Javier Milei finalmente emitió el decreto con el que pretende aprobar el endeudamiento con el FMI sin pasar por el Congreso y sin siquiera revelar detalles esenciales del eventual acuerdo, como el monto de los desembolsos, las tasas y las metas que el organismo exigirá.
Este martes el Gobierno Nacional publicó a través del Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, con el que el Presidente Javier Milei pretende aprobar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin obtener la autorización del Congreso de la Nación, como lo establece la ley.
La decisión ya fue remitida a la Comisión Bicameral del Poder Legislativo para evaluar su validez, aunque por tratarse de un decreto, la aprobación de la operación de crédito tiene carácter formal una vez publicado el DNU.
La semana pasada Milei había informado que enviaría un “pedido de autorización” a los legisladores para avanzar con el acuerdo con el FMI. Sin embargo, lo que el escrito decreta es la aprobación de un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el organismo, con un plazo de 10 años para su retorno.
“El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación“, agrega en otro de sus artículos, pese a que aún no se conocen detalles formales del acuerdo que Milei busca cerrar con el Fondo y ni siquiera se comunicaron especificidades como el monto de la deuda o los intereses a pagar.
Lo que dice y lo que omite el DNU
En su primer artículo, el decreto aprueba “las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional“.
Por otro lado, indica que estas “tendrán un plazo de amortización de 10 años“, con un periodo de gracia previo de 4 años y seis meses, por lo que el crédito comenzaría a devolverse a fines de 2029.
Además, adelanta que el acuerdo tendrá por objetivo cancelar “letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina” y todas las demás “letras intransferibles cuyo vencimiento opere durante el ejercicio fiscal 2025”.
En su siguiente artículo, establece que será el Poder Ejecutivo el encargado de suscribir “los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1°, pudiendo delegar esas atribuciones en el Ministerio de Economía” que lidera Luis Caputo.
Sin embargo, Milei no revela cuál sería el monto del crédito a tomar, un detalle que se conocería recién cuando el fondo publique el acuerdo de nivel técnico (Staff Level Agreement). Entre especialistas, los pronósticos hablan de desembolsos que van desde los 8 mil millones de dólares hasta los 22 mil millones.
Tampoco se anuncia cuál sería la tasa de interés del nuevo programa que el Gobierno espera firmar con el organismo, ni la situación en la que quedarán los créditos ya otorgados anteriormente.
Que se trate de un “Programa de Facilidades Extendidas” habla de un plazo más largo y supone la implementación de “reformas estructurales” en la economía. Entre tanto, la utilización de los fondos ya había sido adelantada por el mandatario.
“En atención a la decisión del Gobierno Nacional de no comprometer su política económica de déficit cero“, indica el texto, los fondos “deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional con el Banco Central y el FMI”.
El escenario “urgente” que describe el Gobierno
Ni siquiera se habla de las condiciones asociadas y las metas macroeconómicas que serán monitoreadas por el FMI, que habitualmente forman parte de este tipo de acuerdos. Sin embargo, otro apartado del DNU se desliza que una de las metas sería la liberación del cepo cambiario.
Si bien al inicio del texto el Gobierno Nacional celebra las medidas que viene tomando a nivel económico, reconoce que “un nivel satisfactorio de reservas es vital para la reducción del riesgo país” y se queja de las “limitaciones en el margen de acción de la entidad monetaria“.
Esta situación “se agrava cuando, como en el presente, las restricciones al mercado de cambios deben continuar siendo liberalizadas“, admiten, y agregan que “el denominado ‘cepo cambiario’ reduce la eficiencia de la economía y dificulta la inversión de largo plazo”.
Más adelante, indica que hay una necesidad manifiesta de cancelar operaciones de crédito público vigentes” y “cancelar una parte sustancial de la deuda asumida con el Banco Central”. En este marco, anuncia que:
“Fortalecer la posición financiera, garantizar la estabilidad macroeconómica, el acceso a los mercados de crédito internacionales, la disminución de las restricciones cambiarias y la reducción de la inflación hace necesario aprobar de forma urgente las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas a ser celebrado con el referido organismo internacional”.
El escenario que plantea el propio oficialismo es preocupante. “La volatilidad de las variables económicas generada por la incertidumbre que provoca la baja calidad del activo del Banco Central impide seguir el trámite ordinario de las leyes sin que pueda verse afectado el éxito del programa de estabilización económica”.
“La gravedad de la situación descripta y la necesidad de”, continúa, “solucionar de manera inmediata la situación en la que se encuentra el activo de la autoridad monetaria del país” y “cancelar deuda con el FMI a los efectos de garantizar el orden público económico configuran circunstancias excepcionales que justifican el dictado de la presente medida”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había justificado la decisión en que buscar el respaldo del Parlamento llevaría demasiado tiempo y la Argentina necesita “urgente” ese apoyo del Fondo.
La dudosa legitimidad del decreto
Cabe recordar que la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública (que había impulsado Martín Guzmán en 2022) establece que cualquier programa de financiamiento con el organismo debe aprobarse con una ley del Congreso.
Esto va a contramano de lo expuesto por el Gobierno, que asegura que el artículo en cuestión “no implica que Congreso de la Nación se haga cargo de los fundamentos y de los términos concretos de los acuerdos en particular, sino que únicamente hace referencia a la aprobación legal de la operación de crédito público”.
Además, en sus fundamentos el oficialismo toma de referencia el Stand By tomado en 2018 por Caputo y Federico Sturzenegger (en ese momento, durante el Gobierno de Mauricio Macri), aunque la realidad es que no hay continuidad con esa iniciativa desde 2022, por lo que se trata de un nuevo crédito.
Milei venía negando esta situación escudándose en que los fondos solo se destinarían a sanear la deuda del Tesoro, pero lo cierto es que como cualquier aumento de deuda pública, debería pasar por el Congreso.
Más allá de esto, un DNU entra en rigor en cuanto se publica en el Boletín Oficial pese a que ahora la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo debe evaluar su validez. En rigor, se mantendrá en vigencia hasta que se oficialice su rechazo.
A diferencia de una Ley, que requiere la aprobación de ambas cámaras, en el caso de un decreto, éste solo perderá su vigencia si recibe el rechazo de ambas cámaras, por lo que solo requeriría la aprobación del Senado o la Cámara de Diputados.
Por otro lado, cabe recordar que los detalles del eventual acuerdo no fueron confirmados tampoco por el organismo, que ni siquiera llegó a aprobar los detalles. El economista Hernán Letcher remarcó que con esto “Milei llevó la inconstitucionalidad a otro nivel y a otra línea temporal” y advirtió:
“¿Qué tan malo es el acuerdo que Milei no manda una ley y manda un DNU?”
https://twitter.com/hernanletcher/status/1899259162938286117
Presentan una denuncia contra Milei
Esta situación derivó en la presentación de una denuncia por parte de los Diputados de Unión por la Patria, que remarcan que con este accionar Milei está desconociendo la legislación vigente y sobrepasando las falcultades del Poder Ejecutivo.
El texto remarca que los delitos podrían “ser tipificados en las figuras de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” y solicita que “se disponga de inmediato y, tras la vista del Ministerio Público Fiscal, la medida cautelar impeditiva de toda continuidad del obrar presuntamente ilícito denunciado“.
La denuncia quedó en el Juzgado federal de Sebastián Ramos y en la fiscalía de Fiscalía en lo Carlos Rívolo, y fue presentada por los Diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi.
Entre tanto, el Diputado Martín Doñate (Unión por la Patria) consideró que “la desesperación de Milei es total. Él mismo y todo su gabinete están involucrados en este verdadero delito de estirpe constitucional”.
“Lo admite su propio decreto: si el FMI no les da dinero, su gobierno colapsa. No por herencia, no por terceros, sino por las propias decisiones que tomaron en estos meses”, apuntó.
“Violaron la Constitución. Usurparon funciones del Congreso. Endeudaron a la Argentina a espaldas del pueblo“, subrayó, “este golpe de Estado en democracia es la síntesis de un modelo de saqueo: un nuevo ciclo de endeudamiento feroz para sostener ficticiamente el tipo de cambio hasta las elecciones”.
