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viernes, marzo 29, 2024

Nombres donde hubo silencios

La reparación documental en la UNS tendrá este 3 de abril su primera cita, con la inauguración de un memorial y la entrega a sus familiares de los primeros nueve legajos de trabajadores víctimas del terrorismo de Estado. La historia de silencios institucionales que comienzan a quedar atrás.

Por muy digna que sea la biografía del ambulante cubanito, Bahía Blanca y su región guardan, entre los remiendos del desgastado relato oficial, rostros, nombres y hechos que definen mejor su identidad. Nos recuerdan, o deberían, quiénes somos, de dónde venimos o adónde no queremos volver. No siempre es cómodo, a veces duele, generalmente desafía como un terreno de disputa.

También titilan luces de orgullo, aunque el discurso superficial no las reconozca. Tanto nuestro país como el sudoeste bonaerense cuentan con un ejemplo de lucha exitosa, desde la más solitaria de las adversidades: la de sobrevivientes, familiares, compañeras y compañeros de quienes fueron víctimas del accionar del terrorismo de Estado. Acaso como en ningún otro sitio de la ya de por sí muy inhóspita Argentina de entonces, durante tres décadas rompieron la silenciosa indiferencia. Hasta que ya nadie pudo hacerse el distraído.

Por las lógicas centrípetas del país todavía muy unitario, saliendo de Buenos Aires esas soledades eran mayores y los espacios de poder estaban escriturados en favor de nombres naftalinos, que pasaban por feudales. No ocurrió hace tanto como para haberlo olvidado, aunque siempre es necesario repetirlo: ya transcurrió casi una década desde que –por ejemplo- La Nueva Provincia cambió de nombre, tamaño, frecuencia y (al menos, en los papeles) dueños, forzada por la necesidad de despegarse del pasado que hasta entonces reivindicaba sin tapujos. Pibes y pibas de 18 años tenían 8 ó 9 por entonces, y es difícil que sepan que el ex diario defendía, hasta entrados los 2000, asesinatos como el de Rodolfo Walsh.

Celebro que esta invitación a los encuentros de domingo brinde, por proximidad de fechas y novedades, la oportunidad de iniciar el camino con este tema. Que, sostengo, es identidad pura. Agradezco a El Ágora por ello y por acercar la oportunidad de reencontrar la lucidez de Federico Hidalgo, cada sábado.

Hablar con silencios

La Universidad Nacional del Sur no estuvo exenta de la tónica general de la ciudad y zona. Si la dictadura de 1955 instaló que había creado una academia de la nada, y tuvo éxito en hacerlo creer, la de 1976 sistematizó la persecución que meses antes había iniciado la autodenominada Alianza Anticomunista Argentina. De ese modo, diluyó a su principal amenaza en cuanto a la construcción de sentido.

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Durante mucho tiempo, el discurso oficial se construyó de silencios. Suena paradojal. No lo es tanto. Una lectura en retrospectiva permite detectar lo antes naturalizado, que allí donde debía haber un nombre no lo está.

Un ejemplo patente es el ocurrido en torno al homicidio de David “Watu” Cilleruello, dirigente estudiantil comunista asesinado en abril de 1975 por la Triple A liderada por el rector de entonces, Remus Tetu. Una década después, recién recuperada la democracia, la normalización del radical Pedro González Prieto elaboró un minucioso informe sobre las tropelías de Tetu. Cuando mencionó el crimen de Watu, lo hizo sin nombrar a la víctima, ni a los victimarios.

González Prieto devolvía el favor que otros le hacían: contra lo reclamado por los sectores juveniles del radicalismo, el presidente Raúl Alfonsín había designado interventor a quien ya había ocupado ese cargo en 1955, cuando la UNS funcionaba aún como Instituto Tecnológico del Sur. Hay quien lo recuerda subido a una banqueta, quitando el cartel de “Eva Perón” a la hoy avenida Colón en que se encuentra el Rectorado.

El libro de actas de la UNS, que es el mismo desde 1956, también ofrece testimonio de páginas en blanco. Literalmente. El acta de asunción de la intervención militar de la dictadura cierra sin firmas, a pesar del anuncio de que los presentes rubricarían al pie.

Cuando asumió Tetu, fue peor aún: el texto ni siquiera tiene punto final, la letra manuscrita se corta a la mitad de una frase y luego le sigue una hoja en blanco, algo vedado a libros foliados.

Gajos de historia

Esos vacíos deliberados se correspondieron con la producción burocrática de documentación que dejó testimonio de injusticias o de lisas y llanas falsedades. Trabajadores, trabajadoras y estudiantes no abandonaban sus puestos o estudios, sino que eran perseguidos por una maquinaria estatal de la que era engranaje la misma institución que sentían parte de sus vidas. Tanto en el ámbito público como en el privado el legajo es, como señaló hace un par de años Alejandro Jasinski, un “campo de batalla” que atestigua y prueba lo ocurrido.

Frente a ello se destaca el gran valor del acto que la UNS organiza para el próximo 3 de abril, cuando se conmemore el Día de los Derechos Humanos institucional. En la tarde de ese lunes, en el edificio del Rectorado, se inaugurará un mural para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado que formaban parte de la comunidad universitaria y se descubrirán los primeros nueve nombres: Daniel Bombara, Néstor del Río, Roberto Garbiero, Juan Carlos Prádanos, Gabriel Prado, Daniel Riganti, Carlos Rivera, Arturo Rosés y Manuel Tarchitzky.

La iniciativa es parte de una acción reparatoria iniciada en la Administración Pública Nacional en 2012, cuando la entonces presidenta Cristina Fernández firmó el decreto 1199 y estableció los parámetros iniciales de base. Una década después, la obligación de reparación documental se extendió a empresas privadas que hayan tenido entre su personal a víctimas del plan criminal. El órgano de aplicación es la Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad, que ya dispone de un fichero en línea. La región, durante la dictadura bajo la órbita del comando del V Cuerpo de Ejército y la Base Naval de Puerto Belgrano, todavía tiene por delante un arduo camino en la materia.

En la UNS, la medida reparatoria fue considerada y aprobada por unanimidad en su Consejo Superior en octubre de 2022, a través de dos resoluciones: una dispuso la política en sí y ordenó los criterios básicos, mientras que la segunda conformó una comisión técnica integrada por representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Archivo de la Memoria y el Núcleo de Historia Reciente de la UNS. La directora de este último espacio, la investigadora Silvina Jensen, participó de un trabajo similar de reparación abierto por el CONICET.

La medida de reparación documental supondrá la inscripción de los delitos sufridos –detención, desaparición o asesinato- en legajos y fichas estudiantiles de docentes, no docentes y estudiantes que padecieron persecución por razones ideológicas, políticas o gremiales. En la documentación deberán constar las verdaderas causales que determinaron la interrupción del desempeño laboral o estudiantil de las víctimas.

Conforme se avance en la tarea, una de las paredes exteriores del Aula Magna de la UNS, en aquella avenida a la que un día le arrancaron el recuerdo de esa mujer, irá llenándose de nombres y rostros. Donde hubo persecución, delación y censura, germinarán la Memoria, la Verdad y la Justicia. Las paredes que primero escucharon y luego callaron, por fin hablarán.

 

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