Luego de que la Camara Federal Porteña rechazara el pedido de recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti en el marco de la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, los abogados de la Vicepresidenta insistieron con la solicitud de apartar a la magistrada ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Los abogados de Cristina Kirchner, José Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un escrito de 60 páginas ante Casación insistiendo en su solicitud de apartar a la jueza Capuchetti de la causa. Previamente, habían recusado a la jueza en primera y segunda instancia. Sin embargo, el pedido fue rechazado.
El documento presentado detalla los errores y omisiones cometidos por Capuchetti, y considera que "apartarla es la única forma de encaminar este proceso y de descubrir la verdad".
Además, los abogados señalan que "La jueza Capuchetti ni investiga ni decide de acuerdo con derecho". "No hace nada y obstaculiza lo que hacemos las demás partes", detallan, al tiempo que declaran en el escrito:
"Su actitud perjudicó los derechos de Cristina Fernández de Kirchner a que se averigüe la verdad y los de todos los argentinos que queremos una explicación de uno de los actos más graves sucedidos en democracia".
Por otro lado, se cuestionala capacidad de la Jueza y se apunta a la pérdida de pruebas en el marco de la causa. Al respecto, comentan que "no conoce el derecho que debe aplicar" y remarcan que "estamos ante una magistrada que ha causado la pérdida de pruebas, que no realiza medidas básicas" y que "tarda semanas en hacer medidas que debería tomar en horas".
Los abogados también aclararon que "el necesario apartamiento de la jueza no responde a una causal específica, sino a un cúmulo de situaciones". En ese sentido, consideran que se trata de "una tramitación catastrófica que solo puede ser salvada si Capuchetti deja de ser la jueza a cargo de la causa".
Asimismo, rechazaron los argumentos esgrimidos por la Cámara Federal y la propia jueza para rechazar la recusación arguyendo que los planteos no respondían a cuestiones contempladas en el Código Procesal.
"Sería un error análogo a condicionar el apartamiento de la jueza a la existencia de una de las causales del Código", manifestaron, "y no admitir a la falta de imparcialidad como causal genérica". Además, el escrito subraya que:
"hecho hasta aquí por Capuchetti no puede superar ningún test de imparcialidad".
Por otro lado, consideraron que estamos "ante un caso de generación de un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior". "Las decisiones de la jueza tendieron a obstaculizar la investigación", argumentaron, al tiempo que señalaron que "llevaron a la pérdida de pruebas imprescindibles para el descubrimiento de la verdad".
La acusación de los querellantes se enmarca en situaciones tales como la pérdida de la información de los celulares de las asesoras de Gerardo Milman y del dirigente de Nueva Centro Derecha Hernán Carrol, a quien Fernando Sabag Montiel le pidió que le consiguiera un abogado. En ese sentido, lanzaron:
"La falta de debida diligencia de la jueza se perdieron pruebas centrales para la investigación".
"Que una persona sospechada de un delito que tenía en vilo al país se escape de una casa que tiene una sola puerta y donde había policías no puede ser producto de un error", agregaron, centrándose en el rol de la Política Federal. "Dejarla ir solo pudo haber sido voluntario", remarcaron, "pero la jueza nada hizo por deslindar responsabilidades". "Si fue cómplice o solo busca encubrir es algo que todavía no sabemos", comentan en el documento, y explicaron:
"Lo que sí sabemos es que dedicó un legajo entero a investigar a la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, pero no movió un dedo para investigar a la PFA. Su explicación ante esta situación es la última pincelada de esta obra de terror"
En ese sentido, apuntaron al argumento de la jueza, quien afirmó que todavía no había investigado penalmente la PFA porque "estaba a la espera de los sumarios internos de la fuerza". "Este argumento es inaudito", criticaron, y concluyeron:
"Si se siguiera la línea de Capuchetti sería aceptable que ante un caso de gatillo fácil un juez detenga el ejercicio de la acción penal hasta que la comisaría en la que trabaja el propio policía defina si considera que lo sucedido estuvo bien o mal".
El rol de los tres detenidos por el intento de magnicidio
Por otro lado, los abogados de la Vicepresidenta insistirán con el pedido de ampliación de la declaración indagatoria de los detenidos y pedirán que se les impute el delito de asociación ilícita.
En el escrito de apelación presentado por los letrados, solicitaron "que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo" por "la plataforma fáctica recabada hasta el momento". En ese sentido, señalaron que "además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita".
Según explicaron, al no ampliar las declaraciones indagatorias, la jueza "veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar".
Por otro lado, los abogados exigen que Gabriel Carrizo sea considerado como coautor del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Cabe aclarar, que Carrizo ya se encuentra procesado como partícipe secundario en el marco de la causa.
El pedido será escuchado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en el marco de la audiencia fijada para hoy en los tribunales federales de retiro.