Universidades, gremios y organizaciones estudiantiles convocaron a una nueva movilización nacional para el 12 de mayo ante la decisión del gobierno de Javier Milei de ignorar el plazo que le dio la Justicia para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
El gobierno de Javier Milei ignoró el plazo judicial para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, desoyendo un fallo que ordenaba su aplicación “inmediata”. Ante ese incumplimiento, universidades, gremios y organizaciones estudiantiles de todo el país convocaron a una nueva movilización nacional para el 12 de mayo.
El conflicto de Nación con las casas de altos estudios comenzó a principios de 2024, cuando la administración libertaria comenzó con un brutal ajuste que se viene agravando mes a mes y que desembocó en varias jornadas de protestas y multitudinarias marchas federales, dedicadas a reclamar mejores condiciones para que el sistema salga de la situación asfixia presupuestaria.
Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria
La movilización fue convocada de forma conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario. El llamado está dirigido a estudiantes, docentes, no docentes y a la sociedad en general.
El eje del reclamo es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada tras el veto presidencial. A pesar de que la Justicia ordenó su aplicación, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas.
Además, el Gobierno Nacional solicitó que tres jueces del máximo tribunal (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) se excusen de intervenir por tener cargos docentes vigentes o en licencia.
En paralelo a la vía judicial, el oficialismo evalúa impulsar un nuevo proyecto legislativo que derogaría la ley actual y la reemplazaría por una versión con aumentos mucho más pequeños. La situación es tan insólita como alarmante: el Poder Ejecutivo pretende ignorar las leyes del Poder Legislativo y los fallos del Poder Judicial.
Los gremios, por su parte, profundizan las medidas de fuerza. La Conadu Histórica anunció una semana de paro entre el 27 de abril y el 2 de mayo, en paralelo a la convocatoria para la marcha.
Patricio Grande, profesor de la Universidad Nacional de Luján y miembro de la mesa ejecutiva de esa federación, explicó que “para recuperar los salarios que teníamos en el mes de diciembre de 2023, hoy tendríamos que recibir, tal como indica esta ley, más de un 50% de aumento“.
El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, amplió el horizonte del reclamo: “Para el 12 de mayo convocamos nuevamente a todos los argentinos para participar en la marcha en defensa de la universidad pública y de la democracia”.
“Y reafirmamos la palabra democracia porque tiene que ver con un gobierno que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y también con otras leyes”, completó.
Los rectores denunciaron el incumplimiento de Nación
El CIN formalizó el conflicto en el terreno judicial. Su titular, Franco Bartolacci, presentó un pedido para que se ejecute de inmediato la medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, que ya había sido confirmada por la Cámara pero que el Ejecutivo no aplicó.
En el escrito, el organismo advierte que el Gobierno no actualizó “ninguna partida presupuestaria del modo ordenado” y solicita que se intime al Estado a transferir los fondos correspondientes a cada universidad.
También pide que se establezcan multas diarias por incumplimiento y que se evalúe la posibilidad de dar intervención a la Justicia penal por un eventual delito de desobediencia, contemplado en el artículo 239 del Código Penal.
Los rectores también notificaron formalmente a la Justicia sobre el incumplimiento y enviaron una nota a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiendo la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización salarial y la recomposición de las becas estudiantiles.
En un comunicado reciente, el CIN informó que las transferencias a las universidades cayeron un 45,6% desde 2023. “En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera”, señalaron, y remarcaron que la situación salarial es “lo más urgente” a resolver.
El decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, fue directo sobre las consecuencias del conflicto: “Si el Gobierno sigue incumpliendo la ley, vamos a seguir en una situación de conflicto permanente, con movilizaciones, con paros, con la comunidad universitaria en la calle”. Y advirtió:
“El que corre mayor riesgo es el país. Un país con universidades desfinanciadas no puede funcionar bien de ninguna manera”.
Según datos de FEDUN, los salarios docentes acumulan más de 30% de pérdida de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, y llevan 17 meses consecutivos de caída real. El último aumento informado por el Ejecutivo fue del 1,7% para marzo, mes en que la inflación fue del 3,4%.
En la UNS “la situación es cada vez más asfixiante”
En diálogo con Radio Altos, el rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Dr. Daniel Vega, describió una situación que se agrava semana a semana. “Estamos a la espera de que la Justicia vuelva a fallar a favor de las universidades; todavía sigue sin aplicarse la ley que fue aprobada por amplísima mayoría por las dos cámaras, no una vez, sino tres.
“La situación es cada vez más asfixiante“, afirmó, y confirmó que la UNS recibió el instructivo oficial con el aumento del 1,7%, y lo calificó como “efectivamente otro recorte al salario de los docentes y de los nodocentes, y obviamente también a todos los gastos de funcionamiento y a las becas”.
La situación en Bahía Blanca tiene además un agravante local: la inundación del 7 de marzo de 2025 dejó a la universidad con daños que, según el rector, llevarán como mínimo dos años en repararse incluso contando con recursos suficientes, algo que hoy está lejos de ser el caso.
“Con un esquema con esas características es imposible sostener la calidad que siempre exhibió la Universidad Nacional del Sur y muchas otras universidades del sistema universitario nacional”, sostuvo. Y apuntó al impacto de largo plazo:
“Si se van los jóvenes, si se desarma el semillero porque no tienen oportunidades en el país, ¿vos creés que vamos a poder sostener un estándar de calidad? Claramente no y el país está perdiendo las mejores cabezas”.
Cabe recordar que la UNS, al igual que la amplia mayoría de las casas de altos estudios del país, buscó hacer visible su situación con hechos concretos. El miércoles 15 y jueves 16 de abril, en el marco de la jornada nacional “La Universidad no se apaga” impulsada por el CIN, la institución desarrolló cerca de 30 actividades durante 24 horas consecutivas en el playón de Alem 1253.
La propuesta incluyó clases públicas sobre historia, política y ciencia, charlas sobre el impacto salarial del incumplimiento de la ley, divulgación científica en la calle, proyecciones y debates, una Asamblea Interclaustros, un semaforazo y campañas de prevención de salud abiertas a la comunidad, a cargo de Sanidad UNS.
La jornada se extendió hasta la madrugada con conversatorios sobre inclusión educativa y retomó temprano el jueves con partidas simultáneas de ajedrez. La iniciativa formó parte de una acción nacional que reunió a más de 40 universidades.
Desde la FUA, su presidente Joaquín Carvalho valoró el resultado: “Se sumaron más de 40 universidades, lo que nos demuestra que esta forma innovadora de reclamar cumplió el objetivo”. Y anticipó que, ante la falta de respuestas, las movilizaciones continuarán.
