millones de pesos en transferencias directas a las provincias.
El programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas también sufrió bajas, incluyendo una reducción de 559 millones de pesos en becas estudiantiles. La empresa estatal EDUC.AR dejó de recibir transferencias por 48.000 millones de pesos.
El Fondo de Compensación Salarial Docente, mecanismo que garantizaba un piso de remuneraciones en las provincias con menores recursos, perdió 78.711 millones de pesos. Además, se retiraron más de 21.600 millones de pesos destinados a equipamiento e infraestructura escolar en todo el país.
En cuanto a las universidades nacionales, la Decisión Administrativa bloqueó 5.303 millones de pesos en transferencias de capital destinadas a obras. Las instituciones más afectadas son la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Avellaneda, además de las de Río Cuarto, Entre Ríos, Litoral, Nordeste, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y José C. Paz.
El sistema científico-tecnológico nacional registra reducciones en varios de sus organismos centrales. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) encabeza los recortes del sector, con una quita de 19.742 millones de pesos.
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología acumuló bajas por 19.532 millones, mientras que la CONAE (agencia espacial) perdió 4.409 millones y el CONICET sufrió una reducción de 3.280 millones de pesos, incluyendo 2.049 millones que afectan directamente a becas de investigación.
La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (I+D+i) registró una quita de 857 millones y el parque Tecnópolis también fue alcanzado por la motosierra.
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Menos salud, menos obra pública y menos subsidios
El recorte más voluminoso recayó sobre la partida denominada “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”, dependiente de las Obligaciones del Tesoro Nacional, con una quita de 1,47 billones de pesos. La reducción se enmarca en la política de achicamiento de subsidios y el aumento sostenido de tarifas de servicios públicos.
En paralelo, el programa de uso racional y eficiente de la energía perdió 359.497 millones de pesos. El impacto sobre el bolsillo de los usuarios ya se hace visible: la Secretaría de Transporte oficializó un nuevo cronograma de aumentos para el Área Metropolitana de Buenos Aires.
A partir del 18 de mayo, el boleto mínimo de colectivo con SUBE registrada subirá a 714 pesos, con actualizaciones del 2% mensual hasta julio. Los trenes metropolitanos también experimentarán subas escalonadas, con la tarifa mínima pasando de 280 a 330 pesos, con un incremento adicional del 15% en junio.
El área de salud acumuló recortes por 63.021 millones de pesos. La reducción más significativa golpea al programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, que perdió 20.000 millones de pesos.
El programa de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer sufrió una quita de 5.000 millones de pesos adicionales. También se registraron bajas en el abordaje del VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra (por alrededor de 800 millones de pesos) y en el programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, con una reducción de 900 millones.
Entre los organismos afectados figuran el INCUCAI, que perdió 831 millones de pesos, y el Instituto Malbrán (ANLIS), con una reducción de 1.162 millones que implicará la paralización de obras de infraestructura en sus laboratorios. También registraron bajas los programas vinculados a salud mental y trasplantes.
Las transferencias y la obra pública destinadas a provincias y municipios acumulan una reducción superior a los 970.000 millones de pesos. Las transferencias corrientes para administraciones provinciales cayeron 494.290 millones de pesos, mientras que otros 155.710 millones vinculados a servicios sociales también fueron eliminados.
El programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, dependiente del Ministerio del Interior, sufrió un recorte de 320.711 millones de pesos. En materia de infraestructura hídrica, el Gobierno eliminó partidas por 27.641 millones de pesos para obras de agua y saneamiento.
Entre los proyectos paralizados figuran el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia en Entre Ríos, la planta depuradora de cloacas de Rafaela en Santa Fe y el acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia en Chubut.
Vialidad Nacional también quedó afectada: la DA 20/2026 eliminó el cien por ciento del presupuesto para mantenimiento de puentes y estructuras, y recortó un 99% las partidas para obras de seguridad vial.
Asimismo, se paralizaron acueductos en Salta y Chaco. Los servicios de AySA perdieron 21.437 millones de pesos, y también hubo recortes en Parques Nacionales, el Servicio de Bomberos y la cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
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Defensa tampoco escapó del ajuste
El Ministerio de Defensa acumuló recortes por más de 46.000 millones de pesos. La Fuerza Aérea Argentina registró la mayor reducción individual dentro del sector, con una baja de 16.500 millones en equipamiento y bienes de uso.
El Ejército Argentino perdió más de 12.622 millones destinados a transporte, comunicaciones y maquinaria. La Armada Argentina sufrió un recorte de 15.220 millones de pesos, dentro del cual se eliminó el crédito externo que financiaba la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.
Se trata del ajuste más llamativo, ya que el gobierno de Javier Milei intentó hacer de la defensa nacional uno de los ejes de su relato, jactándose por la compra de nuevo equipamiento y asegurando que venía a traer “dignidad” a las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a principios de 2026 el Estado decidió disolver la obra social de los militares, que -al igual que el resto de los empleados públicos- enfrentan sueldos cada vez más asfixiantes.
Hacia una nueva marcha universitaria federal
Vale mencionar que la Decisión Administrativa fue publicada el lunes, un día antes de la cuarta Marcha Federal Universitaria, convocada para este martes para visibilizar la crisis de financiamiento y la exigencia de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La movilización reúne el apoyo de la CGT, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, partidos políticos de distintos espacios y organizaciones de la sociedad civil. Si bien el epicentro de la movilización tendrá lugar en CABA, también se realizarán marchas en Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y otras ciudades del interior.
La marcha tiene como telón de fondo un fallo judicial suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, hasta que el tema sea tratado por la Corte Suprema de Justicia. Hasta ahora, el gobierno se niega a aplicar la normativa pese a que fue votada en el Congreso y luego insistida tras el veto presidencial.
El cuadro que describe el sistema universitario es el de un deterioro sostenido. Según relevamientos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los salarios docentes cayeron un 32% desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, y se produjeron alrededor de 10.000 renuncias en ese período.
Solo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA se registraron 438 renuncias entre diciembre de 2023 y abril de 2026. En la Facultad de Ingeniería de la misma institución, otros 342 docentes dejaron sus cargos.
El presupuesto universitario, que en 2023 representaba el 0,72% del PBI, cayó al 0,47% del PBI en la actualidad (el nivel más bajo en dos décadas), según datos manejados por las propias universidades.
En materia de ciencia y tecnología, el Centro Iberoamericano de Investigación en CTI (CiiCTi) proyecta que la Función Ciencia y Técnica cerrará el trienio con una caída real del 47,7% respecto de 2023, llevando el gasto del sector a apenas el 0,149% del PBI, el nivel más bajo desde que se llevan registros en 1972.
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El ciclo de ajuste que se retroalimenta
El ajuste anunciado esta semana no se produce de forma aislada. Se inscribe en una dinámica que se ha ido profundizando a lo largo del último año y que presenta una lógica circular de difícil salida.
La recaudación tributaria lleva nueve meses consecutivos de caída en términos reales. En abril, los ingresos totales de la Administración Pública Nacional retrocedieron un 4,3% interanual ajustado por inflación, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Los derechos de exportación cayeron un 27,3% real interanual y los de importación retrocedieron un 12,5%. El IVA bajó un 1,1% real, afectado por el menor nivel de actividad y la mayor adhesión a planes de pago. Las contribuciones a la Seguridad Social acumulan seis meses consecutivos de caída, impactadas por el deterioro salarial y la pérdida de empleo formal.
Frente a esa caída de ingresos, el Gobierno multiplicó por catorce la meta de superávit respecto de la originalmente prevista en el Presupuesto: pasó de 226.469 millones a 3,2 billones de pesos. Para sostenerla con menos recursos, la única herramienta disponible en el esquema oficial es recortar más gasto.
El problema que señalan economistas y especialistas es que ese recorte no opera en el vacío. Al reducir subsidios, paralizar obra pública, bajar transferencias a provincias y ajustar programas sociales, el Estado contrae la demanda y el nivel de actividad general.
Esa contracción, a su vez, reduce la recaudación de impuestos ligados al consumo y al comercio, lo que achica nuevamente los ingresos disponibles y obliga a nuevas rondas de ajuste para mantener la meta fiscal.
El director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, señaló que “en las pautas del Presupuesto estaba que iban a bajar los subsidios respecto al PBI” y que “transferencias a provincias y programas sociales es donde más cae”.
La consultora LCG, por su parte, advierte que las medidas incluidas en la reforma laboral implicarán una pérdida adicional equivalente al 0,19% del PBI en recursos fiscales, por la reducción de impuestos coparticipables y la creación del Fondo de Acceso al Trabajo (FAL), que absorberá recursos actualmente destinados a la ANSES.
ASAP también advirtió que parte del superávit registrado no refleja intereses capitalizables de instrumentos financieros como LECAP y Boncap, y que si esos instrumentos tuvieran el esquema contable más convencional, “el resultado financiero dejaría de ser de equilibrio, para ser un resultado de carácter deficitario”.
En ese marco, el gasto primario acumula una caída real del 4% en los primeros cuatro meses del año, con fuertes reducciones en transferencias corrientes, gasto de capital y fondos enviados a las provincias.
