La Libertad Avanza oficializó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura y -a pocas semanas de las elecciones- reclama reimprimir las boletas con Diego Santilli a la cabeza, por lo que la Justicia Electoral pidió informes al Gobierno de Javier Milei sobre los costos que esto implicaría.
La Libertad Avanza formalizó este lunes ante la Justicia Electoral federal de la provincia de Buenos Aires la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre.
La decisión llega tras el escándalo que se destapó por los vínculos del economista con el narcotraficante Fred Machado, lo que llevó al oficialismo a -tras varias idas y vueltas- bajar su candidatura para evitar que la controversia ensuciara su campaña electoral.
El apoderado del partido, Alejandro Carrancio, junto a Santiago Viola y Juan Osaba, presentaron un escrito reclamando que se reimprima la totalidad de las Boletas Únicas de Papel (BUP) con el nombre de Diego Santilli como cabeza de lista.
La presentación solicita específicamente “la impresión de la Boleta Única de Papel (BUP) con la nómina actualizada, conforme la nueva integración aprobada” a poco menos de tres semanas de que se lleven adelante los comicios.
Lo que resulta particularmente llamativo es que el oficialismo nacional, a diferencia de lo que exige al Congreso cuando se trata de proyectos de otros espacios políticos, no aclaró de dónde saldrían los fondos para que el Estado Nacional afronte este nuevo gasto millonario.
El costo estimado de la reimpresión oscila entre 10 mil y 15 mil millones de pesos, según distintas estimaciones. Lo paradójico es que La Libertad Avanza había promovido la implementación de la Boleta Única de Papel precisamente con el argumento de que permitiría ahorrar costos al sistema electoral argentino.
Sin embargo, la implementación de la BUP implica que la impresión recae en el Estado Nacional y no en cada partido o coalición, como sucedía anteriormente. Esto significa que el cambio de una fuerza hace necesario reimprimir la totalidad de las boletas.
En este contexto, cabe preguntarse si el Gobierno de Javier Milei habría visto con buenos ojos un pedido de estas características (es decir, reimprimir las boletas por un cambio arbitrario en la nómina) para cualquiera de las otras 15 fuerzas políticas que compiten en el principal distrito electoral del país.

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La Justicia pidió saber cuánto costaría la reimpresión
Ante la presentación del oficialismo, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires actuó con celeridad. Este mismo lunes por la noche, mientras un Javier Milei completamente desconectado de la realidad se encontraba en el Movistar Arena, el tribunal emitió una resolución requiriendo varios informes urgentes para evaluar la viabilidad del pedido.
Puntualmente, la Junta Electoral pidió al ministro del Interior, Lisandro Catalán, que informe antes del miércoles a primera hora sobre varios aspectos cruciales: el costo exacto que tendría la eventual reimpresión, si existe una partida presupuestaria para cubrirla y si es necesario realizar una nueva licitación.
Además, pidió saber en qué imprenta se podría realizar y en qué plazo podría estar concluida y entregada. También solicitó al Correo Argentino que especifique los tiempos mínimos necesarios para distribuir el material electoral a todas las mesas de votación del distrito bonaerense.
El tribunal, integrado por el juez Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte provincial Hilda Kogan y el titular de la Cámara Federal de La Plata Jorge Di Lorenzo, convocó para el miércoles a las 10:30 horas a los representantes de todas las agrupaciones políticas representadas en la BUP.
El objetivo será analizar las implicancias del pedido y garantizar la realización de los comicios sin contratiempos, en un contexto donde faltan apenas tres semanas para las elecciones. Por lo pronto, distintos sectores del arco político se expresaron en contra de la reimpresión de las boletas.
Es que, según información judicial, ya se habían recibido la totalidad de las boletas en el centro de distribución, que el propio juez Ramos Padilla había visitado para supervisar el proceso. Es decir, se habían impreso las más de 14 millones de BUP a un costo de aproximadamente 15 mil millones de pesos.
En caso de aceptarse el pedido, se duplicaría el costo de impresión, y la cuestión es quién se encargaría de solventarlo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció en declaraciones radiales que, si la Justicia consideraba que no correspondía hacer el gasto, lo tendría que solventar La Libertad Avanza.
Sin embargo, cuando se le preguntó si el partido contaba con los diez millones de dólares calculados, respondió que no tienen esos fondos y deberían juntarlos “entre donaciones y aportes”. El funcionario anticipó que, si los costos corren por cuenta del partido, se recurrirá a “apoyos, donaciones y aportes”.
El problema es que la ley establece límites precisos a esos aportes: en el caso de la provincia de Buenos Aires, el máximo es de 5.168 millones de pesos. Es decir, como máximo podrían recaudar aproximadamente un tercio de lo necesario para cubrir la reimpresión, y deberán hacerlo a contrarreloj.

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Lluvia de críticas al oficialismo por el pedido caprichoso
La presentación de La Libertad Avanza desató una ola de rechazos desde diversos sectores políticos y legales, que cuestionan tanto el costo económico como los fundamentos de la solicitud.
Las críticas apuntan a que la renuncia de Espert no se debe a una causa de fuerza mayor, sino a una decisión política del oficialismo para evitar que el escándalo narco afecte su desempeño electoral.
El diputado socialista Esteban Paulón, junto a Mónica Fein, presentó un proyecto para impedir la reimpresión. “La coalición La Libertad Avanza pretende que toda la sociedad pague el costo de su impericia, errores políticos y el encubrimiento de casos de corrupción e inhabilidad moral”, argumentó Paulón.
La iniciativa propone que, si se decidiera reimprimir los 14 millones de boletas, el costo de la operación sea asumido por La Libertad Avanza, responsable de sostener hasta último momento una candidatura fallida.
Los diputados de Unión por la Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, fueron particularmente duros en sus críticas. “Vean cuánto costó el capricho de Javier Milei de incluir a un narco en su boleta”, señaló Galmarini.
Además, el legislador recordó que en 2023 la impresión de boletas costó el equivalente a 34.000 millones de pesos de hoy, mientras que en 2025 el gasto alcanzaría los 43.000 millones (con IVA incluido, 52.000 millones).
Galmarini criticó que este gasto se produzca mientras el gobierno veta leyes argumentado que no tiene más recursos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, y concluyó: “No tienen perdón. Es el gobierno más cruel de la historia”.
El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado por Unión Federal, Fernando Gray, hizo un pedido en la Justicia Electoral para que no se gasten diez millones de dólares en una reimpresión de boletas que sólo le interesan al oficialismo.
Por su parte, el diputado provincial y presidente del Frente Renovador bonaerense, Rubén Eslaiman, presentó un proyecto de resolución en la Legislatura provincial para rechazar la reimpresión. “La boleta ya impresa sigue siendo válida“, dijo, y puntualizó que:
“La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales. La ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón +5%. Esto garantiza igualdad y austeridad. Volver a reimprimir por un caso individual rompe ese principio”.
Desde el ámbito legal, Diego Hernán Armesto, abogado especialista en Derecho Constitucional, fue contundente: el criterio de la Cámara Electoral es claro en que si renuncia un candidato, la boleta sigue siendo válida.
“No haría falta reimprimir; sería solo para sacar a Espert de la foto”, afirmó. También cuestionó la contradicción del gobierno: “Si suspendieron las PASO por el gasto es porque hay un recurso limitado para pagar las boletas. Ahora quieren reimprimir nuevamente. Los recursos siguen siendo finitos“.
Además, el Código Nacional Electoral plantea obstáculos adicionales: el artículo 63 establece que las impugnaciones deben presentarse con al menos 60 días de anticipación, y sólo faltan tres semanas para los comicios.
El proceso requiere que primero Espert formalice su renuncia, que luego sea aceptada y oficializada por la Justicia Electoral, después se presente un nuevo diseño en audiencia con los apoderados de todas las listas, y finalmente se impriman las boletas con suficiente antelación para su distribución.

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La cuestión de género y el futuro de la lista libertaria
Antes de resolver sobre la reimpresión, la Justicia Electoral debe definir si efectivamente corresponde a Santilli encabezar la boleta o si debería asumir ese lugar la segunda candidata, Karen Reichardt, por aplicación de la ley de paridad de género.
Para justificar la decisión anunciada por Milei el domingo a la noche, La Libertad Avanza se amparó en que el decreto que la implementa establece que cuando un candidato renunciara antes de las elecciones, “será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista“. Al respecto, los apoderados libertarios aseguraron que:
“No es en vano señalar en esa inteligencia que si no se ordenara que el candidato Diego César Santilli sustituyera al renunciante José Luis Espert en el primer orden de la lista, y por el contrario se pretendiera optar por realizar una sustitución por corrimiento ascendente de la candidata de distinto género que ocupa el orden número dos, no se respetarían los requisitos de conformación paritaria establecidos en el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional”.
Sin embargo, hay cuestionamientos legales a la implementación de este decreto para el candidato cabeza de una lista, ya que el equilibrio de género podría sostenerse si Reichardt pasara al primer lugar y Santilli quedara segundo. La decisión final la tendrá la Justicia electoral, que deberá pronunciarse sobre este punto también en la audiencia del miércoles.
En el entorno del gobierno anticiparon que, si el juez fallara a favor de que Reichardt encabece la lista, la convencerían para que renunciara y dejara a Santilli al frente de la boleta y de la campaña.
El propio Santilli se mostró a favor de la modificación que incluya su foto en las boletas, aunque aclaró que la gestión estará a cargo de los apoderados legales. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio“, declaró a Radio Rivadavia, y agregó: “Estaría bueno. Todo lo que sirva para que la ciudadanía vea quiénes van a ir a votar, está bien”.
Además de la renuncia de Espert, el apoderado de La Libertad Avanza también oficializó en su escrito las renuncias de las jóvenes candidatas Lucía Elizabeth Benardoni y María Gabriela Gobea, que ocupaban el lugar 34 y una suplencia respectivamente.
En cuanto a Espert, tras renunciar a su candidatura a diputado nacional, también renunció a la comisión de Presupuesto de la Cámara baja. Para colmo, en las últimas horas Fred Machado rompió el silencio para confirmar sus vínculos con el economista.
