La oposición en la Cámara de Diputados consiguió el apoyo de más de dos tercios del recinto para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero el oficialismo pudo blindar el veto a las medidas previsionales gracias a la ayuda de varios gobernadores.
La oposición en la Cámara de Diputados consiguió el apoyo de los dos tercios del recinto y rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora deberá deberá pasar por el Senado para quedar definitivamente caído.
En la previa, el vocero presidencial Manuel Adorni había intentado frenar la sesión asegurando que el gobierno estaba “evaluando” aumentar la inversión en el sector. Aunque el anuncio fue infructuoso, el gobierno nacional recibió “buenas noticias” en las cuestiones previsionales.
Las bancadas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, no logaron rechazar el veto a los aumentos jubilatorios, quedando a 6 votos de los dos tercios necesarios.
La oposición sostuvo la Ley de Emergencia en Discapacidad
La votación sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad resultó en 172 votos a favor del rechazo al veto, 73 en contra y 2 abstenciones. Con 247 diputados presentes, se requerían 165 votos para alcanzar los dos tercios necesarios, cifra que fue superada por siete votos.
El resultado mostró un crecimiento significativo en el apoyo a la medida con respecto a la votación original del proyecto en junio pasado, cuando había cosechado 148 votos positivos. En esta oportunidad, la insistencia logró 24 votos adicionales.
Cabe mencionar que fueron las bancadas de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda las que impulsaron la sesión y mantuvieron su respaldo al proyecto.
Sin embargo, el dato más significativo fue el aporte de legisladores libertarios disidentes como Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro, quienes no solo colaboraron con el quórum, sino que votaron a favor del rechazo al veto.
Algo llamativo es que los diputados mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay, que responden al gobernador Alfredo Cornejo, dieron vuelta su posición: mientras en junio habían apoyado la ley, esta vez votaron en contra del rechazo al veto.
Gerardo Cipolini, representante del gobernador chaqueño Leandro Zdero, había estado ausente y en esta oportunidad apareció para votar negativamente. En ambos territorios el partido que lidera Karina Milei había logrado acuerdos electorales de cara a los comicios legislativos.
En sentido contrario, Ana Clara Romero, que responde al gobernador de Chubut Ignacio Torres, pasó de votar en contra a acompañar la ley de emergencia. Los ocho integrantes de Innovación Federal, que incluye diputados de Misiones, Salta y Río Negro, votaron en contra del veto, mientras que en la votación anterior seis de ellos se habían ausentado.
Dos de los tres diputados del MID, bancada que conduce el exjefe de bloque libertario Oscar Zago, también engrosaron las filas del voto positivo tras haberse ausentado en la votación original. Eduardo Falcone acompañó a Zago en este cambio, mientras que Cecilia Ibáñez mantuvo su rechazo a la ley en ambas oportunidades.
¿De qué se trata el proyecto?
El diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria), presidente de la Comisión de Discapacidad y autor de la ley, defendió la iniciativa con contundencia: “La Ley de Emergencia en Discapacidad está fuera de la grieta porque es de pura justicia, de pura humanidad y de pura racionalidad económica”.
El legislador agregó que “el veto es absurdo porque todos sabemos que no tiene impacto fiscal, ya que mejora la situación, reordena un sistema que está colapsado y no tiene ningún sentido que el gobierno la haya vetado”.
Puntualmente, el proyecto declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 y había sido aprobado por unanimidad en el Senado el pasado 4 de junio.
Entre sus principales disposiciones se encuentra el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad y el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901.
Por otro lado, la norma también prevé el acceso expeditivo a un régimen de emergencia para la regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y refinanciación de planes de pago.
Además, establece la compensación arancelaria y actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, así como el financiamiento adecuado del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Adicionalmente, la ley dispone la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente, y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Finalmente, faculta al Poder Ejecutivo a otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Un anuncio improvisado para frenar la sesión
Minutos antes del inicio de la sesión, el vocero presidencial Manuel Adorni realizó un anuncio de último momento a través de sus redes sociales, comunicando que “el Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”.
El mensaje, que a todas luces resultó un intento desesperado del gobierno para evitar la derrota parlamentaria que se vislumbraba, no hizo más que profundizar las molestias de la oposición, que viene trabajando en el texto desde febrero.
Sin embargo, la medida no tuvo impacto en el resultado de la votación, ya que la oposición logró reunir más votos que cuando había aprobado la iniciativa originalmente. Cabe suponer que si el oficialismo realmente estaba “evaluando” un aumento de estas características, no debería molestarle la aprobación de una ley que justamente va en ese sentido.
Lo cierto es que la improvisación de la medida quedó evidenciada por la falta de precisión en los montos y plazos. Según información disponible, la ANDIS no tiene siquiera previsto convocar a la reunión del directorio que establece los valores de los servicios, por lo que el sistema seguirá enfrentando las dificultades que motivaron el proyecto de emergencia.
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La tropa libertaria logró blindar el veto contra jubilados
Cuando la oposición se disponía a asestarle al gobierno de Javier Milei la segunda derrota legislativa de la jornada, el oficialismo logró blindar el veto a la ley de incremento excepcional y de emergencia a las jubilaciones y pensiones.
La votación final fue de 160 votos a favor del rechazo al veto, 83 en contra y 6 abstenciones, con 8 ausentes. Con 249 diputados presentes, se requerían 166 votos para revertir el veto, quedando la oposición a solo 6 votos de alcanzar el objetivo.
Treinta y cinco de los 36 integrantes de La Libertad Avanza votaron en contra del rechazo al veto, al igual que 29 de los 35 integrantes del PRO. También se opusieron los 6 diputados de Liga del Interior, y los 2 santafesinos de Futuro y Libertad.
A ellos se sumaron Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, el fueguino Ricardo Garramuño, la tucumana Paula Omodeo y la cordobesa María Cecilia Ibáñez del MID. Los acuerdos electorales con gobernadores volvieron a ser decisivos.
Los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay votaron en contra junto a sus compañeros de bancada Atilio Benedetti, Soledad Carrizo y Gerardo Cipolini. El santacruceño José Luis Garrido, hombre del gobernador Claudio Vidal, también optó por la negativa, al igual que Francisco Morchio de Encuentro Federal, quien responde a Rogelio Frigerio.
Las 6 abstenciones provinieron principalmente de gobernaciones aliadas: Marcela Antola de Democracia para Siempre (responde al gobernador entrerriano) y cuatro legisladores misioneros de Innovación Federal alineados con Hugo Passalacqua: Alberto Arrua, Carlos Fernández, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik. La otra abstención correspondió a María Eugenia Vidal.
Entre los 8 ausentes se contaron Agustín Domingo de Innovación Federal (responde a Alberto Weretilneck de Río Negro) y Tanya Bertoldi (referenciada en el gobernador neuquino Rolando Figueroa).
También se ausentaron el correntino Manuel Aguirre, el catamarqueño Dante López Rodríguez, el santiagueño José Gómez, la misionera Florencia Klipauka, el formoseño Gerardo González y Silvia Lospennato del PRO.
El titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, comentó en la previa de la votación que “hay algunos que contribuyeron a la media sanción y ahora están mirando para otro lado. Hay que ser serios, responsables y tener convicción al respecto de este tema“. Otros legisladores hablaron de “aprietes” de los mandatarios provinciales.
¿Qué implicaba el proyecto?
Los proyectos vetados por el Presidente contemplaban un incremento excepcional del 7,2% de las jubilaciones en todos los niveles, una suba del bono extraordinario que perciben los jubilados de 70 mil pesos (congelado desde noviembre de 2023) a 110 mil pesos, y la recomposición de la moratoria previsional, vencida en marzo de este año.
La moratoria previsional resulta fundamental para posibilitar el acceso a haberes a trabajadores que aportaron menos de 30 años y quieren corregir su situación realizando los aportes correspondientes. Su vencimiento en marzo dejó sin posibilidad de jubilarse a miles de personas que no completaron los aportes mínimos requeridos.
Rodrigo de Loredo (UCR) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) solicitaron antes de la votación que se tratara el rechazo de los vetos por artículos separados, con el objetivo de quitar un apartado que apuntaba a resarcir las cajas previsionales provinciales.
Bajo este argumento, cinco diputados radicales votaron en contra del proyecto. “De haberse aceptado mi moción, ahora los jubilados tendrían por lo menos el aumento del 7,2%”, sostuvo De Loredo tras la votación.
Esta postura fue rechazada por el peronismo, la izquierda y los bloques de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, que solicitaban tratar la iniciativa en su totalidad. Un diputado provincialista que respaldó el aumento explicó:
“Era un acuerdo de De Loredo y López con Martín Menem, que están buscando armarse su futuro político. El Gobierno fue a fondo y quería acordar con todos para sostener el veto. No podíamos aceptar la división de artículos, porque iba a ser a un tratamiento a la carta y no teníamos los votos”.
Sobre el cierre de la jornada, al interpretar que no contaban con los votos para tratar la moratoria previsional, el peronismo levantó la sesión, por lo que este proyecto aún puede ser sometido a votación en futuras sesiones.
