El oficialismo envió al Congreso la nueva versión reducida de la ley ómnibus junto a un Paquete Fiscal en el que incluyó la restitución del Impuesto a las Ganancias, y además solicita la declaración de las emergencias administrativa, económica, financiera y energética.
Tras el fracaso legislativo de febrero en la Cámara de Diputados, el Gobierno de Javier Milei presentó una nueva versión de la denominada "Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos".
El nuevo borrador llegó al Congreso luego de las reuniones del oficialismo con legisladores y gobernadores de la oposición colaboracionista, que tuvieron el Impuesto a las Ganancias como uno de sus puntos centrales.
Asimismo, se trata de una versión acotada del proyecto original, que cuenta con 279 artículos y finalmente no incluye el capítulo de reforma laboral, que será presentado por separado por la UCR.
Entre tanto, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias se presentó en un proyecto paralelo denominado "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes".
La medida, que ahora lleva el nombre de "impuesto a los ingresos", sitúa el mínimo no imponibles en 1,8 millones de pesos para los solteros y 2,2 millones para los casados con hijos, con una actualización anual según el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Principales puntos del proyecto
En la nueva ley ómnibus, el Poder Ejecutivo solicita 4 emergencias (que abarcan ámbitos administrativos, económicos, financieros y energéticos) por un año. Se trata de una reducción con respecto a las 11 emergencias del proyecto original.
Entre tanto, la cantidad de empresas susceptibles a ser privatizadas alcanza a 18 instituciones. Entre ellas, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y Nucleoeléctrica Argentina.
En otro apartado, se propone facultar "al Poder Ejecutivo nacional a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos", "limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad" o "provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.
A nivel previsional, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.