La Legislatura Bonaerense finalmente sancionó los proyectos de Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal enviados por el gobierno de Axel Kicillof, quien sin embargo deberá esperar hasta el viernes para la definición sobre el pedido de endeudamiento. ¿Cuáles son los puntos clave de cada proyecto?
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó este jueves los proyectos de Presupuesto 2026 y Ley Fiscal Impositiva enviados por el gobernador Axel Kicillof, tras una jornada de intensas negociaciones que se extendió hasta la madrugada.
La sesión, que estaba prevista para comenzar a las 14 horas, finalmente arrancó cerca de las 23 debido a arduas conversaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición. Diputados otorgó media sanción a los proyectos, para luego girarlos al Senado, donde fueron convertidos en ley pasada la medianoche en una sesión presidida por la Vicegobernadora Verónica Magario.
Los proyectos contaron con el apoyo de Unión por la Patria, Nuevos Aires y Unión y Libertad (libertarios dialoguistas), Somos Buenos Aires, UCR Cambio Federal y Coalición Cívica, aunque estas dos últimas bancadas votaron en general a favor, pero con disidencias en algunos artículos particulares. En contra se pronunciaron La Libertad Avanza, el PRO y el Frente de Izquierda.
Sin embargo, el gobernador deberá esperar hasta el viernes a las 10 de la mañana para intentar destrabar el debate sobre el pedido de endeudamiento por hasta USD 3.685 millones, el cual requiere dos tercios de los votos y no logró conseguir los apoyos necesarios.
La Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio para retomar las negociaciones en torno a esta autorización para tomar deuda, que tiene entre sus principales objetivos reperfilar vencimientos de la deuda tomada durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Durante la sesión también se aprobó la designación de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien dejará su cargo por razones personales. El pliego fue enviado por Kicillof el lunes al mediodía y obtuvo sanción en el Senado provincial.
Con la sanción de estas leyes, el gobierno de Kicillof vuelve a contar con un Presupuesto aprobado tras haber tenido que prorrogar la reglamentación del 2024, ya que en diciembre pasado no fueron sancionados los paquetes de leyes debido a diferencias con la oposición y la propia interna del peronismo.
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El presupuesto garantiza la continuidad de las obras en marcha
El Presupuesto 2026 quedó establecido en $43 billones de pesos, proyectando recursos corrientes por $41,4 billones y gastos corrientes por $39,8 billones, lo que arroja un superávit económico de $1,54 billones. Así lo había explicado el ministro de Economía, Pablo López
Sin embargo, en relación al resultado financiero, el gasto total contemplado es de $43 billones, mientras que los recursos totales alcanzan los $41,5 billones, lo que genera un déficit que justifica la necesidad del endeudamiento.
“Hoy en la Legislatura estamos dando un paso muy importante para dotar al gobierno provincial de herramientas fundamentales”, señaló el diputado Juan Pablo de Jesús, presidente de la comisión de Hacienda y representante del oficialismo.
“Un dato a destacar en este presupuesto es el alto porcentaje de gasto en capital; estamos hablando de más del 7%”, destacó. La inversión en obra pública alcanzará los $3,2 billones (un 7,4% del total), destinados a infraestructura y proyectos estratégicos.
El presupuesto prioriza la asignación de recursos a funciones consideradas esenciales: Promoción y Asistencia Social recibirá $1,7 billones, igual que Salud; mientras que a Educación se destinan $1,3 billones; a Seguridad y Servicio Penitenciario $1,4 billones, y a políticas productivas $60 mil millones de pesos.
Se destacan la continuidad del Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; trabajos de vialidad para el mantenimiento en rutas; pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos de La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas.
En materia de protección social, se prioriza el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo para la Seguridad Alimentaria Bonaerense. En el ámbito de la salud, la previsión incluye inversión en infraestructura, maquinaria y equipos, priorizando el programa Medicamentos Bonaerenses y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.
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En materia educativa continúan las políticas de universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación a sala de 3 años; la inversión para garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la finalización de las obras abandonadas por el gobierno de Javier Milei.
Las transferencias a los municipios por coparticipación ascenderán a $5,5 billones de pesos, distribuidas por Coeficiente Único de Distribución (CUD). Ese monto incluye el Fondo Educativo por más de $600 mil millones de pesos.
La norma declara la Emergencia Económica hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, causada por “la profunda recesión y el incumplimiento, mora y/o detracción por parte del Estado Nacional de las transferencias automáticas y no automáticas que corresponden a la provincia”.
Como consecuencia de las negociaciones, se incorporó a los municipios en la declaración de emergencia, los que tendrán la potestad de adherir o no. Asimismo, el articulado crea el Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional, conformado por los recursos provenientes de estas sumas adeudadas, reclamadas por vías administrativas y judiciales.
Actualmente, el gobierno provincial sostiene que la deuda del Estado Nacional con la Provincia asciende a los $12,9 billones de pesos, de los cuales dos billones corresponden a deuda previsional.
El diputado Gustavo Pulti, de Unión por la Patria, contextualizó la situación: “Buenos Aires es la provincia que le aporta al Estado nacional el 38% de los ingresos fiscales. Un Estado nacional que devuelve solo el 6,8%. Es la provincia que más aporta de todo el sistema federal“.
“Y somos la provincia con menos empleados públicos cada mil habitantes, y la que menos gasto público tiene cada mil habitantes”, agregó.
El legislador reconoció que “el gobernador está dando muchas respuestas frente a una Nación que ya no hace obras públicas, que ya no compra remedios oncológicos, que ironiza sobre muchas de las desgracias que atraviesa nuestro pueblo. El gobernador se sigue planteando ser escudo y red de las necesidades de 17 millones de bonaerenses”.
Ley Fiscal Impositiva llega con una reducción de impuestos
La Ley Fiscal Impositiva 2026 establece los lineamientos del cobro de impuestos como el Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos y Patentes, con un enfoque orientado a reconocer el esfuerzo de los sectores productivos sin incrementar cargas y eliminar las distorsiones actuales.
“En la Ley Impositiva no se incrementa la presión tributaria ni alícuotas de Ingresos Brutos. Se reducen las alícuotas en la fabricación de cartón y cervezas, un pedido de bloques que no pertenecen al oficialismo“, manifestó Juan Pablo De Jesús.
Vale recordar que la reducción de la alícuota para la industria cervecera fue un pedido de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que puso sobre la mesa el presidente del bloque PRO, Matías Ranzini.
Sin embargo, la principal novedad de la ley es la baja de la Patente Automotor, medida que beneficiará al 75% de los propietarios de vehículos en virtud de la modificación de las alícuotas, una baja de impuestos que echa por tierra la narrativa que La Libertad Avanza pretende instalar sobre los impuestos en territorio bonaerense.
El nuevo esquema reduce el rango que en 2025 iba de 3,6% a 5%, a un promedio de entre 1% y 4% dependiendo de la valuación del vehículo. Esta modificación dejará a la provincia entre las de menor costo de patente del país.
Además, se elimina la cuota adicional del Impuesto Inmobiliario para mayores contribuyentes y continúan las bonificaciones por buen cumplimiento y pago anual, con un piso de que esas bonificaciones no pueden ser inferiores al 10%.
En lo que corresponde al Impuesto Inmobiliario y el Rural se mantiene la actual carga tributaria, lo que implica un congelamiento de los parámetros de cálculo para 2026. En términos reales, esto representa una reducción de la carga frente a la evolución de los precios y salarios.
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Respecto de Ingresos Brutos, no hay modificaciones en la alícuota para ninguna actividad. Se mantiene el régimen de alícuotas reducidas a MiPymes. Como resultado de las negociaciones con la oposición, se consensuó que las escalas para ingresar en la alícuota reducida tendrían un aumento del 60% respecto a lo vigente, en lugar del 40% que proponía el proyecto original.
“Por pedido de la oposición, el aumento va a ser de un 60%, lo cual va a ser muy significativo para Pymes”, aseguró De Jesús.
El senador Marcelo Feliú, presidente de la comisión de Presupuesto e Impuestos, señaló que “el punto saliente de la Ley Fiscal Impositiva es que no hay un incremento de la presión tributaria, se reducen las distorsiones y se fortalece la equidad tributaria”.
En el caso del Impuesto de Sellos y otros tributos, el gobierno mantendrá las alícuotas vigentes. No se prevé la creación de nuevos gravámenes ni incrementos sobre las transacciones inmobiliarias o financieras.
El presidente del bloque Somos Buenos Aires, Matías Civale, celebró la sanción de ambas leyes y destacó: “Quiero destacar que nuestro acompañamiento tiene que ver con el esfuerzo que hizo el Ejecutivo y el bloque oficialista de ser receptivos a algunas de las propuestas que acercamos”. El legislador contextualizó el debate señalando que:
“Estamos viviendo un momento histórico en el que, por primera vez en la historia de nuestro país, el Estado Nacional concentra más del 70% de los recursos públicos y, a la vez, por primera vez los municipios concentran menos del 5% (el 3,7 actualmente). Se plantea desde la Nación un achicamiento de los tributos provinciales al mismo tiempo que concentran la mayor cantidad de recursos públicos de la historia”.
¿Qué ocurrió con el pedido de endeudamiento?
El debate sobre el pedido de endeudamiento por hasta USD 3.685 millones quedó postergado hasta el viernes debido a requerimientos de la oposición en torno al Fondo de Fortalecimiento Municipal y a los pliegos vacantes en el directorio del Banco Provincia y en el Consejo Provincial de Educación.
La principal traba para aprobar el endeudamiento está relacionada con el fondo destinado a los intendentes. El proyecto original estipulaba la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal con el 8% de la deuda que tomaría el ejecutivo.
En el dictamen de comisión se acordó que el fondo fuera de libre disponibilidad y que se compusiera no solo del artículo que pide una autorización de deuda por USD 1.990 millones, sino también sobre el artículo que solicita un endeudamiento por USD 1.045 millones, lo que garantizaría que la masa de recursos trasladada a los municipios sea mayor.
Esto representaría aproximadamente $360.000 millones para distribuir entre los 135 distritos bonaerenses.
Sin embargo, varios bloques opositores reclamaron que “faltan certezas” sobre cómo el gobierno distribuirá los recursos del endeudamiento en los municipios y exigen garantías institucionales antes de avalar cualquier giro de deuda.
La oposición reclama que ese fondo no quede atado a la toma de deuda, sino que sea fijado por ley, con distribución garantizada. Exigen conocer con precisión no solo los montos totales sino también la metodología de reparto, los plazos, y qué quedará para cada distrito.
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Otro elemento clave en la negociación pasa por completar los nombramientos pendientes en organismos estratégicos. El Poder Ejecutivo propuso ampliar el Directorio del Banco Provincia, que saldría vía resolución a referéndum de la Legislatura, con un esquema que contemplaría siete lugares para el peronismo y cinco para los distintos espacios opositores.
Las bancadas piden que se envíen al Senado los pliegos para tener certezas de la promesa del gobierno bonaerense. En el universo opositor, la disputa por los lugares en el Banco Provincia es intensa.
En el PRO aparecen nombres como Matías Ranzini, Adrián Urreli y el senador Christian Gribaudo. Dentro de la UCR, Carlos Fernández podría continuar como representante, mientras que Marcelo Daletto y el senador Agustín Máspoli son otras alternativas.
Evolución y el sector de Facundo Manes buscan no quedar al margen, con Fernando Pérez como posible representante. El reparto opositor se completaría con Fernando Rozas, hermano del titular del bloque Unión y Libertad, Martín Rozas, aliado estratégico del oficialismo en varias votaciones sensibles.
Los tiempos se acortan ante el recambio legislativo de diciembre, que el oficialismo pretende esquivar. La intención es contar con la autorización de la Legislatura antes de ese cambio drástico en la composición de ambas cámaras.
Obligado a negociar con la oposición, el kicillofismo quiere alcanzar acuerdos con los legisladores actuales, ya que de otro modo deberá arrancar de cero las conversaciones con los nuevos diputados y senadores provinciales, entre ellos muchos libertarios que responden directamente a Sebastián Pareja, en un escenario que podría ser aún más complejo.
Las negociaciones continuarán en las próximas horas con la participación de funcionarios como Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, representante del Movimiento Derecho al Futuro.
