En la semana que inició con el balotaje presidencial se conocieron también los demorados resultados finales del censo poblacional de 2022. Ambos hechos son significativos, como foto y película de una sociedad. Aunque uno nutra al otro, los géneros de fotografía y cine muestran cosas diferentes.
A nivel electoral, poco queda por describir. Todos los barrios de Bahía Blanca y los distritos de la Sexta se pintaron del violeta de La Libertad Avanza, aún cuando recientemente Unión por la Patria haya retenido o recuperado varios municipios y revalidado la gestión provincial.
Habrá que dejar pasar algún tiempo para que maceren los análisis, que en los días posteriores fermentan con derrotismos y exitismos en turno. La dinámica no favorece la digestión: por cada 48 meses, el país pasa al menos 10 en campaña. Eso ofrece a la ciudadanía la oportunidad de aplicar correctivos casi inmediatos, pero también conduce a que los partidos permanezcan en el nivel de la táctica, sin demasiadas miras de estrategia. El cortoplacismo se impone a los proyectos de horizonte, aunque nadie haya tenido dudas de que en el balotaje se elegía entre dos modelos completamente distintos.
Con los censos, por el contrario, se expone el movimiento que han tenido la población y su territorio en las décadas previas. Sus números ilustran hacia dónde está yendo la sociedad, en el movimiento casi imperceptible de la diaria, y deberían ayudar a debatir hacia dónde ir o cómo hacerlo.
Hay que tener papel, lápiz y ganas, pero es un ejercicio útil. Incluso para cruzarlo luego, cuando hayan bajado las espumas, con resultados de las urnas.
Marcar en zona
Replicando la escasa articulación del nivel político institucional, los medios de comunicación de la zona se limitaron a informar los principales resultados de sus distritos, con fuerte enfoque en la cantidad de habitantes y su porcentual de crecimiento.
De ese modo, se prescindió de un abordaje de la radiografía de la Sexta Sección Electoral, que posee una dinámica de conjunto. Por no reconocida, poco aprovechada o corregida, según el caso. Hace décadas que el gran centro urbano absorbe población y recursos de su región aledaña, sin que ello resulte en un incremento significativo del número bahiense de habitantes.
Bahía Blanca registró 334.505 residentes y el área metropolitana que conforma con Punta Alta rondó 400 mil. En su conjunto, la Sexta Sección es el doble: 804.662. Esos números coinciden con otros indicadores. Por ejemplo, el de la Universidad Nacional del Sur: aunque el número está en descenso, históricamente alrededor de la mitad de su matrícula estudiantil se moviliza desde la zona y vuelca en la economía citadina bahiense 27 mil millones de pesos anuales, a valores de septiembre.
Las planillas censales de 2001 y 2010 confirman la dinámica de despoblamiento de la zona en relación a su principal centro urbano. A comienzos de siglo, la región contaba con 14 mil habitantes más que el área metropolitana. Nueve años más tarde, la diferencia se había contraído a 10 mil. En 2022 cayó a 4.334.
¿Hay o no hay viviendas?
De acuerdo al relevamiento, en Bahía Blanca existen 18.063 viviendas no ocupadas y el número supera las 20 mil en el área metropolitana que incluye a Punta Alta. En ambos casos, representan un 12% del total. Casi el doble del porcentual del Conurbano, para el que se pensó la normativa conocida como Ley de Alquileres.
Al no prever penalidades a la vivienda ociosa ni estímulos para ofrecerla, en mercados inmobiliarios a la baja -como el bahiense durante y al salir de la pandemia- la regulación resultó aún peor que la relación entre oferta y demanda. El mismo censo reveló que casi 170 mil personas alquilan en la Sexta, y 95 mil de ellas lo hacen en el área de Bahía Blanca-Coronel Rosales. En ese marco, veinte mil viviendas no ocupadas parece un número significativo.
No obstante, el porcentual trepa unos cinco puntos en el global regional: en la Sexta permanecen sin ocupación más de 65 mil viviendas, el 17,3% del total. Una parte, la explica el turismo: en Monte Hermoso la relación es de 68% y en Tornquist de casi 29%. Ambos distritos cuentan con los principales destinos de mar y sierras de la zona, y eso incluye a muchas segundas residencias desocupadas en temporada baja u ofrecidas en alquiler temporal en la alta.
Excluyendo esas excepciones, la región que circunda a Bahía Blanca-Coronel Rosales reúne más de 33 mil viviendas ociosas en ciudades y pueblos. Un 18,2% del total. Los seis puntos por encima de la relación del área metropolitana y los doce sobre la del Conurbano verifican la dinámica de despoblamiento de la zona y corroboran que viviendas no faltan, pero están en sitios donde las personas ya no pueden desarrollar sus proyectos de vida. Los peores indicadores los tienen Tres Arroyos y Coronel Dorrego: en ambos casos, una de cada cuatro viviendas permanecen vacías.
La relación entre inmuebles ociosos y el total también ratifica la dinámica centrípeta de flujos migratorios regionales. Excluyendo al núcleo metropolitano de Bahía Blanca y Punta Alta, y también los casos turísticos, la cantidad de unidades habitacionales desocupadas de la región creció en casi 6 mil o, en términos porcentuales, poco menos de un 20%. En el área metropolitana, en cambio, se contrajo de 27 mil viviendas no ocupadas en 2010 a 22.496 el año pasado.
En balde
Más allá de la legislación sobre alquileres, los números regionales exhiben una situación y dinámica a ser repensadas.
Existen dos grandes corrientes en torno a la tendencia de la población a centralizarse en o alrededor de ciudades.
Una, esbozada por Juan Domingo Perón, sostiene que la distribución de la población en un país de territorio extenso debe ser armónica. Perón pensaba como oficial del Ejército, en términos de soberanía y defensa, y escribió sus Apuntes de historia militar antes de ser Presidente, en una época muy próxima a las décadas en que el principal objetivo era la consolidación del Estado.
La otra corriente sostiene que en países con desequilibrio fiscal y desigualdad social, como el nuestro, la centralización contribuye a reducir la inversión pública en la infraestructura necesaria para atender a la demanda poblacional en términos de desarrollo económico y calidad de vida.
En este aspecto, vale mencionar que hay obras de infraestructura que de todos modos deben encararse por otras razones. Fundamentalmente, económicas. Esta columna ya trató la relación entre las obras viales y la actividad turística. Pero existen otras de mayor consolidación y volumen, como la exportación, en que rutas y caminos son indispensables.
En cuanto a la calidad de vida, el sudoeste observa buenos indicadores relativos: el área metropolitana de Bahía Blanca-Punta Alta cuenta con el 78% de su población conectada a desagües cloacales, en el global de la Sexta orilla el 69% y fuera del distrito bahiense y el rosaleño el acceso es del 60%. Los tres porcentuales están muy por encima del conjunto de la provincia (55%) y del área de mayor densidad y más alto riesgo sanitario, el Conurbano (55,3%). Esto último quizás explique por qué el meme escatológico de Javier Milei sobre “cagar en un balde” no fue tomado como una tontería.
Conexión y desconexión
Plantear posibles caminos para revertir la situación de la región excede a las últimas líneas de esta nota y a la capacidad de su autor. Sin embargo, parece indispensable que las autoridades que asumirán sus cargos el 10 de diciembre tengan el tema en carpeta. En especial los intendentes, porque la región carece de un mecanismo institucional consolidado de articulación ejecutiva.
Una primera mirada suele posarse sobre la descentralización de la educación superior, histórico factor de flujos migratorios juveniles desde la zona a la ciudad sede de la UNS y la Universidad Tecnológica Nacional.
Los primeros intentos datan de hace varias décadas, con la apertura de la Universidad Provincial del Sudoeste y la distribución territorial, por vía de convenio, de la oferta académica de la UNS. De ese modo, se buscó una descentralización de la oferta académica por vía presencial.
En los hechos, en los últimos años se impuso una virtualización que por el momento excluye a las Universidades estatales con sede académica en Bahía Blanca. Instituciones públicas y privadas ofrecen alternativas virtuales de cursado de carreras, incluyendo algunas tradicionales como Contador Público.
La posibilidad se asienta sobre la base del acceso a internet: tanto en el conjunto de la zona como excluyendo del cálculo al área metropolitana, la conectividad es del 93%. Ello compensa las crecientes dificultades fuera de computadoras y celulares, como la integración por transporte: el tren de pasajeros no circula hace meses y los servicios de colectivos son pocos, no ingresan a todas las localidades y están fuertemente centralizados en el nodo de Bahía Blanca.
La pandemia aceleró en la UNS la incorporación de pericia y tecnología para la enseñanza virtual, pero su continuidad tropieza con algunos problemas. Uno de ellos, que su aplicación -por fuera de una situación excepcional, como la emergencia pandémica- conlleva la necesidad de modificar planes de estudio, lo que requiere de un largo trámite de acreditación nacional.
Por otra parte, para calibrar la alternativa deben evaluarse correctamente las ventajas y riesgos de la virtualidad. Esta semana, las economistas locales Andrea Castellano, Cintia Martínez y María María Ibáñez Martín presentaron en la Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política un estudio en que desmenuzan los resultados académicos de la educación a distancia en la UNS durante la pandemia. La conclusión es que no son uniformes, y la mejora o caída del rendimiento parecen depender de la cohorte estudiantil. Emerge de ese modo el indicio de que la experiencia previamente acumulada por la vía presencial fue determinante para que la virtual pudiera aprovecharse mejor.