La catástrofe climática del atardecer del sábado 16 agudizó la problemática habitacional urbana de Bahía Blanca, uno de los mayores desafíos de la administración municipal que cuatro días antes había iniciado Federico Susbielles. Antes del temporal, la situación llevaba ya décadas de gestación y contribuía a explicar la crisis de representación bahiense que el nuevo intendente tendrá por delante reparar.
Las Universidades con sede en la zona ofrecen insumos para diagnósticos de la ciudad y la región, no siempre aprovechados. Uno de los ejemplos es la información que sobre las condiciones de la distribución de la población bahiense recabó la economista Lucía Díaz para la tesis de posgrado que recientemente defendió en la Universidad Nacional del Sur.
El trabajo puso sobre la mesa un debate no tan presente como merece, y añadió indicios para trazar una perspectiva histórica. Quedaron expuestas con claridad la grieta entre “dos Bahías”, con una división social del suelo en base inicial a las posibilidades de inundación, y el anárquico crecimiento de la ciudad. Las raíces especulativas de ambos problemas y la ineficiente acción estatal asoman a su vez como dos de los grandes problemas de un mercado en que tierras y viviendas no faltan, pero están mal distribuidas y con mayor índice de necesidades insatisfechas a menor nivel de ingresos.
Tierra de nadie
Dos aspectos son destacados especialmente por la tesis de Díaz: un elemento que distingue a la ciudad entre otras del país, las tierras del Estado que permanecen ociosas desde hace varias décadas, se suma a la carencia de aplicación y actualización de normas de ordenamiento urbano. De ese modo, marca la economista, “se ha otorgado libertad al sector privado, que ha permitido que Bahía Blanca se vaya configurando de acuerdo a lógicas e intereses muchas veces contrapuestos a los que gran parte de la población persigue”.
El trabajo ubica a la raíz del comportamiento especulativo a comienzos del siglo pasado, cuando “los agentes inmobiliarios incentivaron a parcelar varias quintas y chacras siguiendo un móvil especulativo sin una demanda genuina”, lo que conllevó que terrenos ya subdivididos permanezcan sin ocupación por décadas.
No demoró mucho la aparición de la primera villa, Palihue Chico, que entre fines de los ’40 y principios de los ’80 estuvo ubicada en el actual parque Boronat, una zona inundable cerca del barrio residencial que hacia fines de los 60 comenzaron a poblar sectores medios en ascenso. La última dictadura erradicó la villa miseria en 1980, trasladándola a la zona de Harding Green. Feos, sucios y malos fueron corridos de la vista urbana, aunque la lente del inolvidable Turko Salomón alcanzó a retratar el contraste entre aquel Palihue Chico y el centro, en 1970.
La carencia de planificación, la especulación de tenedores y las necesidades de la población hicieron que al interior del ejido fueran quedando espacios vacantes, carentes de servicios o subdivisión, o retenidos por propietarios en busca de mayor rentabilidad futura. Tanto esos terrenos como los fiscales que permanecen ociosos incrementan el valor del suelo, limitan el impacto de políticas de crédito para la construcción de viviendas y presionan sobre la demanda de alquileres. La baja densidad aumenta además los costos de las obras públicas, el tendido de servicios y la cobertura del transporte. De ese modo, la problemática afecta no sólo a los sectores de menores recursos, sino también a los medios.
La liberalización anunciada por el presidente Javier Milei para que los contratos sean pactados sin regulación, y en cualquier moneda, puede oficiar de jaque mate para las que deben alquilar en el área metropolitana de Bahía Blanca y Coronel Rosales. El censo 2022 las cifra en 95 mil, casi una de cada cuatro.
La Bahía invisible
El primer inconveniente de la acción estatal sobre las problemáticas de villas y asentamientos precarios aparece en su fase diagnóstica, con lo disímil entre los registros de provincia y Nación y la dificultad natural de establecer delimitaciones entre barrios, ya que se constituyen en la difusa confluencia de lo geográfico y lo identitario.
No obstante, existe coincidencia en la presencia en la ciudad de una treintena de barrios populares. El registro provincial, que sólo toma en cuenta a los formados antes de 2013, cuantifica su población en 8400 familias distribuidas en alrededor de 470 hectáreas y calcula en el 22% a aquellos barrios que han iniciado procesos de tenencia formal de la tierra.
Cotejando los registros, Díaz logró reconstruir una radiografía que contempla los barrios que se incluyen en ambos y aquellos que sólo aparecen en uno solo. De allí surgen totales diferentes en el número de viviendas, pero una cantidad no tan disímil de hectáreas ocupadas.
En base a los datos volcados en los dos registros, la economista elaboró un cuadro sobre el acceso a servicios públicos. Los baches dan cuenta de la necesidad de un relevamiento más exhaustivo por parte de los organismos del Estado.
Los porcentuales contribuyen a explicar por qué las necesidades básicas insatisfechas detectadas en esos sectores eran ya cuatro veces más frecuentes que en el resto de Bahía Blanca, aunque restará determinar cuánto ha incrementado la desproporción la catástrofe climática del sábado 16.
La comparación de esos números con los que el censo 2022 recogió en el conjunto de la ciudad corrobora la desigualdad: de la población bahiense total en viviendas particulares, casi el 96% tiene acceso a agua corriente, el 79% cuenta con conexión a cloacas y casi el 77% utiliza gas de red.
En una ciudad de dispositivos altamente centralizados, se añade además la carencia en villas y asentamientos precarios de acceso rápido y fácil a espacios de asistencia. Aunque desactualizado, el registro provincial ofrece un indicio: para 2013, el 84% de los barrios populares no tenía unidades sanitarias u hospitales cercanos, y para llegar a ellos el 72% no accedía a líneas de colectivos urbanos.
De ese modo, cobra relevancia el concepto de “nuevas centralidades”, que la arquitecta Rosana Vecchi exploró en su trayectoria académica, antes de ser elegida por Susbielles como responsable del área de Urbanismo y Desarrollo.
Estado de ausencia presente
El temporal del primer sábado de gobierno municipal de Unión por la Patria modificó urgencias y prioridades, que se asientan sobre la contracara necesaria de la especulación privada: la inacción en materia de políticas públicas.
Medidas y programas nacionales y provinciales evidenciaron discontinuidades, carencias o plazos de ejecución tan largos que diluían sus efectos y dificultaban su evaluación. Incluso el más ambicioso plan de viviendas, el PROCREAR, no tuvo en Bahía Blanca el impacto de otros lares: no había sido pensado para territorios con tamaña especulación inmobiliaria, incrementada por la usucapión sobre un centenar y medio de hectáreas. Los terrenos aptos para edificar, inicialmente un requisito para acceder al crédito, no se conseguían o dispararon de inmediato sus valores.
En cuanto a las políticas habitacionales municipales, la relación entre lo presupuestado -6% del total, en promedio- y lo ejecutado se plasma en un gráfico elaborado por Díaz en su tesis, que además enfoca en que se trató siempre de medidas paliativas.
La evolución ayuda a explicar por qué 3 de cada 4 personas que concurrieron a las urnas el 22 de octubre optaron por poner fin a la experiencia municipal de Juntos por el Cambio, que llevaba como candidata a Nidia Moirano.