La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, hundido a fines de 2017. Para los jueces, el accionar de la AFI no implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia.
La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos de Macri y los titulares de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante su gestión, así como nueve agentes del organismo de inteligencia.
De esta forma, se confirmó la resolución de la Cámara Federal con el voto de los camaristas Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, mientras que Ángela Ledesma votó en disidencia.
La causa en cuestión gira en torno a las presuntas acciones de inteligencia ilegal realizadas durante el gobierno de Cambiemos sobre familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en 2017.
¿Qué dice la resolución?
En su resolución, los jueces de la Cámara de Casación consideraron que las actividades que llevó adelante la Agencia Federal de Inteligencia tuvieron por objetivo salvaguardar la seguridad del Presidente Macri y descartaron que se incurriera en espionaje ilegal.
"Aún cuando el magistrado de la instancia haya dejado entrever que la información sobre preguntas o reclamos habría sido alcanzada mediante infiltraciones, lo cierto es que las declaraciones testimoniales de los familiares que constan en la misma resolución echan por tierra esa inferencia", reza el escrito.
Además, el texto señala que "los mismos admiten que sus expectativas y reclamos eran comunicados también por medios de información" o "incluso la publicación de videos en redes sociales".
"Queda descartado cualquier tipo de 'secretismo’ entre los familiares respecto de esos datos y su obtención exclusivamente a través de medios considerados ilegales”, agrega. Asimismo, el fallo remarca que:
"Ninguna de las actividades explícitamente atendidas en el fallo bajo revisión implicó una extralimitación de las facultades de inteligencia. Por el contrario, la información recogida se desenvolvió en el marco que admiten las expectativas de privacidad e intimidad en las circunstancias en que se desarrollaron, aun ante una interpretación amplia de dichos derechos".
"De ningún modo se podrían erigir como injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los sujetos involucrados", completa.
En referencia a salvaguardar la seguridad Presidencial, los jueces advirtieron sobre "los graves riesgos que podría acarrear fallas u omisiones en la seguridad" o en "el control del entorno de altos mandatarios, máxime en sus apariciones en espacios abiertos".
En este contexto, compararon la situación con el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, y hablaron de "sucesos recientes donde, aún dentro de una expresión de adhesión y simpatía", "se exteriorizó un ataque armado contra la Vicepresidenta".
"Sobre esos presupuestos, es deber del Poder Judicial escrudiñar atentamente el cumplimiento de esos cánones, sobre todo, cuando no puede obviarse que existen graves sospechas de gestiones irregulares por parte de agencias estatales de inteligencia en las últimas administraciones políticas, como es de público y notorio", completa el fallo.
La posición de los jueces
El juez Yacobucci, quien votó en favor de confirmar el sobreseimiento, consideró que "no se ha demostrado que el imputado (Macri) estuviese materialmente en una posición que implicase su intervención directa en los hechos investigados", aún "mediante un comportamiento pasivo como el que en parte pareciera atribuirle el juzgado, a falta de marcadores de ilicitud activos".
También aseguró que "las acciones atribuidas a los encausados no sólo se enmarcaron dentro de los fines legítimos que persigue la Agencia", sino que "también constituyeron medios adecuados para los objetivos de seguridad perseguidos".
"A su vez, resultaron ser los más moderados y menos intrusivos dentro de aquellos igualmente eficaces, respetando el contenido esencial de los derechos involucrados que a los familiares de las víctimas les asisten", expresó, al tiempo que agregó:
"De los datos volcados a los informes y la descripción de los hechos imputados no se advierte a su vez la explícita concreción de objetivos políticos prohibidos que contendrían. No se identifica adherencia política de ninguna de las personas individualizadas, así como tampoco manifestaciones a favor o en contra de quienes gobernaban, más allá de las peticiones específicas o reclamos críticos con fundamento en la difícil situación que estaban atravesando".
En cuanto a Borinsky, quien también firmó en favor de la decisión, el juez consideró que los magistrados de la Cámara Federal porteña "razonablemente evaluaron que las actividades cuestionadas por las partes se evidenciaron como normativamente especificadas", y que "hacían a la seguridad interior".
En ese sentido, concluyó que "se encuentran enmarcados en la normativa regulatoria de la AFI".
Finalmente, la jueza Ledesma, quien votó en disidencia, señaló que:
"La Cámara incurrió en una interpretación errónea y extensiva de las normas que rigen en materia de inteligencia al habilitar, por vía de un supuesto de seguridad presidencial, una ampliación indebida de las facultades previstas en la ley de inteligencia".
"Cabe destacar que frente a la hipótesis de que los imputados estaban produciendo inteligencia nacional para la Casa Militar", continuó, "entonces debió haberse dado un supuesto en el cual los familiares de las víctimas del Ara San Juan hubieran intentado atentar contra el orden constitucional". "Extremo sobre el cual no existen elementos de prueba que sustenten dicha hipótesis", completó.
Repercusiones de la decisión
La abogada Valeria Carreras -representante de un grupo de mujeres familiares de los tripulantes- emitió un comunicado tras conocerse el fallo en el que insistió en que sus representados "fueron seguidos, fotografiados y catalogados su información personal". Además, consideró que "deja expuesta la revictimización".
"La querella mayoritaria celebra el fallo de Comodoro Py", continuó, "porque no fue en vano recurrir al relator de Naciones Unidas, sabiendo cuál sería el resultado" y "porque se ratifica que fueron seguidas fotografiadas y catalogada su información personal". Además, "deja expuesta la revictimización de mis representadas", sostuvo.
Por otro lado, remarcó que "a tenor de la prueba que se mencionó y de causas conexas, podremos seguir en otra jurisdicción". En ese sentido, completó:
"Que nadie tenga dudas, fue espionaje pero legitimado por la Justicia argentina, que lo torna aún más grave. Seguiremos porque todos los argentinos quedarán en riesgo con este precedente".
Poco después de conocerse la decisión, la Vicepresidenta también se refirió al fallo a través de sus redes sociales. Según comentó, "Macri confirmó su impunidad" en la causa, "revocó mi sobreseimiento en la causa del dinero K" y "consiguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca" en la misma mañana.
"Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!", completó.
Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del “dinero K” y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 28, 2023
Contexto
Tras el hundimiento del submarino ARA San Juan el 15 de noviembre de 2017, familiares de la tripulación comenzaron a realizar movilizaciones exigiendo respuestas al Gobierno Nacional.
En este contexto, el entonces presidente Mauricio Macri fue denunciado junto a los directivos de la AFI, Arribas y Majdalani. Se los acusó de realizar maniobras de espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas a través de fotos, búsquedas en redes sociales y seguimientos e infiltraciones en marchas.
El 1 de diciembre de 2021, el juez Martín Bava, de Dolores, resolvió llamar al expresidente a indagatoria y prohibir su salida del país.
Sin embargo, el 15 de julio del 2022, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y sobreseyó a los implicados. Esa es la decisión revisada por la Cámara de Casación.