El máximo Tribunal de la Provincia encomendó al Servicio Penitenciario y al Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, a no obstaculizar la labor de quienes actúan en Defensa de los Derechos Humanos en el caso de una mujer trans que con motivo a las torturas y malos tratos que recibió durante su detención quedo parapléjica.
La comisión Nacional para la Prevención de la Tortura, a través de su presidente Juan Manuel Irrazábal, y la Comisión Provincial por la Memoria, representada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Félix Cipriano García, presidente y vice, y el Pbro. Juan Jusé M. Vasallo, Vicario Episcopal de Solidadiras de la Diocésis de Quilmes, presentaron escritos ante el tribunal manifestando su preocupación por la grave situación de M.M.V, mujer trans de 36 años de edad y portadora de V.I.H., por los actos de tortura y malos tratos perpetrados por los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Los hechos
A lo largo de su detención, M.M.V. permaneció alojada en diversos Establecimientos Carcelarios, en los cuales no obtuvo respuesta a sus múltiples pedidos de atención en materia de su salud. Sus compañeras en solidaridad también reclamaron, incluso llevaron a cabo una huelga de hambre, con el objetivo de que las escuchen, pero ello también resulto infructuoso.
En marzo estuvo alojada en una celda de aislamiento, lo que agravó sus padecimientos; sus dolores renales se acentuaron y sus piernas se le hincharon, lo que derivó en su atención en un Hospital General de Agudos San Martín de la Ciudad de La Plata, donde los profesionales que la atendieron le explicaron que sufrió un absceso epidural por tuberculosis, a consecuencia de lo cual habría quedado paralítica y sin poder controlar esfínteres, lo que la obliga a desplazarse en silla de ruedas, usar pañales y permanecer de manera perpetua conectada a una sonda urinaria.
Con posterioridad fue trasladada al hospital penitenciario de la Unidad 22, donde no recibió los cuidados necesarios ni los ejercicios de rehabilitación, lo que agravó el cuadro de salud.
Intervención de la Justicia
El Defensor de Casación Penal, Dr. Coriolano a partir de la intervención de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura - y como responsable de velar por los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad- se entrevistó con la mujer detenida y ordenó medidas de protección, entre ellas la morigeración de la detención preventiva.
La respuesta del Jefe del Servicio Penitenciario fue denunciar al Defensor ante la Secretaria de Política Criminal de la Procuración General, a cargo de Julio Conte Grand, atribuyéndole a Corilano la comisión de diversas faltas como haber entrevistado a la detenida sin autorización o fotografiar o filmar el encuentro. La denuncia fue remitida a la Secretaria de Disciplina y Enjuiciamiento donde se inició un sumario administrativo, dejando en claro que la Procuración en este caso se ubico del lado del Servicio Penitenciario.
EL 30 de agosto de este año la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, con firma de su Presidente Eduardo de Lazzari, emitió la resolución N° 292/19 en respuesta a las presentaciones realizadas por los Organismos de Derechos Humanos, en la que pide investigar los hechos de tortura sufridos y denunciados por M.M.V. , se le remitan las actuaciones sumarias iniciadas contra el Defensor de Casación, e instando y encomendado al Servicio Penitenciario y a la Procuración general a abstenerse de obstaculizar o amedentrar la labor de toda persona que actué como defensora de los Derechos Humanos.
Caso similar en Bahía Blanca
En 2017 en la Unidad Penitenciaria N°4 de nuestra ciudad existió un caso de similares características con una mujer trans allí detenida. En el caso intervino la Defensoría y la Procuraduría General contra la Violencia Institucional, quienes a partir de las presentaciones judiciales obtuvieron el arresto domiciliario. Por el gran deterioro en su salud, debido a las condiciones de su detención, la mujer falleció a los pocos meses.
Conte Grand y de Lazzari, un nuevo round
El Procurador y el Presidente Supremo ya han tenido diferencias en su concepción de como debe actuar el poder judicial en la búsqueda de hacer Justicia.
De Lazzari, había advertido hace unos meses que cada vez hay más “causas armadas artificialmente” en la Provincia e indicó que “hay abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas”.
Ante esto, y en sintonía con los dichos de la Gobernadora Vidal, Conte Grand solicitó al Poder Judicial que investigue los dichos del presidente de la Corte, quien rápidamente replicó recordándole algunos casos como el del fiscal de Mercedes (Juan Ignacio Bidone, imputado en la Causa de Dolores), la misma causa que tramita en Dolores Ramos Padilla hijo, o el juicio político contra el juez Carzoglio tras el apriete por agentes de la AFI para que mande preso a los Moyano.