El gobierno de Javier Milei premia a los evasores con un bono para que blanqueen fondos no declarados, mientras en paralelo castiga a los monotributistas a través de ARCA con recategorizaciones “de oficio” por sus movimientos en billeteras virtuales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, logró esta semana captar 150 millones de dólares a través de un bono diseñado para recibir fondos de origen no declarado, sin exigir explicaciones sobre su procedencia. La licitación recibió ofertas por casi 870 millones de dólares, lo que habla de una demanda muy superior a la oferta colocada.
Al mismo tiempo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó en la recategorización automática de monotributistas a partir del análisis de sus movimientos en billeteras virtuales, presumiendo que cualquier discrepancia entre esos montos y la facturación declarada constituye evasión.
En conjunto, ambas medidas dejaron expuesta la doble vara fiscal del gobierno de Javier Milei, que premia a los grandes evasores bajo la excusa de presumir su inocencia, mientras al mismo tiempo persigue y castiga a los trabajadores a través de ARCA, presuponiendo su culpabilidad desde el inicio.
El bono de Caputo: 150 millones de dólares sin preguntar el origen
El instrumento financiero lanzado esta semana por el Ministerio de Economía tiene una característica que lo distingue de cualquier colocación de deuda anterior en la Argentina: se puede suscribir con fondos provenientes de actividades no declaradas. Eso incluye tanto dinero que escapó al fisco como capitales de origen ilegal.
El mecanismo fue posible gracias a un acuerdo con los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), las firmas que operan bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores en el mercado bursátil.
Las entidades bancarias tradicionales se habían mostrado reacias a recibir depósitos bajo este esquema, dado que están obligadas a aplicar el principio internacional de “conozca a su cliente”. Ante esa negativa, Caputo negoció directamente con las ALyC para que reciban los fondos en sus cuentas y los deriven a la compra de títulos públicos.
En la primera licitación, el Tesoro recibió ofertas por 868 millones de dólares y adjudicó 150 millones a un precio de corte de 1,0045 por lámina de mil dólares, lo que resultó en una tasa interna de retorno efectiva de 5,86% anual.
La recaudación total fue de 150.675.000 dólares. Para el día siguiente se esperaba una segunda colocación de otros 100 millones, dado el exceso de demanda registrado.
El bono paga intereses mensuales a una tasa del 6% anual, con un esquema similar al de un plazo fijo, y los fondos obtenidos se destinarán a cubrir los vencimientos de capital de los bonos Globales y Bonares que caen el 9 de julio. En esta primera etapa, el gobierno aspira a captar hasta 2.000 millones de dólares mediante este instrumento.
La operación se enmarca en la necesidad de acumular reservas para cumplir con las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, también había reclamado públicamente por esa acumulación de divisas.
Lo cierto es que esta apertura a recibir dinero que podría tener su origen en actividades ilegales (como la trata de personas o el narcotráfico) va en línea con dichos anteriores del presidente Milei, quien durante una entrevista había declarado:
“Me importa un rábano de dónde saquen los dólares. Algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito”.
Para colmo, los dólares que ingresan por esta vía se invierten en títulos públicos que luego pueden venderse, transferirse o cambiarse de instrumento, lo que dificulta el rastreo posterior del origen de los fondos.
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Recategorización automática de los monotributistas
Sin embargo, mientras el gobierno diseñaba mecanismos para atraer grandes capitales no declarados, ARCA avanzaba esta semana en otra dirección: la recategorización automática de monotributistas que presentan diferencias entre los ingresos que declararon y los movimientos registrados en sus cuentas digitales.
El organismo utiliza el sistema MOREO (Monotributo Recategorización de Oficio) para consolidar, a través del CUIT de cada contribuyente, los datos provenientes de plataformas como Mercado Pago, Naranja X y Ualá.
Si el sistema detecta que los montos acreditados en esas cuentas superan el techo de ingresos permitido para la categoría en la que está inscripto el contribuyente, ARCA presume que se trata de ventas no facturadas y emite una notificación de recategorización de oficio al domicilio fiscal electrónico.
El procedimiento no distingue entre distintos tipos de movimientos. Transferencias entre cuentas propias, préstamos, reintegros de compras o dinero enviado por familiares para gastos compartidos pueden quedar incluidos en el cálculo y ser interpretados como ingresos gravables.
Ante una recategorización de este tipo, el afectado tiene 15 días hábiles para presentar un recurso a través del sistema de Presentaciones Digitales de ARCA, adjuntando documentación que respalde los montos declarados. Si no responde en ese plazo, la nueva categoría queda firme y sin posibilidad de modificación.
La medida se activó luego de que venciera el plazo de recategorización obligatoria el 5 de febrero. Las consecuencias para quienes no regularicen su situación pueden incluir sanciones económicas o la exclusión del régimen simplificado.
Es decir que el mismo gobierno que diseñó un instrumento para recibir fondos de cualquier origen sin hacer preguntas aplica, de manera simultánea, controles automáticos sobre los pequeños contribuyentes del régimen simplificado, presumiendo que sus movimientos en billeteras virtuales esconden ingresos no declarados.
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La Ley de Inocencia Fiscal, el guiño de Caputo a evasores
El bono no fue el único beneficio extendido a los grandes capitales no declarados. Desde el primer día hábil de enero rige la Ley de Inocencia Fiscal, número 27.799, sancionada junto al Presupuesto 2026. La norma modificó en profundidad el esquema penal tributario y tuvo efectos inmediatos en el sistema judicial.
El cambio central fue el incremento de los umbrales a partir de los cuales la evasión constituye un delito penal. La evasión simple pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones; la agravada, de 15 millones a 1.000 millones; y la evasión a través de terceros, de 2 millones a 200 millones de pesos. El aumento promedio fue del orden del 6.500%.
Desde que la actividad judicial se reactivó a comienzos de febrero, las causas penales por evasión comenzaron a cerrarse a un ritmo de entre 15 y 20 por día, y en algunos juzgados incluso más. La enorme mayoría de los expedientes activos en el fuero Penal Económico quedaron por debajo de los nuevos umbrales y dejaron de ser objeto de investigación.
Las causas se cierran por dos vías: o los abogados defensores presentan escritos solicitando el amparo de la nueva ley, o son los propios jueces quienes actúan de oficio aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna. Los fiscales, en general, no apelan esas decisiones o directamente desisten de la acusación.
ARCA, por su parte, instruyó en su primer comunicado de 2026 la aplicación “universal e irrestricta” de ese principio y el reconocimiento de los nuevos montos mínimos en las causas ya iniciadas.
Más allá del plano judicial, la ley también modificó la relación entre el fisco y los contribuyentes. Estableció que ARCA debe presumir el cumplimiento fiscal salvo prueba en contrario, limitando los controles patrimoniales preventivos.
Asimismo, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) publicaron lineamientos conjuntos según los cuales, cuando un depósito en dólares sea inferior al umbral de punibilidad y el perfil del cliente no presente inconsistencias relevantes, los sujetos obligados podrían no requerir documentación adicional sobre el origen de los fondos.
Quienes critican la norma señalan que los nuevos montos son excesivamente elevados y que implica una amnistía para quienes antes eran considerados evasores. Sus defensores argumentan que permite concentrar la persecución penal en los grandes casos y abordar el resto desde la vía administrativa.
Lo que el debate no resuelve es la asimetría que los monotributistas enfrentan esta semana: mientras la ley presume la inocencia de quienes regularizaron grandes sumas en dólares, el sistema MOREO presume que cualquier depósito en una billetera virtual que no coincida con la facturación declarada es una señal de evasión.
